“Contra las maniobras perversas (del gobierno) hay que seguir exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado (…) y el juez Guido Otranto debería haberse apartado él mismo de la causa”, por estar vinculado a las actuaciones que derivaron con la desaparición del joven durante la operación represiva de la Gendarmería sobre un núcleo de mapuches, en Chubut entre fines de julio y principios de agosto pasados, afirmaba el lunes por la noche en C5N el abogado Marcelo Parrilli, experto y militante de Derechos Humanos. “Hay un temor de parcialidad por parte de las víctimas respecto de la parcialidad del juez; sin embargo ingresar en las recusaciones podría demorar las investigaciones, pero por el otro lado éstas no se llevan a cabo”, decía la abogada de la familia de Santiago Maldonado Verónica Heredia el 26 de agosto en una entrevista, con el dirigente radical Leopoldo Moreau, difundida por Radio Cut. ¿Cómo conciliar la firmeza crítica, acusatoria de ilegalidad, que expresan ante los medios de prensa la familia, los abogados y los organismos respecto del juez, la fiscal y el gobierno nacional, y la inacción hasta hora en términos de recusaciones o pedidos de alejamiento del magistrado? ¿Acaso no suena contradictorio favorecer una investigación que es calificada de parcial, arbitraria, casi ilegal? ¿Se trata de una cuestión de oportunidad política? ¿O de estrategia procesal?
Siguen las organizaciones de Derechos Humanos y los abogados que actúan con la familia de Santiago Maldonado con la misma duda que hace más cerca de una mes planteaba Verónica Heredia y pese a que todas las acciones y manifestaciones en torno al caso apuntan contra el gobierno y la Justicia como responsables por un lado de la desaparición forzada del joven y por el otro de al menos como de encubrimiento, negación justicia y hasta podría ser de participación en el delitos sospechado, si se prueba que desde el Ejecutivo y el Poder Judicial se dio cierto tipo de conspiración? La duda al respecto de por qué no se actúa contra Otranto aun sigue en pie, sin ser despejada.
El sitio Chequeado publicó el lunes, con la firma de Manuel Torricone el siguiente informe sobre el juez en cuestión, que pasamos a reproducir:
El juez federal de Esquel tiene dos expedientes en los que se busca al joven desaparecido y se investiga a los responsables. Un repaso por su trayectoria. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, habló esta semana públicamente por primera vez desde la desaparición de Santiago Maldonado, hace 42 días. El magistrado destacó la importancia de obtener los resultados de las pruebas de ADN, las que se conocieron hoy, para analizar la presunta participación de la Gendarmería. En su juzgado tramitan los dos expedientes vinculados con el caso. Desde el comienzo de la causa recibió críticas tanto del Gobierno nacional como de la familia de Maldonado y de los sectores de la comunidad mapuche que fueron desalojados de la Ruta 40 el 1° de agosto. ¿Quién es este magistrado?
Los dos expedientes vinculados con la desaparición de Maldonado están radicados en el Juzgado Federal de Esquel. Por un lado, el que está caratulado como “desaparición forzada”, cuya investigación fue delegada por el juez en la fiscal federal Silvina Ávila. En paralelo, tramita el hábeas corpus que fue presentado por el defensor oficial Fernando Machado al día siguiente del operativo de Gendarmería, donde testigos dicen haber visto por última vez a Maldonado.
Sectores del Gobierno le critican no haber rastrillado una parte del predio ocupado por la comunidad mapuche por tratarse de “territorio sagrado”, algo que el magistrado negó. La familia de Maldonado lo acusa de ser parcial y le reprocha lentitud en la investigación. Los mapuches señalan que fue él quien dio la orden de desalojo de la ruta que derivó en el operativo en el que habría desaparecido el joven.
Otranto cumplió 45 años el mismo día que Maldonado cumplió 28, el 25 de julio, es decir, una semana antes de su desaparición. Está a cargo del único juzgado federal de Esquel, una ciudad de 32 mil habitantes. Este tribunal fue creado en 2007 y Otranto fue su primer magistrado. Superó el concurso en el Consejo de la Magistratura y fue nombrado en 2011 por decreto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras obtener el acuerdo del Senado. Asumió, sin embargo, a fines de 2013, cuando por fin el tribunal se puso en funcionamiento. Desde enero de 2012 se había desempeñado como juez subrogante en el Juzgado Federal de General Roca.
No es la primera vez que un expediente sensible a nivel nacional pasa por sus manos. Antes de mudarse a la Patagonia, Otranto trabajó durante casi dos décadas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde tramitan las causas por delitos federales, como las de corrupción que involucran a funcionarios públicos.
Ingresó en diciembre de 1992 como empleado en la Sala II de la Cámara Federal porteña, la que revisa las decisiones de los jueces federales de primera instancia en casos de corrupción, narcotráfico y terrorismo, entre otros delitos. En este tribunal pasó por todos los escalafones judiciales, hasta llegar a secretario de Cámara, el cargo que jerárquicamente viene justo por debajo de los camaristas. Allí tuvo como jefes, entre otros, a los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun, Eduardo Farah y al ex camarista Eduardo Luraschi. Desempeñó el cargo de secretario hasta 2011, cuando se mudó a la Patagonia.
Se recibió de abogado en abril de 2000 en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esa universidad fue docente durante tres años en la cátedra de Derecho Penal a cargo del ex camarista Carlos Elbert. Según se desprende de su CV, es coautor de seis libros jurídicos, todos de derecho penal.
Otranto está en pareja con Rafaella Riccono, quien tiene una carrera judicial similar. Comenzó su trayectoria en la Cámara del Crimen porteña en 2004, pasó por la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo un breve paso por la Cámara Federal de Casación Penal hasta que se trasladó a la Patagonia. Trabajó en el Juzgado Federal de General Roca, donde fue secretaria letrada de Otranto, que se desempeñaba como subrogante. Desde 2014 es secretaria letrada de la Fiscalía Federal de Esquel, que actualmente está a cargo de la fiscal subrogante Ávila e instruye la investigación por la desaparición de Maldonado.
Cuando asumió como juez, en 2012, Otranto declaró una casa en Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, de 790 metros cuadrados, un auto y ahorros por $25 mil.
Otranto se encuentra actualmente concursando por una vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca. El Consejo de la Magistratura convocó a este concurso en mayo de 2016. Hasta el momento se realizó la prueba de oposición y una precalificación de los antecedentes profesionales de los inscriptos y Otranto está primero en el orden de mérito. Si supera el concurso, el juez federal de Esquel necesitará de un guiño del Gobierno nacional para que su pliego sea enviado al Senado y lograr el ascenso.
En tanto, el diario Página 12 publicó este martes que “El Gobierno volvió a negar que el caso de Santiago Maldonado sea una desaparición forzada. Un encubrimiento a cara descubierta”: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que como no se encontraron rastros de ADN de Santiago Maldonado en las camionetas de Gendarmería eso prueba la inocencia de la fuerza. El Gobierno le negó a la familia la posibildad de la intervención de la ONU, afirma la nota del colega Werner Pertot.
“El Gobierno recayó nuevamente en su decisión de negar la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esta semana reingresó en escena la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que habían retirado de las cámaras luego de que se descartara la versión del puestero. En los últimos días, los funcionarios insistieron con la importancia de los exámenes de ADN que se estaban haciendo sobre las camionetas y los materiales extraídos de los allanamientos a los escuadrones de Gendarmería. Cuando ayer se conoció que había dado negativa la compatibilidad con el perfil genético de los Maldonado, la ministra de Seguridad se apresuró a afirmar: “Esto despeja muy fuertemente las acusaciones de una desaparición forzada”. Desde los organismos de derechos humanos recordaron que las camionetas fueron manipuladas por los gendarmes. “El resultado negativo de los ADN no tiene ninguna implicancia. Absolutamente ninguna. Simplemente que en la camioneta que ellos dieron no había muestras. Ya había testimonios de que la Gendarmería cambió, lavó y manipuló las camionetas”, advirtió José Schulman, de Liga Argentina por los Derechos de Hombre (LADH). Desde el Gobierno le negaron a la ONU la posibilidad de abrir una comisión especial por Maldonado”, añade.
Ante el caso Maldonado, el Gobierno viene probando todas las versiones posibles: fomentó la idea de que un puestero había acuchillado a Maldonado y este había sido escondido por la RAM (esa entidad que el oficialismo agita). La versión la sostuvieron pese a una sucesión de testimonios y hasta videos que la desmentían, dado que lo mostraban a Maldonado sano y salvo después de la cuchillada. Pero el Gobierno solo acusó recibo cuando un examen de ADN descartó esa versión. En ese momento, retiraron de la escena a Patricia Bullrich, quien había hecho una defensa a ultranza de la Gendarmería y había sostenido que les creía cuando decían que no habían hecho nada.
Con el paso de los días, luego de cuestionar la credibilidad de los testigos que más comprometían a los gendarmes y sugerir que Maldonado podría estar escondido en alguna parte, comenzaron a instalar la idea de que podía haber uno de ellos que hubiera cometido un “exceso”. La versión se corporizó cuando entregaron al juez una lista de gendarmes que se encontraban en la zona del río. E hicieron trascender que le apuntaban a uno de esos gendarmes, que podría haber actuado en medio de una suerte de emoción violenta. A diferencia de la hipótesis de que se lo llevó la Gendarmería, el Gobierno no ha dado a conocer testigos ni pruebas materiales que apoyen esta especulación. Además, el CELS denunció ayer que los testimonios de gendarmes que aportaron a la causa ya los tenía el 16 de agosto y recién los sumaron al expediente el 10 de septiembre, sin que exista una justificación para esa tardanza (ver aparte).
En los últimos días, los funcionarios macristas volvieron sorpresivamente a señalar que el presidente Mauricio Macri consideraba una cuestión clave los exámenes de ADN de las muestras genéticas que extrajeron de los regimientos y las camionetas. “Esta es una prueba central y casi definitiva para verificar o descartar la hipótesis que han planteado algunos testigos que son bastantes sospechados”, afirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano, antes de que se hiciera público el resultado negativo de las pericias. Como adelantó PáginaI12 en su edición de ayer, esto era el paso previo para sostener que sin material genético en las camionetas, quedaba totalmente descartado que lo hayan trasladado en esos vehículos. En rigor, existen diversas formas de evitar que queden muestras genéticas o de limpiarlas con químicos, por lo que en una investigación normal un resultado negativo no descartaría esa línea de investigación, mientras que un resultado positivo lógicamente la hubiera confirmado.
No es ése el razonamiento que buscó instalar el oficialismo. En un breve contacto con la prensa, la ministra de Seguridad sostuvo: “Hoy lo más importante de la causa Maldonado es que la prueba de ADN dio negativa en las camionetas y aleja la hipótesis de un plan sistemático. Es para nosotros fundamental, muy profundo y muy importante: todos los ADN han dado negativo en todos los transportes de la Gendarmería”, remarcó Bullrich. “No quiero hacer una lectura… dio negativo. Es muy importante. Despeja muy fuertemente lo que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada y nos abre ventanas a otras hipótesis que siempre hemos planteado”, sostuvo. Luego se retiró sin contestar más preguntas.
La ministra de Seguridad decidió así pasar por alto que el defensor oficial Fernando Machado había denunciado que las camionetas fueron lavadas antes de que se tomaran las muestras. Incluso había señalado que las fajas de seguridad de una puerta estaban rotas. El juez Guido Otranto, no obstante, no hizo lugar a su planteo: sostuvo que eso no era así y avanzó con los análisis de ADN, que dieron finalmente negativo.
En Balcarce 50, insistían ayer con que esto descartaba en forma definitiva la posibilidad de un traslado del cuerpo fuera de la Pu Lof. Un funcionario del Ministerio de Seguridad sostuvo ante este diario que no era posible que hubieran borrado las huellas. “Si las hubieran borrado, no se hubiera encontrado ningún material genético. Si lavaron las camionetas, ¿cómo es que se encontraron cabellos y otras evidencias para analizar?”, argumentaba. También volvió a desacreditar al testigo Matías Santana, quien aseguró que vio como se llevaban a Maldonado. “Confunde los camiones. No es creíble”, remarcó.
“El resultado negativo de los ADN no tiene ninguna implicancia. Absolutamente ninguna. Simplemente que en la camioneta que ellos dieron no había muestras. Ya había testimonios de que la Gendarmería cambió, lavó y manipuló las camionetas”, advirtió José Schulman, de Liga Argentina por los Derechos de Hombre (LADH). “Mientras tanto, Santiago Maldonado sigue desaparecido y el Gobierno sigue encubriendo. Y el encubrimiento es generar una versión falsa de lo ocurrido. La versión de que un gendarme se enojó, no quería pero lo golpeó y se cayó al río puede estar preparando algún hallazgo macabro”, advirtió Schulman sobre el rastrillaje en el río Chubut.
En línea con su posición de que no existió una desaparición forzada –que no es sinónimo de un plan sistemático– el Gobierno rechazó ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) la posibilidad de crear una comisión que se ocupe de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El encargado de transmitirles la negativa a la ONU fue nada menos que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien se reunió con el delegado de Acnudh para América Latina, Américo Incalcaterra. Peña sostuvo que no coincidían con la advertencia que les hizo la ONU a la Argentina por la “falta de progreso” en la causa judicial y las ratificó que no iba a crearse ninguna comisión porque la investigación debe llevarla adelante el juez. Le propuso seguir con el diálogo. Se aclaró a la prensa que todo fue expresado con mucha “cordialidad”. Luego, Incalcaterra se comunicó con la familia de Maldonado para informarles de la respuesta negativa del Gobierno a abrir otra vía para esclarecer la desaparición de Santiago Maldonado.
En otra nota, Página 12 consigna este mismo martes: Los uniformados, que declararon como testigos, aseguraron que el gendarme Neri Armando Robledo había herido con un piedrazo a uno de los manifestantes. “Nadie manifestó (ese día) que le habían pegado un piedrazo”, dijo Matías Santana.
Las colegas Adriana Meyer y Irina Hauser afirman que: Cuantos más elementos pretende mostrar el Gobierno como “aportes” al esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado, queda en evidencia con mayor claridad hasta qué punto el Estado administrado por Cambiemos adoptó una actitud encubridora de los gendarmes desde el minuto cero. La justicia federal comenzó a interrogar como testigos a los uniformados, quienes dicen haber escuchado que uno de sus pares hirió a uno de los “encapuchados” en alusión a los mapuches reprimidos en la Pu Lof de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto. Además, ayer los funcionarios macristas hicieron ostentación de los documentos que entregaron el domingo al juez federal Guido Otranto, que describen, desde el punto de vista de la Gendarmería, lo que pasó ese día. Son las actuaciones internas con las que determinó que no hubo ningún episodio de violencia institucional y cuyas conclusiones estaban ya en manos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando se presentó en la Cámara alta el 16 de agosto.
“Esto muestra que el Ministerio de Seguridad, en lugar de colaborar con una investigación que pueda encontrar a Santiago Maldonado y explicar lo que pasó, continúa especulando con la información. Este proceder es gravísimo y el ministerio debe dar explicaciones urgentes sobre por qué recién ahora aportó este conjunto de entrevistas con información clave para la investigación”, enfatizó Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y querellante en la causa. “Esta información fue recolectada el 16 de agosto, el mismo día que (Patricia) Bullrich mintió en el Senado y ya la tenían cuando el Poder Ejecutivo le presentó un informe al Comité de Desaparición Forzada de la ONU en el cual negaron cualquier tipo de participación de Gendarmería en el hecho”, agregó.
Los gendarmes Walter Ruiz Díaz, César Peralta y Juan Carlos Pelozo declararon ante el juez Guido Otranto durante varias horas pero tuvieron que aguardar hasta la tarde para salir porque en la puerta un grupo de manifestantes se había convocado para repudiarlos, lo que generó un enorme operativo de policías provincial y Federal. No se salieron del libreto que ya habían contado los primeros días ante Daniel Barberis, a cargo de la dirección de Violencia Institucional del ministerio de Seguridad, y quien dio por cerrada el 16 toda sospecha sobre la fuerza. Peralta y Ruíz Díaz relataron que estaban en una cocina de campaña en los cruces de las rutas 40 y ex 70, y ahí escucharon que el gendarme Neri Armando Robledo había herido con un piedrazo a uno de los manifestantes. “No vieron al que habría recibido la herida, estaban sirviendo el almuerzo en un Unimog”, dijeron a Páginal12 allegados al juzgado. En tanto, Pelozo dijo que se acercó al río, describió cómo ingresaron al predio recuperado por los mapuches por orden del comandante Pablo Escola “para tratar de que dejen de tirarles piedras”, mientras algunos de los perseguidos cruzaban el río y se iban a caballo. Según pudo saber este diario, Robledo no será llamado como testigo a la espera de que la fiscal federal Silvina Ávila evalúe si lo cita a indagatoria. También circuló otro nombre como el “elegido” a entregar como autor material, algo que podría quedar más claro las próximas declaraciones de otros gendarmes.
El lunes, en el sumario interno, Robledo había asegurado que formó parte de un grupo de ocho uniformados que llegó hasta el río y que le pegó un piedrazo a un hombre que estaba “a unos 30 metros” y que cruzó a la otra orilla, desde donde lo insultó. “Era una persona robusta y de casi dos metros de altura”, dijo Robledo. El Cels sostuvo que van a analizar las declaraciones testimoniales y las afirmaciones que hicieron los gendarmes para determinar si hay contradicciones y si tienen consistencia.
“El nuevo intento de encaminar la investigación hacia un homicidio culposo y, al mismo tiempo, alejarla de la desaparición forzada cosechó también el repudio del hermano de Santiago, Sergio Maldonado. “No son tres gendarmes, son todos culpables, incluyendo a la ministra (Patricia) Bullrich”, dijo desde Rosario, donde participó de unas jornadas de derechos humanos en la facultad de Psicología, junto a la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. “Es una falta de respeto minimizar en que fue un gendarme que tiró una piedra, y sería muy triste que esto termine con tres perejiles cuando acá actuó Benetton, (Pablo) Durán por la provincia de Chubut, y (Pablo) Noceti por la Nación, insistimos que esto sucedió en un contexto en el que somos hostigados, reprimidos y encarcelados, no es casual, iban a la caza de mapuches, por algo Noceti estuvo reunido el día anterior”, dijo la testigo Soraya Maicoño, en alusión a la reunión de autoridades policiales, provinciales y de Gendarmería en Bariloche el 31 de julio. La versión del “piedrazo” fue desmetida por otro testigo que ya declaró en la causa. “Ninguno manifestó que le habían pegado un piedrazo, no hubo heridos, solo algunos tenían perdigones en las piernas”, dijo Matías Santana, quien declaró cómo la Gendarmería se llevaba a Maldonado en una de sus camionetas”, añaden las colegas.
El juzgado federal de Esquel informó ayer que las muestras genéticas tomadas de los vehículos de la Gendarmería y del escuadrón de El Bolsón no son compatibles con el ADN extraído de los padres y hermano de Santiago Maldonado. En el mismo comunicado Otranto aclaró que está pendiente el peritaje del Unimog del escuadrón 37 José de San Martín. Ese camión, como así también la participación de efectivos de esa unidad, no estaba en los datos informados por Gendarmería en respuesta al juez, y fue a partir de que una de las partes detectó la patente en una foto que Otranto ordenó un tardío rastrillaje en ese lugar.
