Roberto Albornoz, Luis De Cándido, Ricardo Sánchez, Miguel Moreno, Enrique del Pino y Jorge Lazarte fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán durante la última dictadura cívico militar, a partir de un criminal despliegue militar ordenado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón, en tiempos en que el terrorismo de Estado era implementado sobre todo por los parapoliciales de la Triple A Otros cuatro represores recibieron penas de entre 4 y 18 años de cárcel.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó sentencia esta tarde en la megacausa “Operativo Independencia” contra varios ex militares y ex policías acusados por torturas, secuestros, desaparición forzada de persona, violación de domicilio y violaciones sexuales contra un total de 271 víctimas. Así consignaba este viernes Primereando las Noticias.
Seis de los represores, Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Moreno, Enrique del Pino y Jorge Omar Lazarte, recibieron la pena de prisión perpetua.
En tanto, Néstor Castelli, fue condenado a 18 años de cárcel; Jorge Capítán, a 16 años; Manuel Rubén Vila, a 10 años; y Pedro López, a 4 años.
En el fallo de los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga fueron absueltos siete acusados: José Ernesto Cuesta, Ramón César Jodar, Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, Alberto Svendsen, José Roberto Abba y Omar Edgardo Parada.
El Operativo Independencia, que comenzó con el Decreto Nº 261/75 del gobierno de María Estela Martínez de Perón, y continuó durante la dictadura, estuvo al mando del genocida fallecido Antonio Domingo Bussi, quien en 1995 resultó electo gobernador de Tucumán.
Un dossier divulgado por La Izquierda Diario recuerda lo siguiente:
La megacausa en las que se investigaron los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia en Tucumán llegó a su tramo final. Consta de 271 casos (en el proceso se comprobaron 266) y 17 imputados. Fueron más de 14 meses de audiencia y más de 400 testigos.
El Operativo Independencia, instaurado el 9 de enero de 1975 mediante de un decreto de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, fue el ensayo general del genocidio que se implementó en todo el país tras el 24 de marzo de 1976. Martínez de Perón firmó el decreto secreto para “aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” con la actuación plena del Ejército (meses después la intervención será ampliada al resto de las fuerzas en todo el país a través de un decreto de Ítalo Luder).
La militarización de la provincia fue celebrada por las entidades empresariales, quienes colaboraron de diversas maneras con la represión, incluida la clandestina, de las Fuerzas Armadas. A través de los discursos en la Casa de Gobierno o en las cámaras legislativas, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical saludaron el despliegue represivo. Otro tanto hicieron los integrantes de la cúpula de la Iglesia Católica y la burocracia sindical. La prensa escribió ríos de tinta para crear un clima de “guerra contra la subversión”.
Aun con un régimen constitucional vigente, con el Operativo Independencia se puso en marcha desde el Estado un plan sistemático de secuestro y desaparición forzada de personas. Las fuerzas represivas implementaron la tortura en los interrogatorios que tenían lugar en centros clandestinos de detención.
Conducido en una primera etapa por Acdel Vilas y luego Antonio Domingo Bussi, el Operativo Independencia tuvo como fin disciplinar a sangre y fuego a un movimiento obrero y popular que era una referencia de la radicalización a nivel de nacional y sembrar el terror en toda la población.
