La Corte Suprema benefició al único civil condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, al rechazar un recurso de queja interpuesto por el Consejo de la Magistratura.
Los genocidas están de fiesta con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego de la prisión domiciliaria al represor Felipe Jorge Alespeit y el repudiado 2×1 a Luis Muiña, los jueces del máximo tribunal decidieron otorgarle una jugosa jubilación de privilegio a Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.
La nueva resolución de la Corte fue firmada el 4 de julio último por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, aunque recién se conoció este martes a partir de un artículo del portal La Izquierda Diario.
Smart, condenado a perpetua en 2012 por delitos de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires, obtuvo vía libre para su jubilación en 2008, pero más tarde el Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió el beneficio.
Fue entonces cuando el genocida recurrió a la Justicia y obtuvo un fallo favorable por parte del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 7.
El Consejo de la Magistratura apeló, pero la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, integrada por Luis Herrero, Emilio Fernández y Nora Dorado, ratificó en 2015 el fallo de primera instancia y lo reconoció en el marco de la ley 24.018, que otorga jubilación de privilegio a quienes hayan ocupado altos cargos en los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
De esta manera, los camaristas mejoraron el haber previsional de Smart al elevarlo de la categoría de fiscal a juez de Cámara, retroactivo al 21 de septiembre de 2006.
El caso llegó hasta la Corte Suprema a través de un recurso de queja del Consejo de la Magistratura, representado por los abogados Andrea Viviana Etcheverry y Alejo Martínez Araujo. Sin embargo, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Rosatti y Maqueda lo consideraron “inadmisible”, convalidando así el otorgamiento de la jubilación de privilegio al único civil condenado por delitos de lesa humanidad en territorio bonaerense.
Tras rechazar el fallo, el abogado de derechos humanos Marcelo Parrilli detalló en su cuenta de Twitter que Smart cobraría unos “12 millones de pesos de retroactivo”.
