La orden fue dictada por el juez Martínez de Giorgi, quien allanó la sede del gremio con la Gendarmería y procesó al secretario general de SIVENDIA en el marco de una causa que ya había sido resuelta por la Corte Suprema. Desde el sindicato denunciaron una persecución política “como en los peores momentos de la dictadura”.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi allanó hoy el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA) y solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación que se designe un interventor en reemplazo de Omar Plaini.
La medida judicial fue dispuesta luego del procesamiento sin prisión preventiva del secretario general del gremio de los Canillitas, en el marco de una causa por supuestas irregularidades en las elecciones internas de 2013, cuando la lista de Plaini ganó por 3.800 votos contra 227. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que ratificó su triunfo.
El titular de SIVENDIA y diputado nacional alineado a Unidad Ciudadana se descompensó mientras se encontraba incomunicado dentro de la sede de la calle Venezuela 2365 y debió ser atendido por médicos del SAME. Horas antes, en medio del operativo, Plaini había logrado mantener un breve contacto con la prensa para asegurar que “esto es una causa política”.
“La causa quedó archivada y, sorprendentemente, después del cierre de listas, donde sólo dos sindicatos respaldamos la candidatura de Cristina Kirchner, nos encontramos con siete camionetas de Gendarmería para hacer un allanamiento como en los peores momentos de la dictadura”, señalaron más tarde fuentes sindicales al diario Página/12.
Cuando Plaini pudo salir a hablar abiertamente con los medios, denunció la intervención de un juez que “no tiene competencia en lo laboral” y consideró “evidente que acá hay una clara persecución política y jurídica por habernos expresado políticamente”.
“Se están violando todos los derechos. Hay un ataque al movimiento sindical argentino. Tenemos derecho a pronunciarnos políticamente y lo ratificamos: apoyamos a Unidad Ciudadana”, subrayó.
La intervención también fue repudiada por la CGT: “Es una vergüenza absoluta y evidencia claramente la intencionalidad del Gobierno de condicionar al sindicalismo más allá de la supuestas razones judiciales”, sostuvo Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales de la central obrera, y adelantó una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
