En una carta entregada a Santiago Olivera, que asume hoy, chenta y cinco organizaciones le reclamaron un pronunciamiento acerca del rol de la institución durante la última dictadura. “Entre 1975 y 1982 al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares”, señalaron. Santiago Olivera “se ha expresado públicamente en los términos de una remozada teoría de los dos demonios”. Además, como el secretario de Derechos Humanos no se presentó a una citación del Congreso. Trece organizaciones reclaman que dé explicaciones sobre su gestión, debido a, entre muchas otras cosas, sus declaraciones de apoyo al fallo del 2×1.
“Hoy inicia formalmente sus funciones el nuevo obispo castrense Santiago Olivera. Y por ese motivo un grupo de 85 organizaciones, entre ellas muchas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, le presentaron una carta en la que sostienen que “asume un obispado con una deuda histórica pendiente: admitir la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado en Argentina (1975-1983)”. Así comienza su artículo este viernes en Página 12 el colega Washington Uranga, texto que pasamos a reproducir.
En el documento se le reclama al obispo Olivera que, al comenzar su nueva tarea, resuelva de manera inmediata la “apertura y puesta a disposición para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos, de los archivos del Obispado Castrense, tanto de la curia como de las distintas capellanías” y que, junto a otras medidas, realice un “pronunciamiento público acerca del rol cumplido por la institución durante la última dictadura cívico-militar”.
Los firmantes, entre los que se incluyen también un número importante de personalidades vinculadas a los temas religiosos, señalan que “pasadas ya cuatro décadas, resulta una provocación que la Conferencia Episcopal Argentina continúe ‘reflexionando’ y escuchando testimonios de ‘víctimas de la guerrilla y víctimas del terrorismo de Estado’ acerca de ‘los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar’, como si desconociese lo sucedido o se hubiese mantenido al margen”.
El documento, entregado ayer al propio obispo Olivera, lleva la firma, entre otros, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Fundación Servicio Paz y Justicia, de Miembros de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, de varias delegaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de asociaciones de ex presos políticos, de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires, Cristianos para el Tercer Milenio, CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Curas en la Opción por los Pobres, de distintas delegaciones de H.I.J.O.S., de la Junta de la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos, a los que se suman numerosas adhesiones individuales de personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, la investigadora Nora Barrancos, sacerdotes, militantes políticos, religiosos y laicos católicos y protestantes de diferentes profesiones.
Le dicen los firmantes al obispo Olivera que “la jerarquía católica que Ud. integra, continúa eludiendo su responsabilidad en el genocidio”. Porque, señalan, “en sus discursos y escritos, jamás ha hecho mención alguna de la actuación del obispado castrense, al mismo tiempo que esquivó exitosamente el proceso de verdad y justicia reabierto en la década pasada”.
En relación a ello se sostiene que la dictadura cívico militar tuvo, necesariamente, un componente eclesiástico-religioso. “Hace tiempo que los organismos de derechos humanos y un sector importante de la sociedad, venimos sosteniendo que la dictadura que ocupó el poder entre 1976 y 1983 fue cívico-militar y también eclesiástica. Su componente religioso fue tan necesario como el represivo, el político y el económico”, dice la carta. Porque “la profundidad y la extensión temporal que alcanzó, no se hubieran logrado sin la legitimación que la doctrina católica brindó al gobierno militar y a la violencia desplegada”, se subraya.
Y al respecto argumentan los firmantes de la carta a Olivera que “dicha legitimación reposó en el discurso público de los obispos, en el silencio aquiescente del Episcopado y centralmente en el trabajo que por décadas realizó el Vicariato Castrense al interior de las Fuerzas Armadas”. Porque “a través de esta institución situada simultáneamente sobre las estructuras eclesiástica y estatal, la Iglesia se convirtió en un engranaje fundamental de la maquinaria represiva”.
Parte de la prueba aportada se apoya en los diarios personales del fallecido obispo Victorio Bonamín, provicario castrense entre 1960 y 1982, que contienen anotaciones diarias del religioso en los años 1975, 1976 y 1982 respecto de los acontecimientos políticos y militares de la época, del funcionamiento de las capellanías militares a su cargo e incluso apreciaciones sobre la metodología represiva de entonces y de gestiones hechas por parte de familiares de presos políticos.
De acuerdo a la información incluida en la nota, durante el período 1975-1983 pasaron por el vicariato castrense más de 400 capellanes y los generales que comandaron las cinco zonas militares en que se dividió el plan de exterminio fueron asistidos cada uno por dos capellanes en el período más feroz de la represión. “Al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos de detención” se denuncia en la carta.
Respecto del tipo de trabajo que realizaban los capellanes militares se dice que estos sacerdotes “gozaban de una posición de estima al interior de cada una unidad militar”, con influencia incluso sobre los jefes de las unidades y que “en esas condiciones, ejercieron una forma de poder espiritual que favoreció sobre la conducta de los militares un resultado tan efectivo como la propia disciplina castrense”.
En sustento de que las torturas también contaron con el respaldo de los religiosos, se cita un apunte del diario de Bonamín, donde el obispo reseña el contenido de un diálogo que sostuvo con el arzobispo Adolfo Tortolo, entonces vicario castrense y presidente de la Conferencia Episcopal. “Problemas de Tucumán, respecto a torturas y prisioneros (otro argumento: Si, según Sto. Tomás, es lícita la pena de muerte…, la tortura es menos que la muerte…). Nuestros Capellanes necesitan aunar criterios”, escribió Bonamín el 1 de julio de 1976 en su diario personal.
En otro párrafo de la carta entregada ayer a Olivera se advierte que a pesar del avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, en cuyo desarrollo han surgido evidencias de la participación de los capellanes militares, “el Poder Judicial todavía no ha puesto la mira en las responsabilidades de la Iglesia Católica respecto del terrorismo de Estado” y un solo sacerdote, Christian Von Wernich, ha sido condenado.
Refiriéndose de manera directa a Olivera los firmantes recuerdan que el nuevo obispo castrense “se ha expresado públicamente en los términos de una remozada ‘teoría de los dos demonios’, idea que conlleva una falsa lectura del pasado, que es funcional a la impunidad penal de los perpetradores del genocidio, y que se ha ido superando con el tiempo y el esfuerzo pedagógico de sobrevivientes, organismos de derechos humanos, intelectuales, docentes y referentes políticos” lo cual constituye, junto a otras manifestaciones del religioso, “señales de una perniciosa continuidad con el pasado”. Entre los reclamos de acción inmediata se pide también que los capellanes que aún viven “digan lo que saben sobre los cuerpos de los desaparecidos y sobre los nietos nacidos en cautiverio a los que aún falta restituir su verdadera identidad”.
El diario del fallecido obispo Victorio Bonamín en el que habla de una reunión con el vicario castrense Emilio Grasselli “por el problema que nos crean los que acuden a él por presos políticos”.
Por otra parte, el mismo Página 12 consignó que “trece organismos de derechos humanos le pidieron al Congreso que interpele al secretario de esa cartera, Claudio Avruj, por la negativa a dar explicaciones sobre su gestión ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados. El CELS, Madres Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo fundamentaron el pedido en la “notoria falta de impulso” a las causas sobre civiles y empresarios investigados por crímenes de lesa humanidad, en sus declaraciones iniciales en respaldo al fallo del 2×1 de la Corte Suprema y en las reuniones con quienes promueven la impunidad de esos delitos. La directora de Amnistía Argentina, Mariela Belski, ratificó por su parte que del monitoreo de la organización surgen “serias regresiones en materia de derechos”, que a diferencia de lo que sostiene Avruj no existe ningún plan oficial en la materia y lamentó que “en vez de contestar con argumentos jurídicos, cuando al gobierno no le gusta lo que decís la respuesta es ‘sos kirchnerista’.
“Lamentamos la decisión del secretario de Derechos Humanos, licenciado Claudio Avruj, de no concurrir a la citación de la Comisión de Derechos Humanos para dar cuenta de su gestión, explicar los proyectos del Gobierno y aclarar sus opiniones respecto al proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, sostiene el comunicado de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte e H.I.J.O.S. Capital. APDH y APDH Matanza, Asociación Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, también firmantes, fundaron el pedido en la “notoria falta de impulso a los procesos judiciales centrados en la responsabilidad civil y empresarial”, recordaron que “se han desactivado áreas ligadas a la continuidad y seguimiento de las causas como el Programa Verdad y Justicia, así como áreas de derechos humanos en instituciones públicas o dependientes del Poder Ejecutivo, como las direcciones de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y del Banco Central”. Mencionaron las demoras en la ejecución de leyes reparatorias para víctimas del terrorismo de Estado y la “subejecución o falta total de presupuesto en los sitios de memoria”. En la misma línea citaron “la ola negacionista que se manifiesta desde un sector del gobierno”, las declaraciones de Avruj a favor del 2×1 hasta que el repudio masivo derivó en el cambio de postura del gobierno y “las reuniones que mantuvo en la ex ESMA con el llamado ‘Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas’ (Celtyv), que promueve la impunidad para los responsables del terrorismo de Estado”. Ante la negativa de Avruj, pidieron al Congreso que “proceda a su interpelación, dado que es deber de los funcionarios públicos dar respuesta a la sociedad sobre sus dichos y acciones”.
“Nuestro país está viviendo serias regresiones en materia de derecho humanos. Todos los días hay alguna ley, decreto o norma que restringe derechos”, afirmó por su parte Belski, de Amnistía. Consultada en el programa radial Final Abierto, de radio Led, sobre los dichos de Avruj, quien intentó descalificar la posición del organismos por considerarla “parte del discurso opositor que viene de la campaña anterior y que algunos quieren insistir de cara a esta campaña”, resaltó que “en vez de contestar con argumentos jurídicos, cuando al gobierno no le gusta lo que decís la respuesta es ‘sos kirchnerista’”. “La respuesta de la más alta autoridad del país en derechos humanos a la posición de Amnistía es ‘lo dicen porque son kirchneristas y ‘hay un plan de derechos humanos que existe’, pero nadie lo conoce. Invito a la ciudadanía a pedirle al secretario el plan de derechos humanos. Porque es cierto que nos han dicho más de cuatro veces que existe un plan pero nadie lo conoce. Amnistía lo que hace es vigilar que se cumplan normas, tratados internacionales de derechos humanos, compromisos que asumió la Argentina. En ese contexto monitoreamos y a la luz de eso decimos que hay regresiones o violaciones, no lo inventamos”.
