Lo de las plantitas en las macetas de la casa de la gobernadora María Eugenia Vidal es una humorada. Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires una tragedia. Y la “patria sojera” ocupa, a toda luz de los especialistas, el centro de las responsabilidades por la serie de desastres ambientales que están arrasando a este país, aunque la TV boba toda, todita, se dedicaba a los shoppings de Miami ante el Irma más que mientras millones de hectáreas de la pampa húmeda bajo el agua y los miles de hogares urbanos y semiurbanos en similares condiciones.
Por Carlos López / La actividad sojera sin control en la provincia de María Eugenia Vidal – claro que no comenzó con ella sino con el modelo productivo extractivista del neoliberalismo consolidado en dictadura y durante el actual sistema constitucionales, y que sigue inalterado y profundizándose – es una de las grandes causas silenciosas que provocan inundaciones en grandes territorios como ocurrió la pasada semana (y continúa), consecuencia sí, también, de las intensas precipitaciones, pero sobre todo de la mala utilización del suelo y de un sistema de obras que, por carencia o por inadecuación, más que solucionar complica el panorama: la soja es una suerte de carpeta asfáltica verde sobre la pampa húmeda y la irracional construcción de canales ha hecho que la trama fluvial “en línea recta”, ahora, se sume a los problemas y no a las soluciones.
Además, los emprendimientos privados siguen cubriendo gran parte de los humedales que ayudarían a drenar las aguas que descienden de provincias como Santa Fe y Córdoba. La ingeniera y especialista en medio ambiente Stella Maris Alló, cuestionó las funciones del ministro Bergman y alertó que “hoy hay un retroceso muy grande porque no se está entendiendo la problemática hidrológica de la provincia de Buenos Aires”. Cambiemos delega en las grandes multinacionales de granos la explotación del suelo, poniendo en riesgo la vida de millones de bonaerenses. “Quien tiene que regular los criterios del uso del suelo y la ocupación territorial tiene que ser el Estado, no lo puede hacer la actividad privada”, agregó la especialista en diálogo con AgePeBA.
Las fuertes lluvias producidas en gran parte del territorio bonaerense durante el pasado fin de semana volvieron a inundar a más de diez localidades, dejando calles bajo el agua y obligando a cientos de familias a afrontar una situación por demás repetida en la provincia de María Eugenia Vidal. El Estado que plantea Macri es hoy el principal responsable de que las inclemencias del clima no puedan ser previstas, sino agravadas por una explotación capitalista del suelo que pone en peligro a los barrios más humildes de cada localidad afectada. El pasado domingo se registraron en pocas horas lluvias entre los 100 y 160 mm., lo que fue parte de una intensa tormenta que no sólo afectó al centro y este de la provincia de Buenos Aires, sino que también se extendió hasta otras provincias como el Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y la Capital Federal.
Lo que no se debatió en los medios de comunicación durante esta semana fueron las razones por las que todos los años los bonaerenses del Conurbano y del interior de la provincia deben atravesar la pérdida material de sus pertenencias, o incluso pérdidas humanas a causa de la crecida del agua. La TV basura y los principales diarios PRO que han acaparado la atención pública en estos casi dos años de gobierno macrista, prefirieron seguir de cerca con fantásticas predicciones y enviados especiales al huracán Irma que tocó las costas de Miami luego de pasar por varios países del Caribe. Por consiguiente, las inundaciones en la Argentina se relacionaron simplemente a un fenómeno meteorológico que se produjo por el ingreso de vientos fríos al país, anegando severamente localidades de los partidos de Bernal, Florencio Varela, Quilmes, La Matanza, Berazategui, Morón y General Rodríguez, entre otros.
Pero esta situación no es novedosa ni es meramente una acción de la naturaleza. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizó el año pasado un estudio sobre la situación en Córdoba y Santa Fe, donde también hay localidades inundadas, arroyos desbordados y campos anegados por la crecida del agua, lo que se encuentra estrechamente ligado a la provincia bonaerense. Es que los campos de soja que abundan en esas provincias consumen diez veces menos agua que un bosque nativo y tres veces menos que una pastura para ganado. En la campaña 2005 y 2006 en el todo el país se sembró un total de más de 15 millones de hectáreas con soja, lo que en la cosecha de 2015 y 2016 aumentó a más de 20 millones. Esta postura hoy tiende a profundizarse, ya que según las estadísticas del INTA la semilla líder del mercado representa el 55% de las casi 37 millones de hectáreas que se siembran en el territorio argentino, seguida muy de lejos por los cultivos de maíz y trigo, que en conjunto representan el 26%. En relación a esto, Buenos Aires se inscribe como la provincia con más cantidad de soja sembrada, seguida por Córdoba y Santa Fe, precisamente tres provincias que son de las más comprometidas con la imposibilidad de drenar el agua estancada en campos y localidades por reiteradas inundaciones.
Sumado a esta situación de la semilla, las fumigaciones que se realizan para mantener resistente al cultivo generan algo que poco importa a economistas y productores: que enferman y matan a las personas. En las cercanías a las escuelas rurales de Luján y General Rodríguez, los maestros deben poner carteles en los alambrados que delimitan las escuelas porque los productores fumigan sin prever que niños y niñas concurren a estudiar a metros de los campos sembrados. La pasada semana la Multisectorial contra el agronegocio “La 41” denunció en Luján “los grandes problemas de salud a los que docentes y estudiantes están expuestos, asociados a las fumigaciones que sufren las escuelas en el ámbito agrario”. La última fumigación para cuidar al cultivo que genera millones y que envenena a vecinos se produjo el pasado 5 de septiembre en una fumigación con la maquinaria «mosquito» de un campo localizado sobre la Ruta Provincial 6 (ex Ruta Nacional 7 y callejón M. T. Mastellone), donde se siembra soja transgénica, y que se encuentra lindero a la Escuela Primaria N° 22 y el Jardín de Infantes 902 de esa localidad bonaerense, así como también cercano a una zona de viviendas que pertenecen a Luján y General Rodríguez. La organización de padres y maestros dio fruto a una denuncia radicada en la Comisaría Primera de Luján, luego de intentar frenar la fumigación sin éxito, ya que tuvieron que replegarse para no ser envenenados con a 2-4D y Cletodim, productos cuya toxicidad aguda (se refiere a los efectos inmediatos a su exposición) es, según la OMC, de categoría II ‘Moderadamente peligroso’, mientras en Argentina son considerados como banda verde, es decir, de libre venta.
Esto se repite en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, como en Mar del Plata, donde los productores que componen el segundo cordón frutihortícola iniciaron una campaña bajo el lema “Basta de envenenarnos, paren de fumigarnos”, lo que esta semana desembocó en un corte parcial informativa de la ruta 11, kilómetro 505 del barrio Felix U. de la ciudad costera. A su vez, este mismo grito de justicia es el que comenzó anteriormente en Córdoba con una causa para frenar el uso de agroquímicos, lo que esta semana fue confirmado por la Justicia con un fallo determinante. La Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado por el productor agropecuario Francisco Parra y el piloto Edgardo Pancello, y dejó firme el fallo que los condenaba a tres años de prisión condicional y de 8 a 10 años de inactividad profesional por fumigar agroquímicos en campos del barrio Ituzaingó, al sureste de la provincia cordobesa. La causa se había iniciado en 2008 con una denuncia de los médicos de la dirección de Salud de Córdoba, que empezaron a detectar un crecimiento exponencial de los casos de cáncer en esa localidad. Como ocurre en otros tantos casos que siguen sin ser develados, los productores suelen utilizar en los campos el glifosato, una sustancia altamente peligrosa que resoluciones municipales y provinciales de varias provincias recomiendan utilizarlas al menos a 100 kilómetros de asentamientos urbanos, pero para los sojeros esa regulación no es una obligación, lo que deviene en la fumigación sin control, buscando que siempre que nadie se queje, sembrar sea para los empresarios de los agronegocios sinónimo de ganar más y más dinero.
La gravedad de las consecuencias que este tratamiento de la tierra que permite el gobierno de Mauricio Macri fue explicada, al ser consultada por AgePeBA, por la ingeniera Stella Maris Alló, quien participó en grandes proyectos que se desarrollaron hasta 2015 en el área de Medio Ambiente del Senado de la provincia de Buenos Aires, para analizar y generar proyectos legislativos que acompañen el correcto uso de los recursos naturales. En este sentido, la especialista le comentó a esta agencia que “estamos viviendo una crisis porque el suelo está sufriendo. La siembra de soja surgió como un producto ecológico en su inicio porque es una semilla que consume menos agua que otras, pero ahora es justamente contraproducente porque no está utilizando todo el agua que está estancada en la provincia, y a su vez no se está haciendo la alternancia de semillas que se necesita en la siembra”.
El cuidado de los humedales que bordean a los principales ríos, el control de la rotación de las semillas para darle recuperación al suelo y el uso de maquinarias que no dañen el ecosistema son grandes ausentes en la gestión macrista, ya que el gobierno pone el foco en los ingresos que genera la siembra millonaria de soja sin auditar las consecuencias que esto puede ocasionar y, lo que es aún más grave, generando la pérdida de vidas y de terrenos en zonas pobladas de la provincia de Buenos Aires. Maris Alló remarcó que “el modelo de sistema de siembra directa que se fomenta hoy nace como una mejora en un principio, pero el abuso de esto está generando una impermeabilización del piso por el uso de la maquinaria pesada y a eso se suma que el planteo de extracción de agua está dado con un esquema de desagotamiento no ecológico. La provincia de Buenos Aires es una meseta y por eso hay que trabajar con otros modelos de desarrollos hidráulicos diferentes”, añadió. Es por esta razón que una de las principales críticas de las organizaciones ambientales al gobierno es que Cambiemos ubicó en la cartera de medio ambiente a funcionarios que no son especialistas en ninguna temática relacionada al cuidado del mismo. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, es un farmacéutico reconocido más por sus insólitas declaraciones de plegarias y condenas divinas atribuidas a los cambios climáticos, que más por aportar una visión estratégica para el desarrollo de un plan de acción que recupere el suelo
Pero como siempre los ricos buscar ahogar a los más pobres -en este caso en el sentido literal-, el agua que desemboca del norte de la provincia de Buenos Aires con el paso de los años desemboca cada vez más en una gran olla cubierta de agua que forman las localidades más bajas del Conurbano bonaerense y sectores greograficamente húmedos como el Gran La Plata o las ciudades costeras. “El Conurbano tiene una realidad de complicaciones con el río Luján y el Reconquista porque deben convivir con un territorio sin pendiente, por eso hay que trabajar sobre la recuperación de los valles de humedales ocupados por los barrios privados que hoy no permiten el escurrimiento de las aguas de los ríos, que además se suman a una simultaneidad de cuestiones geográficas y de escurrimiento del agua. Hoy la provincia de Buenos Aires lidia con la mala ocupación de los territorios que no permite drenar el agua que baja por los ríos de Santa Fe y Córdoba, y al mismo tiempo se le suman las aguas de la sudestada que afecta a distritos como Quilmes o Ensenada”, comentó Maris Alló.
Es por ello que la ingeniera le cuestionó al gobierno que “los que están participando de la gestión no tienen la formación en la especialidad técnica, son licenciados en Ciencias Políticas o Farmacia, y hasta el mismo Ministro (Bergman) reconoció no conocer el tema. Es así como se entiende que si bien ya faltaban obras, hoy hay un retroceso muy grande porque no se está entendiendo la problemática hidrológica de la provincia y tampoco cómo resolverlo desde el punto de vista ambiental y en el sentido de la relación del agua con el suelo; se busca cómo generar obras importantes y civiles para sacar el agua pero no se interpreta que hay que asistir y apuntar a favorecer la circulación del agua en una provincia que es una meseta sin pendiente y tiene que ser analizada desde el punto de vista de la dinámica de los ecosistemas dentro de un entorno ambiental, como lo resuelven países como Holanda, que en sectores tiene una altura del suelo por debajo del nivel del mar”.
Pero en la Argentina el Estado no tiene tiempo para cuidar a los que menos tienen y beneficiar a un mejoramiento de los terrenos naturales. Maris Alló subrayó que con el macrismo se han potenciado “los intereses económicos que provocan que cuanto más se siembra y más se ocupa el territorio, más de aplana, se achican ríos y otras actividades que perjudican a los suelos. Quien tiene que regular los criterios del uso del suelo y la ocupación territorial tiene que ser el Estado, no lo puede hacer la actividad privada”. Los grandes emprendimientos inmobiliarios que tuvieron su gran auge con la intendencia de Sergio Massa en Tigre, hoy se distribuyen a lo largo y ancho de los barrios residenciales del Conurbano bonaerense, provocando que por ocupación de valles de inundación naturales y necesarios para el dragado del agua, sean los barrios más bajos -y los más humildes por cierto- lo que reciban mayores caudales de agua ante precipitaciones inesperadas. “Con los barrios privados hacen muros de contención, el agua queda retenida y lo que era una esponja y retroalimentadora de los acuíferos para hacer circular al agua en los momentos que corresponde, hoy se ha perdido, como pasa en la zona del Delta del Tigre y San Fernando, un humedal que puede retener durante un día y medio el caudal total que circula por el río Paraná pero que hoy es ocupado por construcciones. Y esto no sólo pasa en la provincia de Buenos Aires, es lo mismo en Corrientes o Entre Ríos, donde se siembra soja hasta en humedales”, resaltó la especialista. En las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba las napas freáticas que históricamente estaban a un promedio de 10 metros bajo la superficie, ahora están a entre uno y dos metros en promedio, un crecimiento que está lejos de detenerse. La deforestación, la siembra sin control de la soja y la invasión de humedales ponen en alerta a todas las organizaciones que luchan por el cuidado del medio ambiente que a largo plazo no es más que el cuidado de los propios argentinos. El gobierno de Macri hace oídos sordos a esto y no propone una política agraria activa para desarrollar un modelo de desarrollo que no implique la mera explotación de los suelos y el uso de agroquímicos para mayores beneficios económicos de manera rápida y eficaz.
Para que los grandes poderes que manejan los agronegocios sigan profundizándose en la Argentina, Macri habilitó el camino del Ministerio con un funcionario como Bergman que baja línea a nivel nacional: salir en TN para mostrar la imagen de “hacer un país juntos” y no tomar ninguna decisión de soberanía alimentaria ni agraria, por la simple y llana razón que encierra Cambiemos conceptualmente como fuerza política pensada para que los únicos beneficiados en este período macrista sean los empresarios que puedan sacar sus dólares del país a costa del pueblo argentino. Con la excusa de la exportación como caballo de batalla, la gobernadora Vidal destaca el empuje del campo a la economía global de la provincia de Buenos Aires y olvida las inundaciones y las pérdidas millonarias de miles de familias que tienen que dejar sus propiedades y pertenencias para luchar contra el agua y no perder la vida. La descripción de esto es la gestión del cocinero Martiniano Molina en Quilmes, donde el intendente recorre en camioneta el municipio para simular una ayuda que no se ve reflajada en acciones materiales. Los barrios privados aumentan, los empresarios del campo siguen facturando millones y los barrios más vulnerables reciben el agua que los ricos escurren.
