Textos que analizan y otros que admiten la estrategia del gobierno de Mauricio Macri en su rumbo hacia una Argentina para pocos, inscripta en esta última ola de globalización neoliberal, en la que el capital concentrado y las corporaciones transnacionales, otra vez las financieras en primer orden, se están quedando con la producción social de este país, en estado, una vez más, de desguace deliberado.
En su renovada ofensiva sobre la región, las derechas buscan avanzar violentamente sobre los derechos y las libertades de los pueblos. Los objetivos del capitalismo más explicito se asumen desde un recargado arsenal de ideas neoliberales que, retrocediendo el reloj de la historia, buscan derrotar las conquistas logradas por la lucha de clases y profundizar las políticas de explotación y exclusión de la clase trabajadora. Un claro ejemplo de las políticas lo está brindando la situación brasilera. Tras el golpe político, económico y mediático que impuso el impeachment contra Dilma Rousseff, la administración de Michel Temer logró aprobar en el Parlamento una reforma laboral que nos retrotrae a la situación de los trabajadores y trabajadoras a la existente en el siglo XIX. Así escribe el sociólogo y director adjunto del CEFMA, Marcelo F. Rodríguez en un artículo publicado esta semana por la ALAI y que pasamos a citar en forma extensa.
Los puntos centrales de la nueva ley laboral aprobada en Brasil establecen por ejemplo que las patronales pueden negociar directamente con los trabajadores sus salarios y condiciones laborales más allá de su representación sindical, así se establece uno de los puntos nodales de la reforma: destruir la organización de los trabajadores, ya que estos acuerdos por sector, empresa o individuales, pasan a ser más importantes que las convenciones colectivas. En el mismo sentido, la contribución sindical, hasta ahora obligatoria y equivalente a un día de salario al año, pasa a ser voluntaria y se flexibilizan las condiciones de despido estipulando que el monto de las indemnizaciones no tendrá como referencia el salario del trabajador, mientras que el período del preaviso baja de 30 a 15 días. La nueva legislación cambia las reglas de los litigios laborales. El trabajador que litigue deberá manifestar cual es la indemnización a la que aspira acceder al fin del juicio y si este no le es favorable, deberá pagar sus costas. Como si esto fuera poco, se habilita la jornada laboral de 12 horas, el tiempo de almuerzo o descanso durante la jornada laboral puede ser reducido a 30 minutos y las embarazadas podrán ser obligadas a trabajar en ambientes no del todo salubres si se presenta un certificado médico que asegure que no hay riesgo para ella o el feto, dice la misma nota.
Y añade: Una reforma que refleja el modelo de flexibilización laboral que el gobierno quiere imponer en Argentina, respondiendo a la misma matriz ideológica que el gobierno de Temer. No casualmente, a pocas horas de que se había perpetrado en el Senado brasileño la votación que daba inicio al juicio político contra Dilma Rousseff y la suspendía en su cargo, la Cancillería argentina dio a conocer un comunicado en el que manifestaba su apoyo a este proceso y fue el primero en reconocer al gobierno de Temer. Hace un año, en julio del 2016, el presidente Macri afirmaba en un reportaje a La Nación que necesitamos “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”, hacia esto en consonancia con un editorial del mismo diario del 26 de julio de 2016 titulada “Un cambio inevitable en las relaciones laborales”.
En el verdadero pliego de condiciones que estableció esa editorial de La Nación hace exactamente un año, se pedía entre otras cosas normas laborales que sean lo “suficientemente equilibradas para proteger a quienes aportan su trabajo, pero sin por ello alcanzar a desalentar la inversión ni afectar la productividad” y reclama que la negociación salarial y de condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa, dando preferencia a los acuerdos laborales de nivel menor (empresa o sector geográfico) por sobre los acuerdos colectivos o paritarias en el nivel de sector de actividad. Sin eufemismos, se plantea que la mejor forma de incentivar la creación de puestos de trabajo pasa por “flexibilizar y facilitar la contratación y que a la vez se brinden garantías para que no se produzcan contingencias imprevisibles y desproporcionadas”, sin dejar de remarcar que “la indemnización por despido debería sustituirse por un sistema contributivo que ampare al trabajador frente al desempleo”. Todas estas medidas a la carta de verdaderos gobiernos de la clase explotadora.
En materia de jubilaciones, la Red Eco Alternativo señala en el artículo “¿Qué le recomendó hacer con las jubilaciones el FMI al gobierno de Macri?”, del pasado 26, que “un informe entregado en noviembre de 2016 por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri, da recomendaciones para transitar el camino de la reforma del sistema previsional argentino. Suba en la edad jubilatoria para las mujeres, baja en los montos de jubilaciones y pensiones, son algunas de las sugerencias. En julio de 2016, en el marco de la llamada Ley de Blanqueo, se aprobó la Ley de Reparación Histórica. Esta norma establece la reforma del sistema previsional argentino para lo cual deberá crearse una comisión que, en no más de tres años, prepare el proyecto para su presentación al Congreso. Poco después, en noviembre de 2016, el Fondo Monetario Internacional le presentó un estudio al gobierno de Mauricio Macri por el cual le hace recomendaciones para esa reforma del sistema previsional”.
Las abogadas previsionalistas Paola Gallo Peláez y Andrea Vlahusic están realizando un pormenorizado estudio del texto de este informe que es la clave para tener la certeza que la reforma que se viene nos retrotrae a la legislación de los 90. En una entrevista realizada por Red Eco, Gallo Peláez afirmó que estas “recomendaciones” apuntan volver a los que en aquella década se llamó la nueva ortodoxia previsional, inventada por el Banco Mundial y el FMI.
Y continúa ese medio, “a continuación compartimos algunos párrafos seleccionados por las abogadas y traducidos de este informe en inglés, que sirven para sustentar esa afirmación”.
• La necesaria reducción del déficit fiscal debería basarse en la racionalización del gasto público
• Salarios, jubilaciones y subsidios en materia energética han ido aumentando durante los últimos 8 años hasta alcanzar un 11% del PBI. De hecho, el gasto público en Argentina es actualmente el más elevado de América Latina y uno de los más altos entre las economías de mercados emergentes. Mucho puede ser hecho para fortalecer el manejo del gasto público, mejorar la gobernabilidad e incrementar la eficiencia del gasto público. Específicamente, las medidas debieran apuntar a: (…) Reducir los desequilibrios en el sistema previsional. Es necesario efectuar un examen serio del sistema previsional a fines de restablecer su sustentabilidad financiera y reducir el pasivo previsional que inevitablemente recaerá sobre los jóvenes y/o las próximas generaciones argentinas. El gasto en pensiones aumentó rápidamente durante la última década, pasando del 4,8% del PBI en 2008 al 7,4% del PBI en 2015.
• Los beneficios previsionales están atados al aumento de los salarios y al aumento de las ganancias de la ANSES por distribución de dividendos. Esta fórmula hace que los haberes aumenten a tasas superiores a la inflación y que suban más rápido cuando el crecimiento en la cantidad de beneficiarios es más lento. El indexar los beneficios de acuerdo a la inflación a partir de 2019 reducirá el actual déficit en alrededor de 20 puntos porcentuales del PBI.
• La tasa de sustitución (la relación entre el monto del beneficio y el último salario) es de alrededor del 72% del salario promedio, bastante por encima del promedio de los países de la OECD (53%). El bajar la tasa al 60% reducirá el actual déficit en alrededor de 10 puntos porcentuales del PBI.
• Un aumento en la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años a implementarse durante los próximos 10 años reducirá el actual déficit en alrededor de 10 puntos porcentuales del PBI.
• Las autoridades gubernamentales resaltan que el gradualismo y la flexibilidad son la clave para un proceso de reequilibrio fiscal exitoso. (…) En materia previsional, las autoridades reconocieron que el actual sistema enfrenta importantes desafíos a largo plazo y destacaron que están comenzando a estudiar el impacto del tipo de reformas sugeridas por el staff. Este análisis será una contribución a la recientemente conformada comisión para la reforma en materia previsional, que elaborará una reforma integral del sistema previsional argentino para fines de 2019. Asimismo, el gobierno señala que a la fecha la edad efectiva de retiro de las mujeres es de 63 años, lo que reduce el ahorro potencial de aumentar el mínimo de edad jubilatoria a los 65 años.
Durante la entrevista realizada por Red Eco, Renata Gallo, aseguró que hay un primer paso a dar por parte del gobierno que es dejar sin efecto la actual Ley de Movilidad Jubilatoria, que ajusta los haberes dos veces al año. El argumento es la necesidad de bajar el déficit de las arcas del Estado.
Comentó además que otras de las recomendaciones del FMI es la referida a la Pensión Universal para la Vejez.
“Para hablar de la pensión hay que retrotraerse a los años 90, a algo que se llamó la nueva ortodoxia previsional que fundamentalmente decía que el sistema previsional debía separarse lo que era el ahorro por un lado y la distribución de la riqueza por el otro. Por supuesto trayendo a las administradoras privadas (AFJP) para dedicarse al ahorro, porque en teoría eran las más eficientes, las mejores, las idóneas para garantizar el ahorro de los argentinos y separarlo de la distribución de la riqueza. Para eso decían que había que crear un beneficio que sea No contributivo (o sea, que pueda darse sin que las personas que lo recibiesen deban aportar) y un monto fijo. Eso no llegó a concretarse. Esa era la esencia de la nueva ortodoxia previsional. Hoy cuando vemos la Pensión Universal a la Vejez nos encontramos que es un beneficio absolutamente coherente con los principios de la nueva ortodoxia previsional de los 90, inventada por el Banco Mundial y el FMI”.
La actual Pensión Universal para la Vejez es no contributiva, de valor menor a la mínima (alcanza un 80% del haber jubilatorio mínimo), no es heredable, y es incompatible con otros beneficios (quien la reciba no debo cobrar absolutamente nada de nada para poder percibirla).
“Cumple con todos los requisitos de los que había imaginado el FMI y el Banco Mundial para los 90 que ahora lo traen y lo cristalizan. ¿Quién creó esta pensión universal para la vejez? También la Ley de Reparación Histórica, ley que ha pensado muy bien cómo traer el paradigma neoliberal de los 90”, afirmó la abogada a Red Eco.
Por último, citamos un artículo de la colega Jorgelina do Rosario, publicado el 27 por Infobae: “La OCDE recomendó a la Argentina abrir la economía y que más personas paguen Ganancias”: El Gobierno sabe que es un camino que se recorre paso a paso, pero quiere ser parte del club de países desarrollados. Para ser miembro de la de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) no solo tiene que cumplir con una larga lista de requisitos, sino que también debe ser examinado.
Luego de 20 años sin un informe sobre el país, la organización presentó en Buenos Aires un extenso reporte multidimensional sobre las condiciones de la economía argentina, sobre todo enfocada en el gasto público, el déficit fiscal, la necesidad de una reforma impositiva y el peso de las jubilaciones en términos de sostenibilidad de cara al futuro.
En síntesis, celebró avances en materia económica -como la reducción de la inflación y la vuelta a la senda de crecimiento- y al mismo tiempo dio su opinión sobre los cambios o reformas que se necesitan hacia delante.
«Tras años de políticas económicas insostenibles, la Argentina ha emprendido ambiciosas reformas». Y agregó: «Si se alinean los marcos de políticas argentinas con el promedio de la OCDE, se podría incrementar el PIB per cápita un 15% en 10 años».
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue el encargado de presentar el informe junto a la Sherpa (representante) del G20, Gabriela Ramos, y aseguró que es un «paso muy importante para acceder a la candidatura. Refleja nuestra visión y objetivos». Marcelo Scaglione, representante del organismo por la Argentina, estuvo en la presentación de los lineamientos generales.
Abrir la economía fue uno de los factores que saltaron en el reporte, ya que hay «barreras a la entrada y escaso cumplimiento de las normas que debilitan la competencia en los mercados de productos».
El camino de apertura conducirá, según Ramos, a «empleos que se pierdan y otros que se generen», y en este sentido aseguró que se deberán concretar políticas sociales para «moderar el impacto» de esos despidos.
En la misma línea, destacó que la economía «posee más barreras para los emprendedores si se lo compara con el resto de las economías miembros», y que se debe dirigir hacia una reforma tributaria que conduzca a un esquema más simple y un régimen laboral con mayor flexibilidad, aunque no mencionó puntualmente ninguna reforma.
Junto con la necesidad de achicar el déficit fiscal y reducir el gasto público, se hizo un apunte especial sobre los cinco cambios que recomiendan para la reforma tributaria.
Un capítulo llamó la atención dadas las discusiones y toma de decisiones que se dan en torno al Impuesto a las Ganancias. El organismo recomendó bajar el mínimo no imponible sobre la renta de personas físicas para que más personas paguen este tributo de forma progresiva, ya que se ubica en el nivel más alto como múltiple del salario promedio.
«El sistema de impuestos es poco eficente», destacó el informe, y apuntó a una reforma tributaria que no afecte a los ingresos con otros cuatro cambios en la columna vertebral de la estructura:
1. Eliminar gradualmente el impuesto sobre los ingresos brutos y sobre las transacciones financieras.
2. Ampliar la base imponible del IVA.
3. Introducir progresividad en las contribuciones a la seguridad social.
4. Disminuir temporalmente las contribuciones a la seguridad social para trabajadores con salarios bajos cuyos puestos de trabajo se integren al sector formal.
En Hacienda destacaron que “Estamos de acuerdo en la mayoría de recomendaciones, no en todas” (Hacienda)
En Hacienda destacaron que “Estamos de acuerdo en la mayoría de recomendaciones, no en todas” (Hacienda)
El reporte puso la lupa también en el gasto en jubilaciones. Hacia el futuro, prácticamente aseguró que no es sostenible si no se hacen cambios. Ante la consulta de Infobae, miembros de la OCDE aseguraron que «sería aventurado promover una reforma previsional específica», aunque destacaron que se produjeron cambios demográficos, tecnológicos y es «responsable adaptar los sistemas provisionales».
Miembros de la OCDE aseguraron que “sería aventurado promover una reforma previsional específica”
Para bajar el gasto público, se propuso seguir de forma progresiva la eliminación de los subsidios a la energía, a las empresas públicas y racionalizar el empleo público, aunque no amplió en detalles en estos capítulos.
«Estamos de acuerdo en la mayoría de recomendaciones, no en todas», respondió Guido Sandleris, jefe de asesores de la cartera de Hacienda, cuando Infobae lo consultó sobre la independencia del Banco Central (BCRA), un capítulo en que la OCDE aseguró que se debe seguir trabajando.
