La integrante de Madres-Línea Fundadora, aseguró que entre ellos hay “una complicidad muy peligrosa”. Para la LADH, el apartamiento del magistrado es “un golpe a la estrategia de impunidad del Gobierno y la Gendarmería”. Una denuncia ante la ONU y una nueva jornada por Maldonado.
Por Fernando M. López (*) La decisión de separar al juez federal de Esquel, Guido Otranto, de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado fue ampliamente celebrada, aunque sin dejar de criticar las graves irregularidades que pasó por alto la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en su fallo.
La familia del joven señaló en este sentido que el tribunal sólo tuvo cuenta las expresiones del magistrado al diario La Nación –los días 17 y 18 de septiembre-, donde consideró como hipótesis “más razonable” que Santiago “se podría haber ahogado”, desacreditando el testimonio de los testigos que el 1° de agosto, durante la represión contra la comunidad mapuche de Cushamen, vieron cómo efectivos de Gendarmería lo golpeaban a orillas del río Chubut y se lo llevaban en un vehículo de la fuerza.
“Hicimos una presentación por los maltratos que sufrimos y las irregularidades en la investigación, pero finalmente se lo recusó por los dichos inapropiados que salieron en un diario, por un prejuzgamiento”, dijo Sergio Maldonado.
Entre las irregularidades, destacó las vinculaciones de Otranto con la desaparición de su hermano, ya que se trata del mismo juez que dio la orden de desalojar la ruta 40, en la entrada de la comunidad de Cushamen; así como su negativa a investigar y citar a declarar a Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sindicado como responsable del operativo de Gendarmería.
Tras la expulsión de Otranto, la causa pasó a manos de titular del Juzgado Federal 2 de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, con dedicación exclusiva por 60 días. La abogada querellante, Victoria Heredia, viajará en los próximos días a esa ciudad para mantener una encuentro con el nuevo magistrado y conocer cómo seguirá la investigación.
“Esperamos ahora saber la verdad, encontrar a Santiago y a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición”, enfatizó la familia en un comunicado.
Desde los organismos de derechos humanos también manifestaron su satisfacción por el apartamiento de Otranto. “¡Ya era hora!”, exclamó Nora Cortiñas, y abundó: “Cuando no llamó a declarar a los gendarmes ni a Noceti, cuando no buscó todos los celulares, cuando no inspeccionó las marcas de las ruedas del Unimog a la vera del río de donde se llevaron a Santiago –algo que yo vi con mis propios ojos al viajar a Esquel-, ahí nomás deberían haberlo sacado de la causa”.
En diálogo con Contexto, la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora le reclamó al juez que diga dónde está Santiago: “Él lo sabe desde el primer momento, como lo sabe la señora Bullrich y como lo sabe Noceti. Esto es una complicidad muy peligrosa”.
Consultada sobre el nuevo magistrado de la causa, Cortiñas dijo que aún es muy pronto para “manifestar expectativas”, pero advirtió que “si Lleral es malo como Otranto, lo sacaremos también”.
“Con un juez que ha sido sacado por la presión popular y con una exigencia enorme de la sociedad argentina y buena parte de la opinión pública mundial de que se avance en la investigación, el nuevo magistrado asume en condiciones muy especiales. Así que lo veremos actuar”, agregó a este diario José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Lo que no cabe duda para Schulman es que el apartamiento de Otranto significa “un golpe a la estrategia de impunidad del Gobierno y la Gendarmería”.
La LADH denunció por encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago no sólo a Bullrich, Noceti y al director de Gendarmería, Gerardo Otero, sino también al propio presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
El caso le había tocado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, pero se declaró “incompetente” y ordenó enviar la denuncia al Juzgado de Otranto, medida que fue apelada por el fiscal Federico Delgado al considerarla “prematura” y “sin ninguna investigación previa ni indagación completa de los hechos”. Ahora deberá decidir la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.
Schulman adelantó a Contexto que el impulsarán, además, una denuncia ante Diego García Sayán, relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Será por “la responsabilidad del Consejo de la Magistratura en la amplia subordinación de jueces federales como Guido Otranto al Gobierno de Macri”. En esa misma presentación se incluirán a los “jueces perseguidores de Milagro de Milagro” y los casos de “jueces perseguidos”, como Carlos Rozanski, quien se vio obligado a renunciar a fines de 2016.
De todos modos, lo más importante para la LADH y otros organismos de derechos humanos es “ejercer una enorme movilización popular y social, porque sin eso no se puede contrarrestar la presión brutal del Gobierno, la Gendarmería y los servicios de inteligencia que todos los días tiran audios, videos y todo tipo de maniobras” para ocultar las responsabilidades institucionales y políticas en el caso Maldonado.
Con ese objetivo, convocan “a construir una gran Jornada Nacional e Internacional de lucha por Santiago y en defensa del Estado de Derecho en la Argentina”, al cumplirse dos meses de la desaparición forzada del joven de 28 años.
“En principio no hablamos de la Plaza de Mayo”, explicó Schulman, aunque no descartó la posibilidad de otro multitudinario acto como la del 1° de septiembre: “En todo caso, la Plaza debería ser el complemento de una inmensa cantidad de iniciativas en las calles, escuelas, facultades, centros culturales, oficinas, iglesias y todo lugar donde se pueda poner en evidencia que hay una enorme porción de la sociedad que no quiere convalidar una desaparición forzada”.
“La idea es que nadie quede afuera. Hoy tenemos que disputar con argumentos y hechos contundentes a los que no van a Plaza de Mayo, a los que por confusión o engaño no ven que la causa de Santiago está vinculada a la dignidad de lo humano”, completó.
Además de la LADH, forman parte de la iniciativa la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Madres-Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, APDH La Matanza y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.
(*) Periodista y docente de Periodismo de la UNLP. Editor de AgePeBA. Nota publicada por Contexto.
