Trabajadores de Cresta Roja y PepsiCo siguen reclamando ser reincorporados a sus puestos laborales, pero las empresas no dan ningún tipo de respuesta. Otras multinacionales, como Adidas y Walmart, amenazan con nuevas cesantías para flexibilizar las condiciones de trabajo. Lo hacen con el aval del gobierno de Macri, que despliega sus fuerzas represivas.
Por Fernando M. López (*) / Los empleados de Cresta Roja amanecieron este viernes, por segundo día consecutivo, con un corte sobre la autopista Ezeiza-Cañuelas. La avícola que el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal pusieron como “modelo de la reactivación económica” del gobierno de Cambiemos nunca llegó a recuperarse completamente ni a tomar a todos los empleados que quedaron en la calle a fines de 2015.
Con paros y manifestaciones, los operarios vienen reclamando a Proteinsa S.A., la firma que se hizo cargo de Cresta Roja tras la quiebra de Rasic, el pago de una indemnización comprometida en concepto de reconocimiento de antigüedad y la reincorporación de unos seiscientos despedidos.
“Nos hicieron firmar acuerdos que nunca cumplieron”, sostuvo hoy uno de los delegados desde la autopista, y manifestó su “malestar” con el presidente, que el año pasado los utilizó para anunciar el veto a la Ley Antidespidos con el único propósito de “favorecer a los empresarios”.
Macri no sólo no escucha las demandas de los trabajadores, sino que además les manda a la Gendarmería, fuerza señalada como responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó ayer unos 500 efectivos para desalojar a 250 operarios, y este viernes volvieron a la autopista, fuertemente armados, con intención de reprimir.
Gendarmería también estuvo ayer junto a la Policía bonaerense en la protesta de los despedidos de PepsiCo frente a las oficinas comerciales y administrativas que la multinacional tiene en Munro, partido de Vicente López.
“Estuvimos en la puerta haciendo un escrache y los gendarmes quisieron que nos retiráramos del lugar. La empresa no nos habla y el gobierno no nos da respuestas, pero vamos a seguir luchando por nuestro derecho al trabajo”, dijo a Contexto Patricia Mora, una de las trabajadoras despedidas hace ya más de dos meses.
PepsiCo continúa sin cumplir la cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en julio le ordenó reincorporar a un grupo de empleados que no aceptaron las indemnizaciones tras el cierre de la planta ubicada en la localidad de Florida.
Desde la carpa que montaron frente al Congreso, los cesanteados exigen una sesión extraordinaria para que se trate el proyecto de ley presentado por la diputada Nathalia González Seligra para expropiar la planta.
“Nuestra idea es armar una cooperativa y empezar a producir. La empresa se llevó las máquinas nuevas, pero aún quedan las máquinas viejas, que se pueden poner en funcionamiento. Queremos que el proyecto se trate antes de que vacíen la planta por completo”, indicó Mora.
La trabajadora agregó que intentan articularse con los despedidos de Cresta Roja, Adidas, Walmart y otras empresas para “unificarnos y hacer un solo ruido”.
“Hay muchos trabajadores en la misma situación que nosotros, víctimas de estas multinacionales y de este gobierno que lo único que buscan es la forma de explotarnos y sacarnos del medio sin darnos nada”, subrayó.
Los operarios de Adidas, que están en conflicto con la patronal desde julio, denunciaron esta semana “quinientos despidos encubiertos”. Tras reducirles parte del salario y quitarles el presentismo, la multinacional ofrece ahora retiros voluntarios para deshacerse de sus empleados en medio de la crisis que atraviesa el sector del calzado por la apertura indiscriminada de importaciones.
En Walmart, en tanto, se produjo una ola de despidos para luego iniciar un proceso de flexibilización que viola el convenio colectivo de trabajo. El supermercado que se encuentra en el shopping DOT del barrio porteño de Saavedra, por ejemplo, redujo su planta de 300 a 94 empleados. Los trabajadores ya realizaron paros y protestas, pero el conflicto continúa.
(*) Periodista y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Editor de AgePeBa. Nota publicada por Contexto.
