Jorge Castillo pasó de ser un candidato promulgado por Cambiemos para las elecciones de este año a un “mafioso” tras las rejas. Algo similar a lo que hoy ocurre con las barras bravas en el fútbol, a las mismas que el gobierno dice combatir pero por detrás organiza y libera territorios. Precisamente ésa es la ambigüedad que define a la metodología que utiliza el macrismo para gobernar. Mientras los canales de televisión transmiten largas horas con detenciones como las del Rey de La Salada de esta semana, el gobierno de Mauricio Macri cierra otros tantos negocios con hombres que seguramente en algún momento dejará de respaldar. Un nuevo caso que demuestra que el plan de seguridad de Patricia Bullrich no combate a ninguna mafia, sino que alimenta la reproducción del delito y la mediatización extrema de falsos “golpes” comandos.
Por Carlos López / Que el capitalismo siempre se alimente de la pobreza ajena no es ninguna novedad, pero sin embargo la gran mayoría de la sociedad no siempre accede al conocimiento de las conexiones políticas que permiten estos resultados, sino más bien que son realidades que se tapan para no descubrir la cara del verdadero odio que encargan en los pueblos los gobiernos liberales. Esto se vio reflejado esta semana con la detención de Jorge Omar Castillo y otras 22 personas que fueron acusadas de generar asociaciones ilícitas y extorsiones para la venta de mercadería en puestos callejeros. Las decenas de allanamientos, entre la que se realizó en la mansión del Rey de La Salada, exponen la realidad a la que el gobierno macrista es funcional pero que por los medios de comunicación afines promulga combatir, engañando al electorado de cara a las elecciones de octubre.
El capitalismo nunca fue posible sin delito. ¿Acaso el capitalismo no es el mismo que fomenta que la policía ataque sin titubear a niños y mujeres con represiones feroces? ¿No es el capitalismo el señor feudal del trabajo que fomenta el crecimiento de las riquezas empresariales para unos pocos y la reducción salarial y de puestos de trabajo para la clase trabajadora? El capitalismo norteamericano expandido por todo el mundo propone una guerra que después dice solucionar, porque para generar que la rueda de los billetes se mueva y haya sangre derramada de los que menos tienen, es necesario montar una obra de teatro. A ese camino se dirige hoy la Argentina, con ministros nacionales como Patricia Bullrich o Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires que celebran por Twitter los “golpes” al narcotráfico y a las mafias que imperan sobre territorios como La Salada, pero que nunca explican quiénes permitieron -y ya no- que los negocios oscuros existan.
Uno de los principales socios de Castillo fue Enrique “Quique” Antequera, quien manejó durante años el predio de ferias conocido como Ocean, que junto a Punta Mogotes y Urkupiña forman las tres ferias más importantes de Castillo. Más allá de los vínculos que se intentaron generar en un principio con el kirchnerismo, “Quique” es un hombre fuertemente ligado al radicalismo y, recientemente, a Cambiemos. En las últimas horas el legislador porteño Gustavo Vera dio a conocer una foto en la que Antequera participa de un encuentro junto a Elisa Carrió, aunque desde el partido de la enviada de la CIA rápidamente lo vincularon al GEN que conduce Margarita Stolbizer, quien también aparece junto al empresario en la imagen. Además, Martín Lousteau tuvo que confesar sin otra alternativa que Castillo participó del tradicional locro del pasado 25 de mayo junto al radicalismo. Es que El Rey de La Salada siempre estuvo ligado a la Unión Cívica Radical, sobre todo después de que en mayo pasado confirmara que se iba a postular como candidato en las PASO para disputar la interna de Cambiemos en Lomas de Zamora, distrito de Martín Insaurralde. Con respecto a la cuestión territorial, la causa que investiga las extorciones de Castillo a vendedores se basa en la presunción del accionar por intermedio de la “Banda de los Chaqueños”, la también conocida como “Banda de Adrián” que dirigía su sobrino Adrián Capazo Castill, y la denominada “Banda de los Cucos”, a cargo del sospechoso Leonardo Gaitán.
En una entrevista radial Castillo en AM 1330, Castillo había adelantado que «nos vamos a presentar en las PASO dentro del espacio Cambiemos, como radicalismo. Llevamos de candidata una mujer, empresaria de Lomas de Zamora”. El Rey de La Salada se refería a Andrea Mach, una mujer conocida por haberse peleado con dirigentes gremiales en una estación de servicio durante el paro general del pasado 6 de abril. Castillo también aseguraba que los “muchachos” querían que el encabezara la lista pero que no lo haría por estar radicado en el partido de Luján, lugar donde se encuentra la mansión en la que fue detenido. Antes de esto, en 2011 ya había apoyado al senador Ernesto Sanz en la interna contra Ricardo Alfonsín, siendo participe del acto de lanzamiento de Sanz en el teatro Gran Rex.
Pero si de amistades se trata, el máximo funcionario PRO ligado a Castillo es el ex ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat Gay, quien en 2009 cuando era candidato a diputado por el Acuerdo Cívico y Social, publicó una columna en el diario Clarín en defensa del trabajo de Castillo en Punta Mogotes y en la que menciona a La Salada como una cuna de emprendedores. El ex funcionario macrista que se encargó del “trabajo sucio” durante su mandato en el ministerio de Hacienda, permitiendo una histórica cantidad de recortes y despidos estatales, el 31 de marzo de ese año escribía en defensa de Castillo que “es hipócrita castigar la informalidad de los excluidos cuando desde el Gobierno se mira con prejuicio su trabajo digno y no se les asegura un camino de salida para su situación”.
Además, en la nota Prat Gay rescata el valor del trabajo de quienes no cuentan con una salida laboral ni oportunidades en el mercado, pero nunca pone el foco en los negociados –ligados al poder estatal e incluso privado– que permiten la existencia de lugares como La Salada, sino por el contrario hasta se atreve a decir que las ferias “están organizadas y tributan impuestos”. Por último, critica fuertemente al kirchnerismo por no lograr puestos de trabajo para los emprendedores que desarrollan sus actividades de producción para vender en las ferias. Tan contradictorio como el mismo gobierno, Prat Gay reclamaba trabajo para los más necesitados, todo lo contrario a lo que haría durante su participación como funcionario en las filas de Cambiemos.
Luego de la detención mediática de Castillo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “este es un tema que llevó su tiempo, hace mucho que se habla de aprietes, extorsiones, de pagos por cada uno de los puestos, para trabajar ahí, de torturas a la gente, de todo un sistema de un Estado paralelo, que se trató en una investigación que llevó adelante el fiscal Sebastián Scalera”. ¿Acaso ése es el concepto de Estado que tiene la ministra Bullrich, siendo nada menos que la principal responsable de la seguridad de los argentinos? Más allá de que la actividad ilegal que realizaban los “muchachos” de Castillo alquilando puestos callejeros sin permiso y recaudando fondos bajo reglas impuestas a comerciantes, la complejidad de los múltiples inconvenientes y actos ilegales en La Salada es una problemática que en el fondo esconde un alto nivel de pobreza y la falta de oportunidades genuinas de trabajo que atraviesan sectores populares, principalmente del Conurbano Bonaerense. Por ello es poderosamente llamativo que el macrismo celebre encarcelar a los mismos hombres que iban a ser propuestos en plataformas electorales para acceder a cargos municipales, con la inevitable consecuencia de que las mismas metodologías extorsivas e ilegales del empresariado que representa Castillo lleguen al Estado, que de hecho hoy se nutre en gran medida de funcionarios empresarios.
La ilegalidad en torno a la que se desarrolló La Salada es posible en la Argentina como parte de un capitalismo marginal que se enmarca en el llamado capitalismo dependiente en América Latina, teoría nacida hacia 1960 como crítica y alternativa a la teoría del desarrollo impulsada por los economistas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo dependiente de las Naciones Unidas. El capitalismo norteamericano que genera crisis económicas desde finales de la Segunda Guerra Mundial en toda la Patria Grande es acompañado según esta visión por “un descenso de las tasas de crecimiento, el endeudamiento externo y los cada vez más altos índices de pobreza y miseria en la población”, lo que no trae más que una profundización del delito que da lugar a la acción de los bastones policiales del neoliberalismo. Es que precisamente hombres como el Rey de La Salada logran desarrollar grandes negociados en virtud de la necesidad de un inmenso pueblo que no logra crecer en su conjunto. Por ello es preocupante cómo en tiempos macristas se brega por volver al sendero del desarrollismo bajo las órdenes de los Estados Unidos y ciertos países de Europa, cuando en realidad ese mismo camino fue el que derivó y permitió golpes de Estado en el país como en 1976 o crisis económicas con altísimos grados de pobreza con desenlaces como la crisis de diciembre de 2001, con heridas abiertas en los ámbitos económico y social inclusive hasta hoy.
Es por ello que el delito es condición para que el capitalismo siga devorando países, lo que nada tiene que ver al desarrollo de un capitalismo nacionalista que permita la inclusión de la Argentina al mundo con un nivel de competitividad mucho más afianzado que el falso enunciado de Camebiemos. El gobierno de Mauricio Macri promete inversiones millonarias y como resultado de tales profecías hoy sólo genera más y más despedidos en fábricas que cierran sus puertas, también dice afrontar la falta de trabajo pero sin embargo el índice de desempleo llegó al pico más alto de los últimos diez años superando los 9 puntos. Es que más aún en un año electoral, Cambiemos busca limpiar una imagen que ni el propio Durán Barba sabe cómo mejorar, razón por la que se celebra desde el propio Ministerio de Seguridad la detención de Castillo como un golpe a la ilegalidad, cuando en realidad no es más que una soltada de mano a un hombre ligado fuertemente a los funcionarios del gobierno que desde diciembre de 2015 vienen desarrollando las desigualdades más pronunciadas de los últimos años.
Para los medios PRO lo que se consiguió fue incautar unos 11 millones de pesos, más de seis mil dólares, armas y vehículos dentro de la feria Punta Mogotes, ubicada en Ingeniero Budge, en el marco de los allanamientos por la causa de “evasión impositiva” que tiene como imputado principal al dueño a Castillo. Pero lo que no se ve por televisión es que días después de la detención del Rey de La Salada, desde la Asociación de Vendedores Libres (AVL) denunciaron que muchos puesteros fueron desalojados y se secuestró la mercadería, con lo cual perdieron las fuentes de trabajo. Por esta razón es necesario pensar la detención de Castillo en el contexto actual de un neoliberalismo extremo, donde los únicos que siguen perdiendo son los mismos que antes eran estafados por la administración ilegal de La Salada, y hoy son excluidos y relegados por el propio gobierno.
