Se manifestaron frente a la Gobernación en contra de los despidos, traslados injustificados y sumarios masivos. Denunciaron “persecución” y el “desguace” de áreas de trabajo en detrimento de la salud y los derechos de las personas privadas de su libertad.
Desde la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en noviembre del año pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal echó a unos 1.200 trabajadores, entre ellos agentes de bajo rango y profesionales del equipo de Salud.
Actualmente, las fuentes laborales de otros 600 profesionales se encuentran en peligro a partir de traslados injustificados y sumarios masivos.
“Los trabajadores de la salud vienen padeciendo permanentes cambios de horarios, traslados continuos e intempestivos con la consecuente desorganización familiar, los sumarios sin fundamentos, el desguace y desmantelamiento de áreas de trabajo profesional e interdisciplinario, la eliminación de la autonomía profesional y la consecuente desaparición de los dispositivos de salud de los internos y la desprotección de sus derechos”, señaló el Colegio de Psicólogos del Distrito XI, que abarca a La Plata y otros municipios.
Ante la falta de respuestas de la gobernadora y su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, los profesionales afectados se concentraron hoy frente a la Gobernación bonaerense, donde exigieron que se pare el “brutal ajuste” y la “persecución”.
“No somos corruptos, somos trabajadores”, decían los carteles de los manifestantes, mientras que otros agregaban leyendas como “Cambiemos = Fábrica de pobres”.
Álvaro Ruta, médico que presta servicios en la Unidad 12 de Gorina, detalló sobre los traslados que “a mucha gente de La Plata la mandan a Campana, a la de Varela a Magdalena y a la de Bahía Blanca a Mar del Plata”.
“Si a alguien que trabaja en La Plata lo trasladan a más de 120 kilómetros de su casa, ocho horas diarias, prácticamente lo están obligando a renunciar”, agregó otro profesional en diálogo con TV Universidad (UNLP), y calificó la cantidad de sumarios que se iniciaron como “inédita”.
“Hoy muchas unidades penitenciarias se han quedado sin profesionales específicos, como la Unidad 22 que funciona como Hospital del SPB. De allí sacaron a más de 20 profesionales y quedó prácticamente desmantelada”, remarcó.
Además de reclamar que se revean los despidos, los traslados y los sumarios, los profesionales “condiciones de trabajo y salarios dignos para el sector”.
