“Una comunidad fue atacada por policías salteños cuando se discutía en el Congreso la Ley de Tierras”. “Pueblos originarios marcharon por la Ley para impedir desalojos”. Esos son los títulos de dos notas que dan cuenta de situación: el primero pertenece a Fernando M. López, editor de esta agencia y fue publicado por el diario Contexto; el otro lleva la firma de Roberto Álvarez Mur, periodista de ese mismo medio platense. Y “la perversa Trinidad” del título refiere a un definición que se diera en el marco de un debate sobre la situación general latinoamericana y del Caribe, hace ya algunos años, en la Universidad Católica de El Salvador, en jornadas que recordaban al obispo asesinado en el ese país centroamericano, Arnulfo Romero: está compuesta por un “padre maligno” (el poder económico concentrado), el “hijo maligno” (el sistema político mandatario y representante del “padre”), y el “espíritu maligno”, esa especie de hálito que todo lo cubre y justifica, que emana de la trama mediática hegemónica. A continuación reproducimos, en aquél orden, ambos textos.
Los efectivos arremetieron contra la comunidad Sin Fronteras del Pueblo Lule Vilela. Golpearon a mujeres, hirieron con balas de goma a otra persona y se llevaron detenido al consejero Rafael Galván. Según denunciaron las víctimas, la policía actuó junto a “paramilitares” del terrateniente que intenta desalojarlos y el juez Oscar Alfredo García.
Mientras los senadores nacionales debatían y daban media sanción a la prórroga de Ley 26.160, que frena los desalojos de los pueblos originarios, una comunidad indígena ubicada en el límite de Salta, Santiago del Estero y Chaco era ferozmente reprimida para expulsarla de sus tierras ancestrales.
Se trata de la comunidad Sin fronteras del Pueblo Lule Vilela, que cuenta con personería jurídica, inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de acuerdo a la legislación vigente.
Sin embargo, unos 30 policías salteños y el juez de paz de El Quebrachal, Oscar Alfredo García, irrumpieron violentamente este martes junto a “paramilitares” del terrateniente ganadero Marcos Loprestti, que desde hace una década intenta usurpar esas tierras ancestrales.
Cariló Olaiz, miembro del Mocase Vía Campesina, contó a Contexto que los efectivos llegaron al lugar “fuertemente armados”, agredieron a miembros de la comunidad y “voltearon el rancho” de una de las familias.
Tras destruir la vivienda, esposaron y golpearon a una de las integrantes de la familia, Teresa Palma, así como a otras mujeres, e hirieron en la cara con balas de goma a Miguel Palma.
Cuando quiso intervenir una de las autoridades de la comunidad, el consejero Rafael Galván, los efectivos lo redujeron y se lo llevaron detenido a la Comisaría de El Quebrachal, donde hasta anoche continuaba incomunicado.
“Loprestti es un terrateniente que se apropió de unas 17 mil hectáreas. Ha ido desalojando a gente que estaba a la par del río Salado, una zona muy rica porque tiene riego. Tenemos entendido que el Juzgado iba a notificar a la comunidad, no a desalojarla, pero parece que Loprestti pone plata y hacen lo que él quiere”, indicó Olaiz.
Para el referente del Mocase Vía Campesina, “es lamentable que haya pasado esto mientras se debatía la Ley 26.160 y a dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería”.
“Es como si fuera una provocación”, sostuvo y agregó que el operativo se realizó pese a que “hace dos meses atrás hubo un diálogo con el Ministerio Público Fiscal”, luego de presentarle toda la documentación del relevamiento del INAI.
Según adelantaron desde la comunidad, este miércoles se presentará una denuncia ante la Fiscalía por la represión, el intento de desalojo que “viola la Ley 26.160” y el robo de pertenencias de la familia Palma.
Además, llevarán a cabo una movilización hasta la Comisaría de El Quebrachal en reclamo de la “inmediata liberación” del consejero detenido, de la que participará el Mocase Vía Campesina y otras organizaciones sociales.
A continuación, el segundo texto.
Las comunidades indígenas advierten que si no se prorroga la emergencia que vence a fin de noviembre habrá “un exterminio definitivo”. La Cámara de Senadores dio ayer media sanción y pasó la norma a Diputados.
La desaparición de Santiago Maldonado en el marco de la represión al pueblo mapuche de Chubut puso en agenda nacional las denuncias que las múltiples comunidades de pueblos originarios mantienen sobre la presencia de corporaciones y privados en territorio nativo. Por eso ayer, mientras en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación se discutía la prórroga a la ley que impide los desalojos de las comunidades indígenas, se realizó una marcha para exigir su aprobación. La Cámara Alta dio media sanción a la norma.
Se trata de la Ley Nº 26.160, que declara la emergencia y suspende los desalojos por el plazo que dure esa emergencia, al tiempo que dispone “la realización de un relevamiento técnico –jurídico– catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas”.
Finalmente ayer, con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desalojo.
La oposición, en sus distintas variantes, defendió el proyecto, y los oradores remarcaron que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años, entre otras cosas, por la complejidad del relevamiento territorial que prevé esa ley y que recién se encuentra en un 50%.
“Hoy se visibiliza en Chubut tras lo sucedido con los mapuches en Cushamen, pero es igual en todo el país”, dijo a Contexto la referente mapuche de la Coordinadora de Originarios en Lucha, Margarita Peñailillo.
La Ley Nº 26.160 fue sancionada en noviembre de 2006 con el objetivo principal de declarar la “emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena” por el término de cuatro años. De las más de 1.500 comunidades registradas en a nivel nacional en el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, solo cuatrocientas tienen las carpetas del relevamiento y otras cuatrocientas están en curso.
El 23 de noviembre vence la prórroga votata hace cuatro años, por lo que es imperioso para los pueblos originarios que Diputados también apruebe la norma votada ayer en el Senado.
“Se había llegado a un consenso en que la ley se prorrogue por cuatro años. Ahora, en los últimos días, el oficialismo bajó una línea para que se prorrogue por menos de dos años, lo cual nos abre una nueva incertidumbre, porque podría más adelante volver a rediscutirse, con un parlamento ya modificado. Es muy complejo”, dijo a Contexto el abogado y referente de Pueblos Originarios de la CTA, Benito Espíndola.
“Si nos tocan una, apenas una, coma de este proyecto sería muy complicado sostenerlo. Esta semana se reunieron más de doscientos dirigentes de todo el país y piensan quedarse hasta tanto se dé una respuesta satisfactoria a las comunidades”, expresó Espíndola. Y agregó: “Todas las campañas de estigmatización y criminalización, donde pintan a los mapuches de terroristas, tienen que ver con esta ley. Están preparando el terreno para ponerle un freno a esta legislación que obliga al Estado a darle una delimitación específica a estas tierras que históricamente han pertenecido a los pueblos originarios”.
Por su parte, el miembro de la comunidad cordobesa comechingón de San Marcos Sierras, Elías Tulián, dijo a Contexto: “Entendemos que hay intereses poderosos sobre estas tierras. Hay reservas de agua y petróleo. Claramente, vienen por ese territorio para desmontar y poner soja o explotar minerales. Benetton tiene poco menos de un millón de hectáreas en el sur”.
En las resoluciones del XI Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios el pasado 9 y 10 de setiembre en Rosario, dejaron claro que “si la ley no se prorroga los pueblos originarios vamos al exterminio definitivo, y vienen por las ultimas tierras que nos quedan a las comunidades”.
“No se va a permitir que sigan avanzando con el genocidio silencioso, hostigamiento, represión y persecución a todos los hermanos originarios”, fue la consigna que los pueblos originarios de Argentina dejaron en claro ayer.
