En “Las armas del autoritarismo”, Raúl Ornelas – investigador Titular del IIEc – UNAM – y “Más armas crean más guerras”, de Iosu Perales, dan cuenta de una realidad siniestra: el negocio de las armas y sus implicancias políticas, económicas y sociales, en particular para los escenarios latinoamericanos. A continuación, ambos textos, originalmente publicados por la agencia ALAI.
“Las armas son herramientas de mal agüero”. La guerra es un asunto serio; da miedo pensar que los hombres puedan emprenderla sin dedicar la reflexión que requiere (Sun Tzu, El arte de la guerra)
(Raúl Ornelas) Uno de los rasgos más grotescos del estado autoritario que se consolida en México es el recurso generalizado y creciente a las armas. No se trata sólo del aumento de las fuerzas armadas, sino de su modernización y de la compra masiva de tecnologías militares. Ello expresa nítidamente la estrategia elegida por el grupo gobernante para tratar de imponer su proyecto social: abrirse paso con las armas en la mano. Y ello en un país en el que las estadísticas oficiales reconocen que 55 millones de personas están en situación de pobreza, y en el que la estrategia militarista del gobierno federal sólo ha conseguido alimentar la espiral de violencia hasta el punto en que amplias regiones son gobernadas por los grupos criminales.
En este texto presentamos un panorama sobre el aumento de los recursos federales dedicados a la compra de armamentos y de tecnologías de espionaje por parte del gobierno federal.
Un régimen armado hasta los dientes: Entre 2013 y 2016 el gobierno federal ha destinado más de 590 mil millones de pesos (mmp) a los principales organismos y cuerpos armados, siendo la Secretaría de la Defensa Nacional la principal receptora, con 45.6% del total, seguida por la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal (22% cada una), la Secretaría de Marina (17%), la Procuraduría General de la República (11%) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional -Cisen- (3.6%). Exceptuando este último, se estima que estos cuerpos cuentan con alrededor de 350 mil elementos, de los cuales 213 477 son empleados de la Secretaría de la Defensa, 54 741 de la Secretaría de Marina y 37 871 de la Policía Federal.[1]
Durante el sexenio de Vicente Fox, se destinaron 278 mmp al gasto federal en seguridad y defensa, mientras que la administración Calderón gastó 610 mmp. Si hacemos una extrapolación del gasto hecho entre 2013 y 2016, podemos estimar que los recursos destinados a la guerra por el gobierno de Peña Nieto superarán los 885 mmp al final de su mandato. Otro indicador del «esfuerzo bélico» del país es el peso del gasto en defensa y seguridad en el Producto Interno Bruto (PIB), que pasa de 0.52% en 2006 a 0.85% en 2012, alcanzando su máximo histórico en 2015 con 0.97%.[2]
Como en otros aspectos de la vida nacional, el gobierno de Peña Nieto rompió los límites del nacionalismo al abrir el mercado de armamento a los proveedores estadounidenses. Históricamente, se procuraba mantener una relativa diversificación; sin embargo, a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico se plantea la necesidad de «modernizar» las fuerzas armadas del país. De acuerdo con un reportaje de The Washington Post, en 2013 se pactó la primera gran compra con la Embajada de Estados Unidos: 5.5 millones de municiones, valuadas en 6 millones de dólares. Se estima que entre 2013 y 2015, México gastó 3.5 mil millones de dólares (mmd): 1.5 mmd a través del gobierno y 2 mmd con empresas privadas del vecino país.[3]
De acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute, entre 2012 y 2016 las importaciones de armamento pesado de México crecieron 184% respecto del periodo 2007-2011, siendo Estados Unidos el principal vendedor, al proveer 56% del total importado.[4] La misma fuente estima que en los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto, se realizaron exportaciones de armas pesadas a México por un valor de 940 millones de dólares, concentradas en la compra de aeronaves (73% del valor total). En particular, se identifica la compra de 114 aeronaves a entidades con sede en Estados Unidos, entre las que destacan 31 helicópteros S-70/UH-60L, los tristemente célebres Black Hawk fabricados por la empresa Sikorsky Aircraft Corporation.[5]
Estos gastos colocan a México como uno de los principales compradores de armamento en América Latina y a sus fuerzas armadas como las segundas más numerosas y con mayor poder de fuego, sólo detrás de Brasil. Los análisis sobre el tema coinciden en señalar que la «modernización» militar emprendida por el gobierno mexicano se orienta hacia el control social: las autoridades afirman que las compras de armamento tienen como finalidad combatir al crimen organizado, sin embargo, las fuerzas armadas han realizado innumerables violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura y la desaparición forzada, y masacres como las de Tlatlaya, Ixmiquilpan o Nochixtlán, hechos que muestran su determinación de tratar a la población como el «enemigo interno».
El espionaje al alza: Como todo régimen autoritario, el mexicano siempre ha tenido un amplio aparato de «vigilancia», por lo que las recientes revelaciones sobre espionaje contra prácticamente todos los sectores de la sociedad no deberían sorprender. Lo relativamente nuevo es el recurso a la alta tecnología y los grandes negocios públicos y privados que se tejen en torno. En este terreno vemos claramente cómo el grupo gobernante se adhiere a la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, realizando fuertes inversiones que benefician al estado estadounidense y a corporaciones privadas.
En 2012, reportes de prensa revelaron la firma de 5 contratos para la adquisición de equipos de telecomunicaciones y programas informáticos de vigilancia y espionaje por un total de 5 mmp. En uno de ellos, fechado en julio de 2011, se consigna la adquisición de la tecnología Pegaso –Pegasus– que se «apodera» de los teléfonos celulares y permite extraer la información y monitorear todas las actividades del equipo infectado. Los contratos fueron firmados con una empresa fantasma de nombre Security Tracking Devices. Cinco años después, se sabría que esta tecnología es fabricada por la empresa israelí NSO Group.
Ya bajo la presidencia de Peña Nieto se han producido dos importantes escándalos de espionaje que ilustran la determinación autoritaria del gobierno federal.
En 2013, la organización canadiense Citizen Lab reveló que las tecnologías Finfisher producida por la empresa inglesa Gamma International, y Da Vinci, producto de la firma italiana Hacking Team, fueron usadas para espiar a ciudadanos mexicanos[6]. También fue documentado el uso de los programas de geolocalización Plint Tracking Locsys y Hunter, y de monitoreo de redes ProxySG y PacketShaper, vendidas por la empresa estadounidense Blue Coat Systems.
En 2017, gracias a la colaboración de Citizen Lab y organizaciones locales, se reveló que al menos desde 2014 se ha usado el programa Pegasus en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos, e incluso contra un menor de edad. Esta tecnología fue adquirida por la Secretaría de la Defensa, la Procuraduría General y el Cisen.[7]
El gobierno mexicano argumenta que estas tecnologías se usan en el combate al crimen organizado y niega en forma categórica que haya autorizado o realizado espionaje. Sin embargo, tanto por los costos millonarios de las compras como por las razones para espiar a ciudadanos, las evidencias apuntan a que estamos frente a una más de las estrategias gubernamentales para eliminar la disidencia y la protesta sociales en México.
El autoritarismo ha avanzado de manera acelerada, mostrando formas articuladas que en otros países de la región apenas comienzan a tomar forma. La compra de armas y el recurso al espionaje generalizado, caracterizan la profundidad de la estrategia del grupo gobernante y sus aliados para consolidar su proyecto de entregar las riquezas del país a los grandes capitales y disciplinar a la población a tal objetivo. A pesar de los altísimos costos humanos y sociales de esta estrategia, el mayor drama de nuestra sociedad es que la violencia criminal e institucional se ha generalizado y no parece haber salidas en los marcos del régimen político. La apuesta por las armas ha cerrado las «vías institucionales» a cualquier cambio por pequeño que sea. Por ello, son las luchas de los pueblos, organizaciones y colectivos de distintos horizontes las que están creando alternativas al autoritarismo reinante, teniendo como uno de sus primeros límites, encontrar las formas de desmontar la estrategia de aniquilamiento en curso…
Posdata. Como muestra del descontrol total que vive el país y la inexistencia de instituciones y leyes que normen la acción de los poderes públicos, los días 29 y 30 de agosto de 2017 salió a la luz otro enorme escándalo de espionaje, que tiene como actor principal al exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, político que pretende ser candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional, y quien habría ordenado y financiado la creación de una extensa red de espionaje, por supuesto ilegal. Entre las revelaciones hechas destacamos tres: el espionaje al presidente Peña Nieto y al secretario de gobernación Osorio Chong, máximas autoridades del régimen; la denuncia pública con presencia en los medios de un exintegrante del CISEN de nombre Rodolfo González Vázquez, que presentó supuestas evidencias del espionaje ilegal, hecho inédito pues en general, los gobernantes y los responsables del espionaje siempre han negado la realización de tales prácticas; finalmente, el detonador de la denuncia fue la posibilidad de que a partir del espionaje contra el empresario Anwar Salomón Briseño pudiese producirse un secuestro o un asesinato. Las armas del autoritarismo son la condición de posibilidad de la guerra de todos contra todos en un México que se desangra aceleradamente.
La guerra se ha vuelto infinita (Iosu Perales): Su lógica no consiste tanto en hacerla para que un bando gane, sino para mantener regiones del mundo en situación de guerra, porque sospecho que ya no es un medio, sino el fin, tal y como señala Sandy E. Ramírez. Esta aseveración se inspira en una reflexión del escritor uruguayo Eduardo Galeano que en 2009 escribió: “Las armas exigen guerras”. A ello añade el escritor que “las guerras exigen más armas”, lo que supone el cierre de un círculo infernal. Creo que el 11 de septiembre de 2001 fue el punto de inflexión de un modo de hacer la guerra y también el momento en que se pasa a concebir la guerra como una necesidad permanente, a tal punto que, nuevamente en palabras de Galeano “es un absurdo que los cinco países más poderosos que deben velar por la paz sean los mayores productores y exportadores de armas”. Los cinco países son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.
Hace ya unos cuantos años escribí sobre el neoliberalismo de guerra que no es sino la consecuencia de la subordinación de la política y de su actor principal, el Estado, a ese campo de batalla que es la economía desregulada y global, que defiende su derecho a poner en peligro la vida de poblaciones en nombre de la libertad de hacer negocios. Esa subordinación hace del Estado el brazo ejecutor de una doctrina y de una estrategia que no conoce fronteras ni geográficas ni morales, en su propósito de hacer un mundo a la medida de un capitalismo salvaje. Esto quiere decir que en el escenario neoliberal el Estado no es que desaparezca sino que toma otras funciones que le asignan los mercados mundiales vinculados a nuevas estrategias y tecnologías. Ese nuevo rol significa la sustitución del contrato social (Estado-sociedad) por otro supeditado a las poderosas fuerzas financieras y económicas en el que los recursos militares tienen gran relevancia. El Estado liberal guardián del orden público se torna en Estado para la conquista.
Esta simbiosis entre neoliberalismo de guerra y Estado ejecutor encuentra en el caso de Estado Unidos el grado más avanzado de la arquitectura económico-militar. El poderío bélico, económico y diplomático, unido a una ética protestante providencial, hace de la mayor potencia mundial el líder de este modelo. Hasta tal punto que su propia “Estrategia de seguridad nacional” incorpora la seguridad económica propia, en primer lugar el control de fuentes de energía diversificadas, como un asunto de especial importancia. A nadie se le oculta que dos tercios de las reservas mundiales de petróleo comprobadas se encuentran en Oriente Medio. De ello se deduce que la seguridad energética de Estados Unidos no puede estar mediatizada por perturbaciones incontroladas sino que requiere de una intervención agresiva que las impida.
Pero como afirmo al comienzo de este artículo, ya las guerras no son únicamente el medio para la apropiación y control de materias primas, u otros fines de orden geoestratégico. Son además el escenario en el que la gran industria del armamento despliega toda su inventiva criminal para multiplicar enormes beneficios. Ocurre, sin embargo, que para presentar al propio pueblo norteamericano lo que en realidad es un servicio a las grandes corporaciones, incluida la industria armamentística, el gobierno de Estados Unidos presenta sus incursiones por el mundo como la puesta en práctica de una misión por la libertad y la democracia que es poco menos que un encargo divino que conecta con la tradición mesiánica protestante actualmente gestionada por la Nueva Derecha neoconservadora, en una nueva versión del Destino Manifiesto.
Pero hay algo más. Las guerras no son sólo negocio y un medio al servicio de fines tangibles. Son también un instrumento poderoso para mantener a las sociedades sujetas, atemorizadas y dóciles. Las guerras generan enemigos, odios, perturbación, miedo. Así ocurre que junto con el legítimo despliegue de la seguridad para combatir el terrorismo se difunde el miedo como cobertura para poner en marcha recortes de libertades, leyes mordaza y la ocupación policial de las calles.
Pero no hace falta ir hasta el principal impulsor de guerras en el mundo. Aquí, entre nosotros, una industria del armamento exporta todo cuanto puede, y puede mucho. Por ejemplo a Arabia Saudí, cuya monarquía petrolera ha decidido ejercer de matón regional. Es difícil sostener, a menos que se sea un cínico, que democracia y fabricación de armas ofensivas para matar pueden ir de la mano. Por eso la campaña de Greenpeace, Amnistía Internacional, OXFAM, FundiPau y otras ONGs, contra el tráfico de armas y en particular denunciando el envío desde Bilbao al Golfo Pérsico de más de 300 contenedores con explosivos con el riesgo de que sean utilizados en Yemen, es una campaña moral y política de extraordinaria importancia. Ya antes, un bombero ejemplar se negó a embarcar contenedores cargados de 4.000 toneladas de bombas con destino a Arabia Saudí. «No podía participar en eso» confesó. No, no le han concedido ningún reconocimiento institucional, la moral no se premia. Pero mucha gente consciente lo admiramos.
Ciertamente el comercio de armas es tan vergonzoso que las propias autoridades y empresarios ocultan las cifras y el tipo de armamento que se exportan. Pero, ¿es cierto que el estado español vende muchas armas? La respuesta es clara: es el séptimo vendedor mundial, según informe del diario El País de marzo de 2015. El año pasado, 2016, lo hizo por un monto de 4.300 millones de euros (en España, el Ministerio de Defensa tiene referenciadas en torno a 560 empresas proveedoras de armas o servicios relacionados, de las que cuatro producen el 75% de toda la fabricación y las ventas). Para más indecencia hay que recordar que el ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue desde el 26 de agosto de 2005 y hasta el 30 de marzo de 2009 consejero de la entidad Instalaza S.A. la principal fabricante española de bombas de racimo hasta 2008. Al gobierno español no le importa que en 2013, la Asamblea General de la ONU, adoptara un tratado histórico para regular el comercio internacional de armas, en el que se establece la prohibición de vender armamento cuando se tienen indicios de que puede ser usado para cometer genocidio y crímenes contra la humanidad.
Del gobierno español no espero nada, para que ocultarlo. Pero del gobierno vasco si espero una reacción que ponga coto a la venta de armas a países cuyos gobernantes desprecian el derecho a la vida y violan los derechos humanos. De lo contrario ¿cuál es el valor que tienen palabras y promesas de una sociedad mejor? La campaña Armas Bajo Control que impulsan las ONGs aspira justamente a que nuestra institución máxima controle a quién se exporta armas y se asegure un seguimiento posterior en cuanto a su uso. No vale el secretismo que acompaña a esta actividad. Se debe abrir un examen de las prácticas de fabricación y exportación, de manera que se ajusten al derecho internacional y al objetivo general de la paz y los derechos humanos, revocando contratos si es necesario y no abriendo nuevos que estén bajo sospecha.
El negocio de las armas mueve más dinero que el tráfico de drogas y de personas. Según un último informe de Amnistía Internacional cada día millones de hombres, mujeres, niñas y niños viven bajo la amenaza de la violencia armada. 650 millones de armas circulan por el mundo y cada año se fabrican ocho millones más y 16.000 millones de balas. El volumen medio anual del comercio de armas, en los últimos 10 años, se evalúa en 100.000 millones de dólares según Amnistía Internacional. Alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos sobre las que trabaja Amnistía Internacional se cometen con armas.
El mundo es un matadero y no podemos contribuir a ello. Claro que a lo mejor soy un populista, y es el realismo (sino vendemos armas otros lo harán) el que impone la marcha suicida del planeta Tierra.
