Lo había adelantado esta mañana la familia de la víctima, constituida como parte querellante, y lo confirmó más tarde la Fiscalía Federal de Esquel. Se estableció además una ampliación del secreto de sumario por otros diez días corridos.
La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, accedió al pedido de la familia de Santiago Maldonado y solicitó al juez Guido Otranto el cambio de carátula de la causa “desaparición forzada de persona”, lo que implica poner el foco de la investigación en la Gendarmería.
“Hoy, 24 de agosto de 2017, nos reunimos con la Fiscal Subrogante a cargo de la causa penal 8232/2017. Nos informó que la investigación es sobre el delito de desaparición forzada de Santiago y dio curso a nuestro pedido de recaratulación; que a fin de continuar con las medidas adoptadas en tal sentido solicitó el secreto de sumario por 10 días corridos más; que solicitó a la Procuración General diera curso a nuestro pedido de integración del equipo de investigación”, señaló esta mañana la familia en un comunicado.
La información fue confirmada más tarde en la web oficial del Ministerio Público Fiscal, que además indicó que colaboran con la investigación “el fiscal general Felix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), que ha iniciado su intervención de asistencia a los familiares de Santiago Andrés Maldonado”.
Sobre el establecimiento del secreto de sumario, la Fiscalía Federal de Esquel explicó que “tiene como principal objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma, tanto en su producción como en su resultado”.
También detalló que además de investigar la desaparición forzada de Maldonado, la fiscal Ávila busca determinar si existieron “otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Departamento Cushamen, que ocupa el predio en conflicto territorial desde el 15 de marzo de 2015”.
“Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto. En este contexto, se han ordenado medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenecen a la fuerza preventora”, destacó el comunicado.
La decisión de Ávila constituye un fuerte revés para el Gobierno de Mauricio Macri, que negó desde un principio que el caso Maldonado se tratara de una desaparición forzada en un intento por encubrir a la Gendarmería, pese a los testimonios de testigos y los indicios de la investigación que apuntaban en esa dirección.
