“No hay ningún cambio por parte del Gobierno, sólo un intento de lavarse la cara”, dijo Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga por los Derechos del Hombre (LADH), el organismo que denunció al presidente Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por encubrir la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Nuevas pruebas vinculan a Pablo Noceti con la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Chubut.
Por Fernando M. López (*) Con el viaje a Esquel del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el informe ante el Senado del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno de Mauricio Macri quiso dar la impresión de que cambiaba su cerrada postura frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, caso que preocupa cada vez más dentro y fuera del país, pese a todas las operaciones mediáticas que se hicieron en el último mes para desviar la atención hacia otro lado.
“La hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería, pero eso se tiene que verificar”, dijo Avruj luego de reunirse con el juez federal a cargo de la investigación, Guido Otranto. Palabras similares utilizó Peña en el Congreso: “No damos por sentado que fue Gendarmería, tampoco que no lo fue. Eso lo tiene que decir el juez”.
Otranto recibió el martes el testimonio de un testigo clave, Matías Santana, que el 1 de agosto, tras el desalojo de la ruta 40, vio cómo los gendarmes irrumpieron a balazos en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, golpearon a Santiago y luego lo subieron a una camioneta blanca de la fuerza que salió “rumbo a Esquel”.
En las últimas horas también aparecieron más pruebas de la participación en ese operativo represivo de Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien asegura que su funcionario “estaba de paso” por el lugar.
El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, confirmó al ser interpelado por la Legislatura que Noceti no estaba de paso, sino que fue para coordinar con las autoridades de esa provincia y de Río Negro el desalojo de la ruta 40 ordenado por el juez Otranto. Por su parte, el periodista Juan Alonso publicó un documento interno de Gendarmería en donde se informa que el jefe del operativo, Diego Conrado Héctor Balari, había solicitado asistencia de la Policía chubutense poco después del encuentro entre Durán y Noceti, concretado durante la mañana del 31 de julio en Bariloche.
Sin embargo, en este punto Peña se mantuvo intransigente. No sólo defendió la gestión de Bullrich, sino que repitió el mismo discurso de la ministra para desligar a Noceti de la acción represiva que terminó con la desaparición de Santiago. “Que haya una foto de Noceti hablando con un gendarme no indica que él haya conducido el operativo”, sostuvo ante los senadores nacionales, y agregó: “El operativo fue ordenado por el juez y fue comandado por la gente que estaba allí”.
“Reafirman todo lo que han dicho desde el primer momento, defienden la palabra de Bullirch y la acción de Noceti, y no toman medidas concretas. No hay ningún cambio por parte del Gobierno, sólo un intento de lavarse la cara”, aseguró a Contexto la presidenta de la Liga por los Derechos del Hombre (LADH), Graciela Rosenblum.
La LADH es el organismo que denunció a Macri por encubrir la desaparición forzada de Santiago. La presentación penal, que también abarca a Peña, Bullrich, Noceti, Avruj y al ministro de Justicia, Germán Garavano, tomó impulso ayer con un dictamen en el que el fiscal federal Federico Delgado pide al juez Rodolfo Canicoba Corral que investigue si existió un “pacto de silencio” de las autoridades estatales.
Delgado recomendó además el apartamiento de Otranto, al considerar que la causa Maldonado “no puede estar en cabeza del mismo juez que articuló la intervención de la fuerza de seguridad” en el operativo del 1 de agosto.
Rosenblum celebró la decisión del fiscal y explicó que “esta es la primera vez que se usa la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas para plantear el delito de encubrimiento”.
“Si bien la desaparición forzada de Santiago sucede en Esquel y hay un juez interviniendo, existe responsabilidad del Ejecutivo nacional al no haber apartado inmediatamente a la Gendarmería de la investigación y del lugar. Y a esto hay que sumar todas las aberraciones que planteó la ministra Bullrich y el respaldo que le dio el Gobierno cuando afirmó que Noceti estaba paseando por la zona y se paró a saludar a un gendarme, negando así que hubiera dado la orden del operativo”, completó.
Para finalizar, Rosenblum dijo que “la sociedad argentina ya no acepta una desaparición forzada de nadie” y convocó “a seguir reclamando por la devolución de Santiago”, así como por “el juicio y castigo a todos los responsables”, incluido el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, “del que poco se habla pero que también tiene un grado de responsabilidad en estos hechos”.
(*) Docente de la Facultad Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Editor de AgePeBA. Texto publicado por Contexto.
