El fiscal federal le dio curso de esta manera a la denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios. En cuanto al juez de Esquel, Guido Otranto, remarcó que la causa Maldonado “no puede estar” en manos del mismo magistrado que “articuló la intervención de la fuerza de seguridad” cuando desapareció el joven.
En un dictamen emitido este miércoles, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral investigar al Gobierno de Mauricio Macri por el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que tuvo lugar el 1 de agosto pasado en la comunidad mapuche de Cushamen, provincia de Chubut, durante la represión de la Gendarmería.
La causa se inició a partir de una denuncia de Graciela Rosenblum y José Schulman, dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), con el patrocinio de Eduardo Barcesat y otros abogados del Instituto Arturo E. Sampay.
Además de apuntar contra Macri, la presentación de la LADH abarca al jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien comandó el operativo represivo que terminó con la desaparición de Santiago.
“Los denunciantes destacaron la existencia de un ‘pacto de silencio’ de las autoridades estatales y por eso denuncian el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En efecto, expresan que ‘las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social’”, señaló el fiscal en su dictamen, al que tuvo acceso AgePeBA.
Allí Delgado agregó que, según la LADH, “el Gobierno Nacional no ha dado, frente a su requisitoria, una respuesta satisfactoria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana ni a la comisión de la ONU sobre Protección de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada que también se ha dirigido al gobierno y ha calificado la situación de Santiago Maldonado como desaparición forzada”.
En este marco, Delgado solicitó a Canicoba Corral que pida copias de todo lo actuado en el Juzgado Federal de Esquel sobre el caso Maldonado y recomendó el apartamiento del magistrado que lleva a cabo la investigación, Guido Otranto.
“La investigación por la desaparición y búsqueda de Santiago Maldonado no debe permanecer aquí, debido a la manda del artículo 37 del citado Código Procesal que establece que debe intervenir el tribunal del lugar donde ocurrieron los hechos. No obstante, consideramos que no puede estar en cabeza del mismo juez que articuló la intervención de la fuerza de seguridad”, subrayó Delgado en alusión al operativo represivo del 1 de agosto.
En cuanto al encubrimiento denunciado, sostuvo que “es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional y para ello la primera de las diligencias es compulsar el expediente judicial en que se objetiva la búsqueda”.
Entre las medidas, también solicitó requerirle a Marcos Peña “que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”.
