Luego del bono de 2.750 millones de dólares, a una tasa anual del 7,9%, colocado por el Gobierno de Cambiemos, diputados nacionales del FpV-PJ llevaron el caso ante la Justicia. Acusan al presidente y a sus ministros de defraudación. “Se trató de una operación con la clara intención de beneficiar a los tomadores de deuda y perjudicar al Estado”, explicaron.
La primera denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y su ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la deuda que hipoteca a los argentinos durante los próximos cien años fue presentada esta mañana en Comodoro Py y recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo.
La presentación, que también abarca al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se sustenta en el artículo 73 del Código Penal, que refiere a “estafas y otras defraudaciones”.´
“Se trató de una operación con la clara intención de beneficiar a los tomadores de deuda y perjudicar al Estado”, dijo al diario Página/12 el diputado del FpV-PJ, Darío Martínez, quien redactó la denuncia y la presentó con la firma de otros 17 legisladores nacionales.
Martínez calificó esta deuda centenaria de 2.750 millones de dólares, a una tasa anual del 7,9%, como “ruinosa” y explicó: “En 13 años tendríamos cubierto el capital recibido y el resto (87 años) sería para el pago de intereses. Esto sobrepasó todos los límites”.
El bono “Global 2117” fue impulsado por Caputo y estuvo a cargo del HSBC, Citigroup, Santander y Nomur, bancos que se llevaron una comisión equivalente al 0,12% de la emisión (US$ 3,3 millones).
Además de la denuncia penal, los legisladores del FpV buscan tratar el tema el Congreso, donde ya existe un proyecto presentado por el diputado Guillermo Carmona para limitar el nivel de endeudamiento, que en el año y medio del gobierno de Macri ya asciende a los 100.000 millones de dólares.
La iniciativa propone modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal en su artículo 21, para reducir la relación de la deuda pública total y el Producto Bruto Interno (PBI) a un 30%, y la relación de la deuda externa respecto al PBI a un 20%, además de establecer la necesaria participación del Congreso Nacional.
