La Policía Bonaerense y las diferentes fuerzas que componen a las locales violan la Constitución en forma sistemática al revisar las pertenencias y detener en algunos casos a todas aquellas personas que sean “sospechosas por portación de cara o aspecto” de haber cometido algún ilícito imaginario, no probado y ni siquiera considerado como posibilidad, a menos que se acepte aquello que los regímenes autocráticos presumen: que todos somos culpables de algo hasta que demostremos lo contario, como en los tiempos de Videla y Ramón Camps, durante la última dictadura.
Por Carlos López / El hostigamiento policial comenzó en las líneas de colectivos interurbanas de distintos distritos, como La Plata y Quilmes. Pero para la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la violencia policial siempre está justificada; es por ello que cada día salen más y más efectivos a las calles. Cambiemos no sólo ajusta y empobrece al país, también persigue y detiene por “portación de cara”, como suelen decir los pibes y pibas hostigados por la policía durante también la época menemista.
Bajo la excusa de brindar más seguridad y tomando como punto de partida los casos de ataques a choferes de colectivos en distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal puso en marcha un plan de criminalización de ciertos sectores sociales, con requisas ilegales de efectivos de seguridad transportes públicos. Esto es lo que en La Plata comenzó a realizar la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad que dirige Julio Garro, uno de los intendentes macrista con más represiones contra la gente en su historial, con operativos sorpresa en los que obligan a los pasajeros a descender para requisarlos sin ningún tipo de justificación ni orden judicial.
El intendente macrista a principio de este mes justificó la inseguridad en el distrito platense como parte del accionar de “delincuentes que vienen de Ensenada y Berazategui”, apuntando a esas dos ciudades con la intención de marcar la diferencia entre “el bien y el mal, lo bueno y lo malo, algo que el gobierno de Mauricio Macri viene ensayando en el poder desde diciembre de 2015. Esto se suma a la propuesta del gobierno de simplemente sacar más y más policías a la calle, como respuesta a una problemática social que nace mucho antes que un delito, es decir que se relaciona directamente con la falta de oportunidades, la caída del empleo, los aumentos sin control del costo de vida y el vaciamiento en áreas indispensables para el desarrollo del país, como la educación y la industria.
Si bien la violencia policial, la represión y el control son prácticas que se esparcen cada vez más por todo el país, desde la provincia de Buenos Aires la Bonaerense aprovecha ser la fuerza más poderosa de todas, y aplica un marcado hostigamiento, principalmente contra jóvenes y sectores vulnerables.
El mes pasado, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), junto con la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), presentaron un informe en el que advierten un considerablemente aumento en las prácticas ilegales de la policía para detener o requisar personas en la vía pública, siendo que no sólo la cantidad de efectivos cada vez es más notoria, sino que además las denuncias que reciben organismos como la CORREPI han pasado a ser entre 5 y 7 semanales, lo que hasta hace unos años ocurría en un mes.
Es que en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires los vecinos vienen denunciando cómo los efectivos tanto de la Bonaerense como de Policías locales hacen descender de colectivos interurbanos a los pasajeros para revisar las pertenencias y, en algunos casos son detenidos por averiguación de antecedentes ante la falta del documento nacional de identidad. Esto constituye prácticas violatorias de la intimidad y de los derechos a la libre circulación y a la presunción de inocencia, lo que fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), dos organismo que alertan sobre conductas amenazantes y lesivas contra la propia desde la llegada a la Provincia del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
En Quilmes pasajeros de las líneas 263 y 281 fueron demorados por no contar con el DNI en mano, así como también denunciaron abusos policiales en La Plata, Berisso y Ensenada, pasajeros de las líneas Plaza y 275, y otros casos similares en Esteban Echeverría. En todos ellos se cumple un nivel de falta de información total de los efectivos que ni siquiera dan explicaciones del porqué de las requisas e incluso amenazan a las personas demoradas con detenerlas. Esto no sería posible sin la gestión de Vidal que decidió «intensificar controles sobre micros de línea» y «proceder al cacheo respectivo en búsqueda de elementos prohibidos y/o peligrosos», según detalla un documento interno que recibió la Jefatura Departamental de Quilmes, como parte de la puesta en marcha de acciones inconstitucionales para ejercer un control sobre la población.
El abogado Emanuel Lovelli, integrante de Abogados por la Justicia Social (AJUS), explicó que «en nombre de la seguridad no se puede seguir violando los derechos de las personas. Estos procedimientos no pasan el test de constitucionalidad. Todos tenemos una libertad ambulatoria que está consagrada en la Constitución Nacional y, respecto al cacheo de las pertenencias, existe una inviolabilidad con respecto a la intimidad de las cosas que poseemos, sin que hubiera un pedido judicial, por más que haya una normativa interna del Poder Ejecutivo».
Asimismo, desde la CPM alertaron que “resulta evidente que frente a la creciente demanda social por mayor seguridad y bajo la excusa de querer dar la pelea contra el delito, la política criminal del gobierno y del ministro Cristian Ritondo refuerza una orientación que ya ha probado su ineficacia: la mano dura. Lo único que ha logrado la saturación territorial de efectivos, móviles cámaras, retenes y razzias es ampliar los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos”.
El gobierno avanza con un control social que no es más que un disciplinamiento sobre los sectores más pobres y los jóvenes, con una salida a la calle de nuevos cientos de oficiales policiales pero sin una política en materia de seguridad democrática que garantice los derechos de los ciudadanos. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, celebró el viernes pasado la mediática intervención en el Bajo Flores de la Policía Federal y la Gendarmería, fuerzas que irrumpieron con más de 2.200 hombres para realizar unos 95 allanamientos en lo que el gobierno denominó como un “golpe a los narcos”, cuando en realidad no se busca romper las verdaderas cadenas de poder que permiten acciones como la venta de droga, armas o la delincuencia en zonas liberadas por las fuerzas de seguridad.
Es que el gobierno maquilla a sus uniformados para la acción, los expone ante una cámara de TV y luego celebra operativos violentos en los que se ven involucrados los sectores más vulnerables, algo así como el daño colateral de una supuesta lucha que el gobierno dice tener contra el narcotráfico.
A todo esto, la ministra Bullrich afirmó que las requisas violentas en los colectivos en distintos puntos de la Provincia “no son razzias, lo que se está haciendo es tener un mayor control”. La ministra explicó la metodología del garrote macrista en la apertura de las Jornadas sobre Investigación Criminal en la Facultad de Derecho de la UNLP, acompañada por el Procurador General bonaerense Julio Conte Grand.
Llamativamente la ministra también aseguró que “la gente lo ve muy bien”. Sin embargo, no sólo se avanzó desde organismos de Derechos Humanos en varias denuncias por estas prácticas, sino que además hasta los propios pasajeros en algunos casos filmaron las requisas para evidenciar la nueva metodología adoptada por la policía.
Bullrich, y principalmente Ritondo sobre el territorio bonaerense, trae al presente algunas de las prácticas parapoliciales y de control que parió la última dictadura militar, brindándole cada vez más espacio y poder a las mismas fuerzas que dicen cuidar a la sociedad pero violentan y persiguen pibes y pibas en los barrios más vulnerables.
No sea cosa que la banda de Mauricio tenga que subirse a un colectivo para hacer campaña con miras a octubre y se encuentre con algún “negro de mierda” o algún pobre.
