El miércoles pasado se dio a conocer la sentencia por el secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez en agosto de 2011, en Villa Tesei. La Justicia dispuso prisión perpetua para Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, y cuatro años de prisión domiciliaria para Fabián Gómez. Pero lejos de resolverse el caso, ni siquiera la familia de la menor salió conforme con las condenas, en una causa que pasados seis años sigue ocultando los más grandes entramados policiales y judiciales que dan rienda suelta a actividades del narcotráfico y el delito en la Argentina. La Policía actuó libremente como principal investigadora de una causa donde las fuerzas de seguridad eran justamente las que se debían investigar a fondo para comprender la desaparición forzada de la niña. La sentencia confirma lo que hace cinco años denunciaba una Comisión Investigadora del caso en el Senado de la provincia de Buenos Aires, impulsado por el entonces vicegobernador Gabriel Mariotto: El asesinato de Candela estuvo vinculado al narcotráfico, más precisamente al de San Martín, en cuyo marco pudo haber sido asesinada la menor, en medio de un enfrentamiento de grupos de criminales organizados que operaban y operan en la zona, y sectores la Policía Bonaerense.
Por Cecilia Valdez y Carlos López / Candela Sol Rodríguez fue secuestrada el lunes 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, siendo su caso de gran relevancia a nivel nacional mientras se realizaba su búsqueda, finalizada nueve días más tarde con la aparición de su cuerpo en un basural de la zona. Si bien en un principio el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires montó un comité de crisis para dilucidar el caso con una gran cantidad de rastrillajes, luego de la aparición de la niña la causa se fue convirtiendo en una de las más escandalosas “de la historia judicial y policial del país“, tal como lo definió la Comisión Candela, un espacio especializado creado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires en 2012 para aportar luz a las investigaciones por demás sospechosas. El Informe Candela que esta Comisión emitió, apuntaba directamente a que el caso trascendía un mero hecho para vincularse al narcotráfico en San Martín, con elementos de la justicia y de la Policía involucrados, lo que no era conveniente darse a conocer para muchos.
Lo que no tuvo en cuenta la Justicia este miércoles fue que en abril de 2012, unos meses antes del secuestro de la menor, uno de los condenados, Fabián Gómez, denunció que “la policía me vino a pedir plata diciéndome que en la próxima causa grande que haya, me meten de cabeza”. La metodología se repite en otras causas donde la Policía Bonaerense es partícipe antes de comenzar la investigación, en la que precisamente un cuerpo alternativo debería investigar a los efectivos que pudieron estar involucrados en el caso y en cualquier otro hecho de corrupción.
Candela había acordado encontrarse a las 15.30 del día de su desaparición en la esquina de Coraceros y Bustamante, en Villa Tesei, con unas compañeras del grupo de scouts de la parroquia San Pablo Apóstol. Sin embargo, esto jamás pasaría. Si bien la policía desde un principio en la Comisaría Segunda tomó el caso como una desaparición, el paso de los meses y las investigaciones paralelas a las realizadas por la Policía determinaron el encubrimiento de un caso que excedía a una desaparición y que tenía que ver con un hecho relacionado al narcotráfico. Además, al momento del secuestro el papá de Candela, Alfredo “Juancho” Rodríguez, se encontraba cumpliendo una condena por tentativa de robo agravado en el penal de Magdalena.
El 31 de septiembre de 2011 el cuerpo de Candela es hallado en un basural y horas más tarde la Policía Bonaerense se encuentra con una casa de fachada rosa como el lugar donde habría estado secuestrada. Esa casa había sido heredada por Gladys Cabrera, quien el día de la desaparición de Candela se encontró con quienes serían los nuevos inquilinos de su casa: Juan Insiarte y su esposa, Soledad Tineo, para pactar las condiciones de alquiler: ellos se ocuparían de las refacciones, los muebles permanecerían allí y el perro, el único habitante de la casa, también se quedaría ahí hasta encontrarle un nuevo hogar. Cabrera tenía una amiga en el barrio, Nelly, que vivía con su esposo, el carpintero Néstor Altamirano, en Charrúas al 1081, a pocas cuadras de la Casa Rosa. El mismo 31, Alfredo Valenzuela, el esposo de Zaira Cabrera, tía de Gladys, junto a su hijo y el fletero Gustavo Valenzuela se llevaron de la casa ropa y muebles viejos y algunas herramientas en una Traffic blanca. Para las siete de la mañana del 1 de septiembre, la casa ya había sido allanada y Gladys Cabrera, Néstor Altamirano, Gustavo Valenzuela y otras dos personas de apellido Montero, estaban a disposición de la Justicia. La primera fue acusada de mantener cautiva en su casa de Kiernan a la menor; el carpintero, sindicado como “quien le daba de comer” a la nena cautiva; Alfredo Montero y su hijo como “encubridores” y la traffic blanca de Valenzuela señalada como la “utilizada para tirar el cuerpo de la nena”.
Según la reconstrucción de los hechos publicada por esta agencia en los meses siguientes al asesinato de la niña, ya el 7 de septiembre, “fue detenido Hugo Elvio Bermúdez, sindicado como “presunto autor material” del asesinato, a partir de las declaraciones de testigos de identidad reservada. Ese día, también fueron liberados los Monteros y Valenzuela, aunque siguieron imputados por “encubrimiento”. Sus vecinos habían organizado marchas denunciando que eran “perejiles”. Horas más tarde, en un allanamiento en un hospital fue detenido un nuevo sospechoso a partir de la declaración de un remisero: el albañil Fabián Espíndola, quien en su declaración implicó al fletero Guillermo López y al verdulero Fabián Gómez, apresados al día siguiente como “partícipes necesarios”, y a un sujeto más que para ese momento que ya se encontraba prófugo. El 23 de septiembre, Espíndola se retractaría y cambiaría por completo su declaración, afirmando que todo lo anterior lo dijo “porque había recibido presiones de la Policía Bonaerense”. El supuesto autor intelectual, Héctor “El Topo” Moreira, fue detenido el 26. Era un informante de la Bonaerense que conocía al papá de Candela. Lo revelador de su detención fue que había mantenido reuniones por negocios con el superintendente de investigaciones, Roberto Castronuovo, para ayudarlo a atrapar a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, un histórico narco del partido de San Martín. Fue en ese momento cuando se complotó la banda acusada de secuestrar y asesinar a Candela Sol Rodríguez con el “Topo” Moreira como autor intelectual, Hugo Bermúdez como autor material, Jara había oficiado de “noviecito” y “entregador”, y Gladys Cabrera ofreció la casa. Altamirano se había ocupado de darle de comer a la niña y López, Gómez y Espíndola de brindar apoyo logístico. A pesar del audio de la llamada extorsiva y de la detención de todos los supuestos integrantes de la banda, el móvil del asesinato, nunca fue caratulado como “Secuestro extorsivo” en la causa que habían tenido a su cargo el fiscal Marcelo Tavolaro y el juez Alfredo Meade, sino como “Ajuste de cuentas no convencional”, es decir, un ajuste de cuentas con el padre de Candela.
Es así como el 17 de abril de 2012, la sala III de la Cámara Penal de Morón ordenó liberar a todos los detenidos en la causa, declaró nulo gran parte del proceso, apartó al juez Meade y recomendó la separación del fiscal Tavolaro de la investigación. De manera paralela, en la primera sesión ordinaria del Senado de la provincia de Buenos Aires, el 8 de marzo de ese mismo año, se había aprobado por unanimidad la creación de la “Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol Rodríguez”. El informe de la Comisión investigadora del secuestro y posterior crimen fue realizado con información proveniente de testimonios de 55 protagonistas de los hechos, entre los que se encontraban abogados, funcionarios policiales y judiciales, peritos, periodistas, familiares y referentes comunitarios, con el objetivo de ayudar al esclarecimiento del caso. Es por ello que en el informe la Comisión destacó que “las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato”, y denunció que “la policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y la modalidad de los narco-secuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la policía”. Estas cuestiones son las que hicieron que la causa siempre se moviera hacia terrenos diferentes a los que pudieran involucrar a efectivos policiales e incluso funcionarios judiciales, apuntando finalmente hacia la figura de los hombres recientemente condenados.
Es así como los legisladores y especialistas que formaron la Comisión demostraron que “el accionar de la Mesa de Crisis para la búsqueda de la niña, fue dirigido fundamentalmente a dar respuesta a los medios y a la población, mientras se desarrollaba una operación paralela. La Comisión cotejó los testimonios del Comisario General Juan Carlos Paggi, entonces Jefe de Policía, y del Comisario General Hugo Matzkin, en aquel momento segundo Jefe de Policía, y del Comisario Mayor Marcelo Chebriau, a cargo de la Delegación de Investigaciones de La Matanza, con la documentación existente en los legajos de actuaciones complementarias policiales, con las operaciones de prensa instrumentadas por las autoridades policiales de la Mesa de Crisis y con el dispositivo de control que la policía ejerció sobre la madre de la víctima”. La policía investigándose a sí misma es uno de los más graves problemas y grandes “permitidos” que se dan en las causas judiciales del país. Es inadmisible que el mismo cuerpo de seguridad que es apuntado como partícipe fundamental en el narcotráfico y otros delitos que ocurren en la provincia de Buenos Aires, sea el encargado de contar con los principales elementos de investigación para causas de esta gravedad.
A su vez, el Informe determinó que el expediente de la causa estaba plagado de irregularidades, como la falta de un orden cronológico en la ubicación de las piezas procesales y el desorden de la ubicación de las piezas procesales, las cuales son estratégicas para la investigación y que deberían estar en el cuerpo principal, pero se encontraban ubicadas en el anexo de actuaciones complementarias policiales, mientras que actuaciones policiales complementarias se encontraban ubicadas en el cuerpo principal. De igual manera se identificó el hallazgo de fojas inutilizadas y se encontraron graves anomalías en las actuaciones, tanto en la que libran órdenes de allanamiento y registro de inmuebles, como en la falta de sustanciación de las medidas adoptadas por el fiscal. Todo este escenario explicado por la Comisión logró determinar que existió “negligencia en los procedimientos” que se sucedieron durante la búsqueda de la niña y luego de hallar el cuerpo.
La falta de pruebas que constaten que la menor estuvo en la casa rosa y todos estos son ejemplos que evidencian que fue la policía quien guio la investigación. La cúpula policial, lejos de poner límite a la presencia descontrolada de los medios de comunicación en los lugares donde se llevaba a cabo la investigación, priorizó acuerdos que resultaron funcionales a la estrategia de la fuerza. Desde la Comisión, remarcaron que “todos los testimonios y evidencias son coincidentes en señalar que se malogró insalvablemente la posibilidad de levantar evidencias físicas por parte de los peritos, dado que no se preservó la escena de la aparición del cuerpo de Candela Sol Rodríguez. Los peritos solo tuvieron entre 30 y 40 minutos para realizar el levantamiento de evidencias físicas en el lugar del hallazgo del cuerpo de Candela. A las 17:02 con la llegada del fiscal se da comienzo al trabajo pericial, pero a las 17:45 se interrumpió. El lugar fue invadido por una multitud de funcionarios políticos, policiales y familiares. No hubo tiempo suficiente para realizar la tarea y se priorizó la espectacularidad mediática en lugar de proceder a realizar adecuadamente los peritajes correspondientes. Peritos reconocidos afirmaron ante esta Comisión que no se cumplió con las técnicas de rutina de preservación del lugar llegando a decir que por allí pasó una ‘manada de elefantes’”, relata uno de los tantos extractos reveladores en las conclusiones que presentó la Comisión en las que se propuso además investigar al Jue de Garantías de Morón, Alfredo Meade, al fiscal Marcelo Tavolaro por dejar la investigación en manos de la Policía y fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate, por su responsabilidad institucional y funcional.
Pero, aunque hayan pasado los años y ya se conozca una sentencia por el caso, las sospechas de encubrimiento y armado de una causa paralela siguen latentes. Esta semana, AgePeBA entrevistó al abogado Rodrigo González quien confirmó que las penas “ni siquiera convencieron a la querella”, luego de la condena a prisión perpetua que la justicia de Morón confirmó contra a Hugo Bermúdez y Leonardo Jara por el secuestro, la violación y el asesinato de la menor en 2011. Pero lo más llamativo de la sentencia de los jueces Diego Bonanno, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Riveray del Tribunal Oral Criminal N° 3, es que además se ordenó la condena a cuatro años de prisión domiciliaria para Fabián Gómez, por ser “partícipe secundario» de la privación de la libertad de Candela “bajo coacción”. Sin embargo, la propia madre de la víctima, Carola Labrador, ya había relatado durante el proceso judicial que “no creemos que Candela haya estado en la casa de la calle Kiernan”, lugar donde la Justicia sospechó siempre que Gómez realizó tareas de inteligencia para mantener en cautiverio a la menor.
González, quien representó a Gómez al principio del proceso judicial, advirtió tras la sentencia que “siempre me pareció que la policía entorpeció con intención la investigación. Si bien soy respetuoso de lo que pueda llegar a dictaminar un Tribunal, realmente creo que una sentencia basada en aquella investigación que hizo la policía, es una sentencia que no reconstruye la verdad de lo que efectivamente pasó”. A su vez, agregó que “en una causa donde la querella (por Carola Labrador), pide la absolución de uno de los imputados, el Tribunal igual lo condena a cuatro años, es decir lo que hizo la Justicia de Morón, ni siquiera convenció a la mamá de la nena fallecida”.
En el mismo sentido, el abogado cuestionó las idas y vueltas porque “el juez Meade cuando se dio cuenta de lo que había pasado en la casusa y de que la policía les había mentido a todos, les empieza a dar las excarcelaciones, empieza a dejar en libertad a gente a la que él mismo le había dado la prisión preventiva. Algo lo hizo cambiar de opinión. También tenían que investigar es al fiscal y no se hizo. Y me parece más coherente, y de hecho es lo que se vio reflejado en la investigación de la Comisión en el Senado, es que este caso tuvo que ver con una venganza narco, de una banda de San Martín con distintas versiones que todas terminaban en San Martín”, precisó el letrado.
Durante los últimos seis años se inventaron y desparramaron por los medios de comunicación un sinfín de hipótesis sobre el asesinato de Candela, pero ninguna investigación de la Justicia se encaminó en el único camino que podía dar a conocer los negociados y acuerdos más oscuros que esconde una la fuerza de seguridad con mayor autonomía operativa y mayor cantidad de efectivos al servicio del poder: la Policía Bonaerense. Las condenas del miércoles pasado fueron a al menos dos personas vinculadas a los hechos, pero que dentro del entramado de la causa jugaron un papel secundario, lo que no hace más que confirmar una línea judicial que lejos de extinguirse se reproduce en diferentes casos en los que se demuestra que en los distritos de la provincia de Buenos Aires las fuerzas de seguridad y las bandas de narcotráfico dictan las leyes en un territorio donde los únicos perjudicados son los niños y niñas de los sectores más vulnerables. Tras seis años hay tres condenados que ocultan a los verdaderos responsables y la Justicia ni siquiera pudo dilucidarle a la madre de Candela en qué lugar estuvo su hija y, peor aún, dónde fue asesinada.
