Habiéndose convertido en la punta de lanza de un estrategia de vaciamiento político del discurso político – método que lamentablemente casi todas las fuerzas electorales aplican en sus campañas – la derecha irredenta de Cambiemos logra, con una vuelta de tuerca a la hipocresía como método, proponer “soluciones” que nunca los serán porque así lo tiene previsto, para los problemas, las tragedias, que ella misma crea en forma deliberada. Por ejemplo la seguridad que tanto aflige a lo bonaerenses.
Por Carlos López / La Plata cuenta con al menos 129 asentamientos periféricos, en los cuales cientos de jóvenes viven marginados por falta de oportunidades de estudio y trabajo, siendo así víctimas ideales para que las fuerzas policiales – la Bonaerense es una especialista en ello – los utilicen como esclavos para delinquir. Luego, cuando el menor moleste en las calles, la “renovada policía” apela a la mano dura y al gatillo fácil como salvación, mientras la TV de Jorge Lanata y el discurso electoralista de la precandidata de Cambiemos a la Legislatura, Carolina Píparo, la festejan por “cadena nacional”; y ¡bingo!, la rueda continúa: la complicidad de las policías, de los poderes del Estado, de la corporación política y del aparato mediático concentrado con el delitos garantiza mano de obra obligada y eliminable, e impunidad.
En la capital bonaerense, el intendente Julio Garro promulga la mano dura como herramienta ante cualquier reclamo popular de las personas que se han quedado sin trabajo, además de que las puertas de la Municipalidad se encuentran valladas por completo. Desde que asumió, Garro ordenó en la misma línea que el gobierno nacional la salida a la calle de más efectivos policiales con el principal objetivo de perseguir a los más humildes, a los que se suma la juventud en su conjunto.
Para ello en La Plata se despliega un cerco entre la zona más urbana y céntrica de la ciudad, con controles policiales discriminatorios en las calles, y la exclusión sistemática en los al menos 129 asentamientos postergados, siendo así el distrito de la provincia de Buenos Aires con más cantidad de “villas de emergencia”.
Es por ello que, en este momento de crisis económica y vaciamiento de políticas sociales, la vinculación de los efectivos policiales con la delincuencia urbana alcanza un escenario ideal para profundizar la corrupción silenciosa con la que se margina y se utiliza a pibes y pibas pobres para delinquir.
En ese sentido, en una entrevista a Diario Contexto, el especialista en seguridad ciudadana, Roberto Samar, explicó que “estamos viviendo en una criminología mediática, esta idea que circula en los medios donde se hace hincapié en que nuestros miedos se controlan con mayor cantidad de policía. Lo que busca ese discurso es poner a los sectores más vulnerables en lugar de chivo expiatorio. Cuando alguien roba un auto canalizamos todo sobre el sector al que pertenece, pero detrás de eso hay un desarmadero de autos, probablemente hay un vínculo con la Policía o con un actor político, y luego lo que hay es una clase media que compra ese producto robado”, agregó.
Sumado a esto, este viernes se dio a conocer el informe “Trabajo e Ingresos” del Indec, la Universidad Católica Argentina y del Centro de Estudios para la Gobernanza en el que se registra que unos 14 mil jóvenes platenses no consiguen trabajo, según los datos correspondientes al primer trimestre de este año.
En el Gran La Plata actualmente la desocupación asciende al 8%, pero aún más preocupante es que de ese total un 37% son jóvenes de hasta 29 años. Meses atrás el gobierno había confirmado que el 9,2% de los argentinos, es decir al menos 1,7 millones de personas, se encuentran desempleadas. La falta de oportunidades y el escaso nivel de especialización o profesionalismo en los estudios también contribuyen a marginar cada día a más pibes y pibas.
El gobierno y su plan oscuro para dar rienda suelta a la inseguridad, que nunca viene sin mano dura y violaciones a los Derechos Humanos de los más pobres.
La inseguridad urbana es para el gobierno el mejor negocio para aplicar el famoso sálvese quien pueda. La provincia de Buenos Aires no queda aislada de una realidad de hechos delictivos permanentes que atraviesa a todo el país, y de la cual el gobierno es cómplice con el vaciamiento de las políticas sociales, los despidos masivos y la criminalización de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los robos, otros delitos contra la propiedad y los actos de violencia y en varios casos homicidios son vividos por la sociedad bonaerense – y argentina en general – como una de sus principales preocupaciones. Precisamente, una encuesta divulgada esta semana por la consultora Analogías asegura que el 29,5% de los bonaerenses temen por su seguridad, estadística que ante la consulta sobre las mayores preocupaciones se ubica sólo por debajo del desempleo (32,3%).
De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Seguridad bonaerense, en lo que va del año se 255 robos y actos de vandalismo en colegios de la Provincia. En este sentido, desde diferentes gremios docentes vienen advirtiendo que los propios maestros se ven forzados en ocasiones a dejar de asistir a las escuelas por la cantidad de robos y las situaciones de inseguridad extrema que tienen que afrontar.
Pero ninguna situación económica y social puede entenderse aislada de las decisiones que ha tomado Cambiemos, ya que en la mayoría de los casos de robos a establecimientos educativos la respuesta de la Dirección General de Escuelas no suele ser de contención ni acompañamiento, más bien los docentes son los únicos encargados de reponer los materiales por cuenta propia.
Los presupuestos destinados a seguridad tanto desde la cúpula provincial como en cada municipio han ido aumentando durante el gobierno de Cambiemos, pero precisamente lo que no se debate a fondo en los recintos de los Concejos Deliberantes ni en la Legislatura bonaerense es con qué fines se destinan cada vez más millones de pesos a un Ministerio de Seguridad que ha encontrado como única respuesta a la delincuencia sumar una gran cantidad de policías en las calles, cuando lo que en realidad sucede es que en casi todos territorios las propias fuerzas de seguridad son las que mantiene los pactos de complicidad con el crimen, prácticas con las cuales acumulan caudales de recursos monetarios en forma ilegal y con destinos también ilegales.
La gobernación de María Eugenia Vidal este mes puso en marcha la aplicación móvil “Seguridad Provincia” a través de la cual los bonaerenses pueden realizar denuncias de manera online, sin tener que asistir a una comisaría para “conformar un mapa real del delito”.
Cuesta creer que el Ministerio de Cristian Ritondo no tenga aún en claro un mapa que dé cuenta de las zonas con mayores problemas de seguridad urbana. En el lanzamiento de la aplicación, Vidal aseguró que se pone en marcha una medida que traerá “un cambio bien profundo” para que «se transparenten las cifras de delitos y que lleguen a los fiscales y así la justicia actúe».
Ritondo y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Julio Conte Grand apuestan a saldar la falta de respuestas y la decadencia estructural de las políticas públicas en seguridad con una aplicación que se puede descargar para iPhone o desde Google Play para Android. Todo a pedir de bocas de la trama de complicidades entre las fuerzas de seguridad, elementos de la Justicia y de las fiscalías, de la corporación política, del resto de los poderes del Estado y del aparato mediático concentrado.
Todo el armado del gobierno en torno a la seguridad no ha mostrado más que políticas de extrema derecha con requisas ilegales a jóvenes en los colectivos interurbanos; el avance contra las personas privadas de su libertad con la modificación de la Ley 24.660 que limita las salidas transitorias y las libertades condicionales; el aumento de más efectivos policiales en las calles como solución mágica al delito, y como no podía ser de otra manera el show televisivo montado desde los principales medios de comunicación afines al macrismo para ubicar a la inseguridad como un tema de clases, donde los pibes son “chorros” por ser jóvenes, discurso que replicó el pasado fin de semana Jorge Lanata en la entrevista a un menor de edad vulnerable. La derecha intenta instalar la mano dura como salida a una problemática estructural y educacional que ya elevó la cifra a 6,5 millones de menores de edad por debajo del límite de la pobreza, según los registros de UNICEF.
La mediatización de la mano dura tuvo su pico de rating en el programa PPT de Canal 13 con la exposición de “El Polaquito”, un niño de once años al que los periodistas de Lanata definieron como un veterano del delito, pero que para ello antes contaron con la complicidad de las fuerzas de seguridad y el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, que organizaron un secuestro del menor de Villa Caraza para obligarlo a salir frente a las cámaras y así exponer una situación de inferioridad que no es más que producto de la falta de oportunidades que genera la misma clase gobernante, que acompañada por el empresariado, fomentan la violencia y rivalidad social con políticas neoliberales de ajuste, hostigamiento y mano dura. La Argentina vive hoy en los barrios más humildes el remake de una película que ya se vio muchas veces, con menores en situación de desigualdad social y el aparato político policial a la espera de más oportunidades para hacerse de las calles. Precisamente ésa articulación es la que permite que los robos y asaltos urbanos sean cotidianos, definiendo un mapa del delito pero que lejos de ordenar busca profundizar la lucha de clases. Mientras tanto, la TV de Clarín con Lanata educa a la clase media con más odio y más rechazo hacia los mismos que el gobierno quiere exterminar.
