Que los viejos enfermen y mueran, el macabro plan de Cambiemos para reducir el “gasto público” y alimentar la riqueza privada

A Mauricio Macri no le alcanza con castigar a los jóvenes y a los sectores más vulnerables de la sociedad con el aumento de los servicios, la pérdida del salario real y carestía incontrolable de la vida, sino que además busca sacarse de encima a los aproximadamente 5 millones de jubilados que hoy se han quedado sin la cobertura del PAMI para más de 160 medicamentos, eliminados de la lista del organismo a través de la resolución 439 el pasado 27 de abril. El ajuste y la quita de asistencia en clínicas privadas y coberturas en medicina sólo es una parte del gran plan estructural que busca aplicar el gobierno nacional con el sistema previsional argentino, que así como sucedió en los ‘90 hoy vuelve a ser cultivo de fondos a disposición de los más oscuros negociados privados, avalados por la cúpula estatal.

Por Carlos López (*) / La política social y económica del gobierno de Mauricio Macri consiste en un ataque sostenido en el tiempo sobre los sectores más postergados y con menos posibilidades de defensa. Es por ello que al control policial sobre los jóvenes, la represión a trabajadores despedidos y el aumento de pobres también se le suma la falta de políticas asistenciales para jubilados y pensionados, a los viejos ellos y ellas de este país: macabro.

Es decir que Cambiemos castiga precisamente a todos los sectores que utilizaba como público a interpelar con la plataforma de campaña electoral, intentando cautivar con supuestas políticas de reconocimiento histórico y reinserción activa a la economía del país, algo que nunca fue posible con una alianza neoliberal que tiene como objetivo que los ricos sean aún más ricos.

Las últimas medidas del gobierno sobre la ANSES generaron un abrupto recorte en la cobertura de medicamentos. Ahora cada jubilado sólo recibirá cuatro remedios de forma gratuita como máximo, en diferencia a los diez que eran otorgados hasta este año. Además, esto se respetará sólo para los casos que cumplan con ciertas condiciones, entre las que se destacan el no poseer más de una propiedad, un auto de no más de diez años y no tener contratada una empresa de medicina como sostén adicional.

De igual manera, con el aval de la gestión de Cambiemos el año pasado el Ministerio de Salud no ejecutó los $7.200 millones del presupuesto asignado para ese año, y además se habilitó una considerable reducción del presupuesto que utiliza durante el corriente año la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Todo esto, al igual que la reducción de fondos en el PAMI son políticas sujetas a falsas promesas de generar un fondo para la construcción de hospitales, lo que no sólo es incomprobable sino que además está prohibido por el propio estatuto de la obra social.

Al mismo tiempo, el gobierno celebra el cumplimiento de un año de la sanción de la denominada ley de «Reparación Histórica» a jubilados y pensionados, con la cual Mauricio Macri y María Eugenia Vidal dicen reconocer las deudas con quienes hayan o no iniciado juicios contra el Estado por la mala liquidación de sus haberes. La misma ley también contempla la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional bajo el mando del Ministerio de Trabajo, lo cual se mantiene en secreto sin siquiera darse a conocer qué autoridades forman parte del Consejo. Es que bajo la supuesta Reparación Histórica el gobierno esconde el verdadero fin de la política social contra jubilados: lograr una reforma estructural contra el servicio de previsión social. La realidad de la Reparación Histórica es que para la ANSES los mayores beneficiados del plan de inclusión jubilatoria fueron las personas que hoy tienen más de 80 años, los cuales quedan excluidos de la reparación jubilatoria. Es así que de los aproximadamente 1,2 millones de personas mayores de 80 años, sólo un 40% puede aspirar a algún beneficio en el marco de la reparación histórica.

Al Programa lanzado por el gobierno se incorporaron un millón de personas, de las cuales hay más de 200 mil jubilados con reajustes inferiores a los $ 500 (el 20% del total), mientras que sólo el 10% tienen reajustes de más de $6.500. En tanto, unos 250 mil jubilados tienen incrementos entre $501 y 1.500, otros casi 300 mil entre $1.501 y 4.000, y unos 170 mil entre $4.001 y $ 6.500, de acuerdo a las cifras de la ANSES.

El supuesto millón de beneficiados por el Programa fue celebrado a fines de abril pasado por Macri en un acto en Pilar en el centro Santa Rosa de Lima. Como si fuera poco el aumento de los servicios (el gas es una de las mayores preocupaciones para los adultos mayores por los gastos que deben afrontar en épocas invernales) y los miserables aumentos que reciben los jubilados, el presidente además se encarga de mentirles en la cara, y hasta se animó a burlarse del consumo de pornografía por parte de los jubilados del Hogar San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la peor burla es la que sufren los jubilados en el bolsillo todos los meses. Según diversos reportes periodísticos publicados en abril pasado, “el 60% de los jubilados en el país cobran el haber mínimo de $6.394 y enfrentan una canasta básica de $14.500, lo que desprende que uno 3.400 millones de jubilados sólo acceden al 44% de la canasta básica”.

Es por todo esto que la única reparación que nunca vieron los jubilados es la falta de asistencia cotidiana a la que están expuestos con las políticas orientadas al vaciamiento del sistema previsional, lo que no hace más que profundizar problemáticas como la falta de ambulancias y camas en las clínicas y hospitales, la ausencia de médicos de cabecera, las complicaciones para retirar la medicación oncológica y de VIH en farmacias y los interminables trámites en las agencias de la ANSES, que cuentan con falta de personal y condiciones laborales adversas, lo que a su vez produce la demora de la resolución de casos en los que la protección de la vida parece pasar a un segundo plano.

En algunos sectores del país como en Mendoza, los jubilados se organizaron para enfrentar al ajuste macrista con medidas tanto judiciales como acciones sociales en las calles. Con el acompañamiento de la Federación de Jubilados y Pensionados, en esa provincia se realizó una movilización el pasado 29 de junio, ya que de los 100 mil jubilados que recibían medicamentos de manera gratuita en Mendoza, fueron perjudicados unos 76 mil, además de que 25 mil afiliados corren riesgo de no ser atendidos por la suspensión del acuerdo de atención médica con tres clínicas privadas.

El abandono de la ANSES llega a tal punto que la firma Odebrecht, involucrada en varios países de América Latina por casos de sobornos y corrupción, también fue beneficiada en la Argentina con operaciones fraudulentas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo, creado en 2008 como respaldo al sistema previsional y para fomentar la inversión en activos nacionales, luego del fin de las AFJP. Es por ello que en abril pasado fue elevada una denuncia penal contra la directiva del Fondo, integrada por el ministro de Finanzas Luis Caputo, el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Pedro Lacoste, el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, y el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso. La lógica empresarial de salvar y dar beneficios especiales a empresas extranjeras se repite en el área de la Salud como ocurrió en otros casos como las empresas que son propiedad de la familia Macri.

Diario Contexto anticipaba hace dos meses la pérdida de 17 millones de pesos del fondo de respaldo para el pago de jubilaciones y pensiones. Esto fue posible por la venta de las acciones que tenía ANSES en la química Solvay Indupa y que pasaron a la brasileña Unipar Carbocloro, aceptando un módico precio de 3,46 pesos por unidad contra los 4,15 al que cotizaban. La venta de las acciones a manos extranjeras muestra la verdadera búsqueda neoliberal del macrismo de romper con el respaldo de la producción y el mercado nacional, en beneficio de otros intereses que poco tienen que ver con el crecimiento de los argentinos en su conjunto. Las ayudas que reciben las empresas extranjeras como beneficio del gobierno nacional poco tienen que ver con la realidad de los jubilados. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), “el 38% de los mayores de 60 años considera que los ingresos de su hogar son insuficientes para cubrir sus necesidades”, lo que se reafirma con la cifra de que uno de cada diez jubilados se encuentra en riesgo alimentario.

Ni los servicios, ni las irrisorias notas periodísticas de Clarín que justifican el ajuste pueden salvar a Cambiemos del hambre que hoy pasan los niños, jóvenes y que alcanza cada también a los jubilados argentinos. Pero los más adultos pueden estar tranquilos, ya que en la reunión del G20 en Alemania de la que participa Macri, el presidente prometió que la Argentina le ganará la final del mundial de fútbol del próximo año en Rusia a su par germano. Al menos los jubilados podrán esperar aguardar esa victoria, eso sí, si no es que antes mueren esperando que alguna suerte divina les consiga los medicamentos o algún gentil profesional los atienda en las clínicas que perdieron cobertura del PAMI. El pan y circo marketinero tiene la marca registrada de Durán Barba y lejos se encuentra de frenar, aún más en pleno inicio de la campaña electoral para las elecciones legislativas de este año.

(*) Periodista de la redacción de AgePeBa.