Sucede que con Macri, la Gendarmería Nacional tan sólo volvió: a ejecutar desapariciones forzadas y disparos por la espalda. Es decir se trata de una fuerza federal cuyas capacidades represivas no fueron inventadas por la actual administración sino que vienen preexistiendo, y de larga, larguísima data. La desaparición forzada de Santiago Maldonado luego del operativo de represión en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, puso en evidencia casi como nunca antes las prácticas de control represivas que busca instalar el gobierno de Mauricio Macri, y que los funcionarios que pertenecen a Cambiemos reproducen en todo el territorio nacional. Pero esa instrucción represiva no sería posible sin la estructura de una fuerza de seguridad federal previamente especializada en esas funciones, desde hace décadas y muy pocas veces apenas si “controlada”. Los efectivos de la Gendarmería Nacional ya suman varias intervenciones represivas contra todo tipo de manifestación popular y a favor de un gobierno que hace todos los esfuerzos por complacer los intereses de esa trilogía que componen el Estado, las fuerzas policiales y el empresariado; de la misma manera que la misma fuerza gendarme fue cómplice durante la última dictadura cívico-militar de encubrir desapariciones, e incluso antes, cuando llevó adelante procedimientos ilegales para aniquilar los intentos revolucionarios del Ejército Revolucionarios del Pueblo (EGP), la organización político militar encabezada por el periodista Jorge Ricardo Masetti, en la década del ’60 del siglo pasado.
Por Carlos López / Desde la asunción de Macri, la Gendarmería pasó a ser una fuerza que, si bien ya era utilizada para responder ante grandes protestas o movilizaciones sociales –incluso con su aplicación en la represión al delito en el área Metropolitana durante los últimos años cumplió funciones de control social y criminalización de la pobreza -, ahora tiene como objetivo primario cercar a quienes se muestren contra las políticas de Cambiemos y sus empresarios amigos. Esta es la situación que atraviesan los trabajadores de la petrolera Tecpetrol, que por orden de la directiva comenzó en los últimos meses un programa de despido de personal. Debido a esto los empleados comenzaron un plan de lucha que fue respondido por la empresa con un insólito permiso para que dos camiones repletos de gendarmes puedan ingresar al predio del yacimiento que se ubica en Chubut para intimidar a los trabajadores y frenar las jornadas de lucha. Esta semana y antes de la última reunión del próximo lunes entre el gremio y la empresa, el titular del Sindicato de Petroleros Privados, Marcos Gallardo, le comentó al diario Página/12 que “nos quieren hacer creer que no hay vuelta atrás. La amenaza es directa. Nos dicen que hagamos los paros que hagan falta pero que nos la vamos a tener que ver con la policía”. No sólo que Gendarmería controla el predio de la empresa, sino que además fue utilizada como fuerza para golpear a los trabajadores luego de que a principio de este mes iniciaran una toma pacífica en el lugar, lo que derivó en ataques con balas de goma con el apoyo logístico de la Policía, aunque los propios heridos aseguraron que los disparos fueron realizados también desde una camioneta de la empresa.
La misma situación de hostigamiento es la que atravesaron periodistas de la revista Cítrica y de Canal 4 de Esquel, que denuncian a través de las redes sociales que fueron amedrentados por efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal, cuando intentaban acercarse a la zona donde fueron reprimidos los mapuches del Pu Lof para entrevista a una familia que fue testigo de la detención de Maldonado, lo que se debería investigar como una posible desaparición forzada de personas, aunque la causa no lo indique de esta manera en la carátula. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y su filial el Sindicato de Trabajadores de Prensa del Noroeste de Chubut denunciaron que el periodista Dante Lobos y el camarógrafo Eduardo “Coqui” Milani fueron amedrentados por efectivos policiales, que luego de esto impidieron el paso de los profesionales, violando el derecho a la libertad de prensa y de esta manera ocultando el operativo que se realizaba en la zona.
A su vez, el pasado martes se dio a conocer una denuncia anónima producida por la detección de un «mal desempeño» por parte del personal de la Gendarmería Nacional que cumple funciones en el Escuadrón 6 de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Fue por ello que el juez federal Pablo Sero ordenó un allanamiento para iniciar la investigación por una supuesta faltante de drogas que habían sido detectadas en operativos pasados contra el narcotráfico. Este hecho se suma a las irregularidades que Gendarmería mantiene habitualmente para desempeñar las funciones de control social, tal como ocurrió con la detención ilegal de Maldonado, cuestionada por la ONU y luego por la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos organismos internacionales que le exigen al Estado argentino que se brinden las garantías para dar con el paradero del joven oriundo de 25 de Mayo desaparecido. A partir de la intervención de la CIDH, una medida cautelar obliga al gobierno de Macri a responder en diez días, tomados a partir del 22 de agosto, con informes periódicos sobre las acciones que despliegue para conseguir la aparición con vida de Maldonado, más conocido por sus amigos como “El Brujo”, quien cometió el delito, a mirar de Cambiemos y del Ministerio de Seguridad, de sumarse en la lucha de una causa tradicionalmente injusta contra la comunidad mapuche, en reclamo de las tierras que fueron sustraídas con el aval de los gobiernos de la Argentina y Chile.
El gobierno de Macri, encubierto entre las funciones del Estado y protegido por los amigos mediáticos que llevaron a Mauricio al poder, utiliza hoy a las fuerzas de seguridad para profundizar la criminalización de la protesta que mantiene el discurso oficial que ubica como violentos a los trabajadores y colectivos minoritarios que se manifiestan en la legítima defensa ante la vulneración de derechos humanos y sociales como los despidos en fábricas, industrias y empresas de diferentes sectores. En julio pasado unos 600 trabajadores tuvieron que reclamar ante Pepsico esa cantidad de despidos injustificados, donde la respuesta del gobierno fue el envío de cerca de 600 gendarmes -uno por cada trabajador- para desalojar y reprimir sin mayores intenciones de llegar a un acuerdo pacífico, en industria ubicada en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López. En ese mismo mes, empleados del Hospital Posadas denunciaron que fueron intimidados por Gendarmería Nacional por intervenir en una disputa gremial que mantenían unos 300 enfermeros y enfermeras, y a su vez obligar a los trabajadores a realizar interminables jornadas laborales de 12 horas. En junio, ya se había vivido una situación de tensión similar cuando efectivos ingresaron armados a la sede Campus de la Universidad Tecnológica Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde utilizaron las instalaciones sin restricciones, a pesar de la Ley de Educación Superior N° 24.521 sancionada y promulgada en 1995, establece que «la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida».
Ya en febrero de este año, Gendarmería formó parte de la guardia permanente que junto a la Policía realizaron las fuerzas de seguridad frente a las puertas de la planta de Volkswagen de Pacheco, en el Gran Buenos Aires, luego de que los trabajadores de la industria comiencen una medida de fuerza contra el plan de suspensiones firmado por el SMATA y la empresa Volkswagen. Pero este hostigamiento no es simplemente parte de una orden momentánea, ya que los gendarmes han conseguido con el gobierno PRO una libertad de acción en distintos municipios del Conurbano Bonaerense para dar rienda suelta a los golpes y las detenciones ilegales. En diciembre del año pasado el gendarme Emanuel Elio Moyecundo mató de un disparo por la espalda a Martín Arabia, luego de que intentara evadir un control de tránsito con su moto. Este episodio ocurrió luego del tan anunciado envío de 600 gendarmes que Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal dispusieron para el territorio bonaerense como posible solución a los altos índices de inseguridad, lo que no es más que un mito infundado sobre la aparente transparencia de la Gendarmería Nacional, fuerza que ahora encuentra vía libre para volver a las peores prácticas de la historia argentina, como las desapariciones forzadas de personas que se vivieron en la dictadura militar o el gatillo fácil en los barrios más humildes, acción casi de rutina durante la década del ’90 y que luego de ella continuaron desempeñando otras fuerzas de seguridad como la Policía Bonaerense. Estas políticas sociales que fomentan la crueldad y el abuso de poder, son las que permiten que ciertos efectivos comentan acciones como hizo el gendarme que asesinó a sangre fría a Kevin Elías Zerón Santoro, de 18 años de edad, en Wilde, partido de Avellaneda. A principio de marzo pasado, el adolescente fue asesinado con el arma reglamentaria del gendarme cuando volvía a su casa para cenar con su novia y su familia, luego de que días antes en un episodio vecinal filmara con su celular al oficial amenazando a su familia con el mismo arma que utilizó para asesinarlo.
Aprovechando el silencio mediático que invade las pantallas de TV, la Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad que intenta mostrarse desligada de ilegalidades pero que tuvo una participación activa en distintos momentos crueles de la historia nacional, tal como ocurrió en el papel fundamental que cumplió en la detención de Ernesto Joubert, el 27 de mayo de 1977 frente a las puertas del escuadrón de Junín de los Andes, donde fue sometido a golpizas y torturas, y luego trasladado a “La Escuelita”, donde continuaron sus padecimientos físicos y psíquicos, acciones por las que fue imputado el gendarme retirado Emilio Jorge Sachitella, finalmente condenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén a cinco años de prisión el año pasado, en la misma causa que fue condenado el ex militar Jorge Osvaldo Gaetani. Entre otros casos ocurridos durante el Proceso Militar, la Gendarmería fue también cómplice de la empresa Compañía Minera Aguilar para secuestrar en 1978 en Jujuy al sindicalista Avelino Bazán, quien lideraba un paro en la fábrica en una lucha activa por las reivindicaciones laborales de los obreros. Acaso éstas similitudes con la complicidad que hoy Gendarmería tiene para “cazar” -así se escucha en los videos donde gendarmes atacan a los mapuches publicados la pasada semana- a quienes luchan por sus tierras, en contra de los grandes empresarios que manejan las explotaciones de la zona de Chubut.
Anteriormente en la década del ‘60, Gendarmería fue la principal fuerza de acción contra el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) comandado por Jorge Masetti. En septiembre de 1963, la fuerza que era conducida por el general Julio Alsogaray, hermano del economista Álvaro, y por el mayor Héctor Báez, comenzó su despliegue hacia Salta, para frenar el foco de lucha popular revolucionaria encabezada por Masetti, el legendario periodista de la Revolución Cubana y hombre de la máxima confianza del comandante Ernesto Che Guevara.
A comienzos de marzo de 1964, luego de un enfrentamiento armado con los guerrilleros, Gendarmería se apoderó de un campamento ubicado en La Toma, con la detención de cinco personas. Masetti, “ el Comandante Segundo” intentó continuar con su despliegue hasta que en abril de ese año una nueva intervención de los gendarmes prácticamente aniquiló a su columna. Jorge Ricardo Masetti permanece desaparecido desde el 21 de abril de 1964.
Gobernaba entonces Arturo Illia, quien dos años después sería derrocado por el general Juan Carlos Onganía, quien dio comienzo así a la dictadura militar – “la dictablanda” en comparación con los genocidas del ’76 – que llegó a su fin el 25 de mayo de 1973 con la asunción del presidente Héctor Cámpora y la posterior llegada al gobierno del general Juan Domingo Perón.
Llamativamente el argumento de Gendarmería y del Estado nacional utilizado en aquel momento fue que Masetti no se encontraba en el grupo que fue interceptado por las fuerzas de seguridad, la misma excusa que se intentó imponer mediáticamente con Santiago Maldonado en Chubut, pero que gracias a los videos que los mapuches pudieron capturar al momento de la brutal represión, quedó sin efecto en las horas siguientes a la desaparición del joven, a pesar de los intentos incansables de la ministra Patricia Bullrich y los medios del Grupo Clarín para limpiar las manos manchadas de la Gendarmería Nacional, la misma fuerza que supo desaparecer y torturar y que hoy vuelve para “enseñarle” a los jóvenes lo que puede ocurrir cuando se oponen a las reglas del juego neoliberal.
El cinismo macrista al parecer es contagioso, ya que el pasado fin de semana en un festejo organizado en la República de los Niños por el Día del Niño, los efectivos de esa fuerza exhibieron ante infantes el armamento y elementos utilizados para la represión y detención, iguales a los que fueron utilizados para desaparecer a Santiago Maldonado, iguales a los que seguramente van a seguir utilizando en la Nación PRO.
