Las centrales sindicales reclamaban 15.000 pesos, pero no hubo acuerdo y el ministro Jorge Triaca laudó en favor de los empresarios, imponiendo un 24% de aumento en tres cómodas cuotas. De esta forma, el nuevo salario mínimo, vital y móvil será de $8.860 a partir de julio próximo, $9.500 en enero y $10.000 en julio de 2018.
Por Fernando M. López (*) / El Gobierno de Mauricio Macri actuó una vez más en contra de los trabajadores para consolidar su plan de hambre y pobreza. Lo hizo ayer tras la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde las dos CTA y la CGT rechazaron de plano el aumento que propusieron las cámaras empresarias de llevar el mínimo de 8.060 a 9.800 pesos en cuotas.
Las centrales sindicales pedían un salario de entre 14.600 y 15.000 pesos, que permitiera alcanzar el costo de la canasta básica determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Como no hubo acuerdo, la última palabra la tuvo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien se inclinó del lado de los empresarios y decretó un aumento del 24% en tres cuotas, lo que se completará recién en un año: $8.860 a partir de julio próximo, $9.500 en enero y $10.000 en julio de 2018.
Se trata de una imposición sin precedente desde que se restableció el Consejo del Salario en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
“En lugar de partir la diferencia, de establecer un laudo de 12.500 pesos, Triaca fijó el salario mínimo en doscientos pesos más de lo que planteaban los empresarios. Queda claro que Gobierno y empresarios son lo mismo”, subrayó el líder de la CTA Autónoma, Palo Micheli, y propuso “ir a una medida de acción concreta”, como un paro o una movilización nacional, en rechazo de lo que definió como una “actitud verdaderamente surrealista”.
En diálogo con Contexto, el titular del Suteba, Roberto Baradel, quien participó de la reunión como integrante de la CTA de los Trabajadores, fustigó la decisión del Gobierno de “fijar por decreto una pauta por debajo de la línea de pobreza”, y consideró que la protesta que propone Micheli “deberá ser conversada en el seno de las centrales”.
Además, informó que el Ejecutivo quiso aprovechar el Consejo del Salario para incorporar una cláusula que reemplazara a la paritaria nacional docente, algo que fue rechazado por las dos CTA y la CGT.
“La cláusula establecía el piso salarial docente por debajo del 20% y por encima del salario mínimo, vital y móvil. Con eso pretendían desligarse de convocar a la paritaria. Por eso señalamos que el piso salarial lo discutimos los docentes en la paritaria nacional, no en el Consejo del Salario”, explicó el dirigente gremial bonaerense.
En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente retomará este miércoles las negociaciones. Los maestros fueron convocados por María Eugenia Vidal luego del fracaso del 12 de junio, cuando la mandataria ofreció un 21% de aumento en dos cuotas, apenas un 1% más que la propuesta anterior. Las expectativas de llegar a un acuerdo son pocas, aunque Baradel deseó “que el Gobierno provincial cambie su postura política y se preste a negociar”.
Excluidos del Consejo del Salario
Uno de los puntos planteados por las centrales sindicales durante la reunión con Triaca y los empresarios fue la necesidad de incorporar a los trabajadores de la economía popular a la mesa de discusiones.
“Aquí debería estar sentado el representante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que son 400.000 trabajadores que cobran en relación al salario mínimo, vital y móvil. Han hecho el pedido ante el Ministerio de Trabajo y se les negó esa posibilidad”, denunció Micheli.
La CTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie movilizaron ayer a decenas de miles de personas para exigir participación en el Consejo del Salario y un mínimo “igual a la canasta alimentaria”, pero Triaca no accedió ni a una cosa ni a la otra.
“Ya no estamos discutiendo planes sociales ni bolsones de comida, estamos discutiendo el salario de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Vamos a salir a la calle hasta que nos dejen discutir un ingreso digno para nuestro sector, porque es nuestro derecho”, dijo Esteban “Gringo” Castro ante la negativa de la cartera laboral.
Marianela Navarro, del FOL, añadió que “todos los programas de empleo equivalen a la mitad del salario mínimo, 4.030 pesos, lo que significa que estamos por debajo de la canasta de indigencia”; mientras que Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, repudió que el Gobierno de Cambiemos les dé “la espalda a los que menos tienen”.
(*) Publicada en diario Contexto. El autor es editor de AgePeBA.
