La quita de subsidios a pensionados con discapacidad que el gobierno tuvo que dar marcha atrás y que afectó en la provincia a unas 70 mil personas desnuda la crueldad con el que el macrismo ataca a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ese mismo libreto de políticas contra los más necesitados es el que aplica la gobernadora María Eugenia Vidal que ante el recorte se mantuvo en silencio, pero mientras continúa aplicando políticas de quitas salariales contra los docentes y Universidades Públicas, violación de derechos para las personas privadas de libertad y brutales aumentos de los servicios básicos como en el caso de la luz que esta semana fue habilitada para que las empresas incrementen otro 58% en la provincia.
Por Carlos López / Todo esto es aplicado por el gobierno provincial ocultando los números estatales, ya que ningún organismo provincial publicó ni un solo dato de la actividad financiera de los últimos seis meses. Vidal no copia a Mauricio Macri, sino que desde sus albores como “dirigente social” en el Grupo Sophia y la Fundación Creer y Crecer aprendió muy bien que a los pobres se los castiga y a los ricos y poderosos se los protege siempre.
El mal de Cambiemos contra los pobres se extiende desde la Casa Rosada hacia todos las demás administraciones municipales y provinciales donde el macrismo aprovecha el poder del Estado para ajustar contra el pueblo. La gobernación de María Eugenia Vidal en Buenos Aires es un mero reflejo de una gestión que no hace más que atacar a la clase trabajadora y a los más desprotegidos, en un territorio bonaerense que históricamente se nutrió de trabajadores en gran medida vinculados al sector estatal o a empresas de servicios, dos de los rubros más golpeados por los despidos que propicia el gobierno de Macri.
Una de las grandes críticas del gobierno macrista a las administraciones anteriores a la asunción en diciembre de 2015 es justamente el direccionamiento de los fondos públicos, pero llamativamente y en contra de ese discurso televisivo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene ocultos los datos de la ejecución presupuestaria, los informes de recaudación y cualquier otro dato sobre los movimientos financieros que realiza el Estado provincial. La Contaduría General, organismo encargado de hacer pública esta información, emitió un informe detallado hasta diciembre de 2016, pero misteriosamente se ha olvidado de hacer lo mismo durante los últimos seis meses.
Es decir que Vidal le está mintiendo a la gente, ya que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en su Artículo 144º, Inc. 9° que el Poder Ejecutivo tiene las facultades de «hacer recaudar las rentas de la Provincia y decretar su inversión con arreglo a las leyes, debiendo hacer pública mensualmente el estado de la Tesorería”, responsabilidad que además es delegada en la Contaduría General. Misma situación ocurre con la publicación de los Informes Trimestrales de Deuda Pública, a cargo de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público del Ministerio de Economía, según denunció esta semana el Partido Socialista.
Es que el gobierno de Vidal debe ocultar hacia donde deriva los fondos que no están siendo incluidos para mejorar los salarios de los docentes bonaerenses, ni que tampoco son priorizados para darle de comer a los cientos de pibes y pibas que se alimentan en los tantos comedores provinciales y escolares que la Provincia tiene hoy casi en estado de abandono. Es por ello que resulta sumamente llamativo como una gestión del odio se logra tapar con las encuestas que divulgan medios del Grupo Clarín y otros alineados al macrismo, quienes aseguran que Vidal es una de las funcionarias PRO con mejor imagen en el país.
En una reciente entrevista radial, la propia gobernadora macrista explicó que “no me siento Heidi ni Cruella de Vil, me siento más simple que eso. Dura con los problemas pero sensible con las personas». En realidad, Vidal debería haber dicho exactamente lo contrario: Que es dura con las personas pero sensible con los problemas sólo de los que más tienen. Los docentes, los niños, los inundados en distintos distritos, los trabajadores del Estado enrolados en cooperativas, los miles de pobres que tiene la provincia y ahora también los pensionados por discapacidad seguramente no están de acuerdo con la sensibilidad que la mandataria dice tener.
Esta semana el gobierno macrista se enfrentó a un extenso rechazo social por la quita de pensiones por discapacidad a miles de argentinos, en una de las tantas medidas que el gobierno dicta sin apoyo alguno y con total autoridad para violar los derechos sociales que tango costaron recuperar en la Argentina.
En la provincia de Buenos Aires, se estima que al menos 70 mil personas fueron afectadas por la decisión que comunicaron desde la Anses y que luego debieron dar marcha atrás para volver a pagar las pensiones, aunque aseguraron que luego se analizará cada caso en particular. Las pensiones no contributivas fueron pensadas desde su origen para cubrir las contingencias sociales (de origen biológico, patológico o económico-social) de las personas que no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. Desde la creación de la Comisión Nacional de Pensiones se gestionó las pensiones a la vejez, por invalidez y para las madres de 7 o más hijos, en carácter de derecho para aquellas personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad social, sin amparo previsional o no contributivo, que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tengan parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos -o que, teniéndolos se encuentren impedidos para poder hacerlo.
En esto se apoyaron diferentes organismos para repudiar la decisión del gobierno. En la Provincia, la Defensoría del Pueblo que dirige Guido Lorenzino envió un pedido de informe a la Anses para que brinde explicaciones sobre los motivos por los que se realizaron los recortes, ya que la medida “afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, ataca a los derechos de las personas con discapacidad y se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Pero este escenario de abandono sobre los más desprotegidos no es algo nuevo, sino que fue una política estudiada y pregonada desde un principio por el gobierno, incluso en la distribución del presupuesto para este año, dado que a nivel nacional existió una reducción prevista entre 2015 y 2017 en pensiones por vejez de casi un 55%, mientras que en lo referido a pensiones de madres de 7 o más hijos la reducción alcanza el 13%. Además, las estadísticas difundidas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) esta semana confirman que sólo desde enero a junio de este año “se observan que unos 83 mil casos” confirman “una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa tanto en lo referido a pensiones por invalidez como a las madres de más de 7 hijos”.
La mecánica de implementación de las bajas fue sin aviso, con lo cual los titulares se encuentran con la sorpresa de que no pueden cobrar su pensión cuando se dirigen a un cajero o a la ventanilla de un banco, algo similar a lo que les ocurrió a cientos de docentes que este año fueron a registrar los sueldos depositados de cada mes y se encontraban con grandes faltantes en sus cuentas por descuentos.
En la provincia de Vidal, al igual que en la mayoría del país, nadie se salva. Antes del paro del pasado 14 de junio, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, afirmaba que «no hay consolidación del salario docente, no se llega a los jubilados y no hay recupero del poder adquisitivo», A tal situación es a la que se vieron expuestos los docentes desde la llegada de Vidal a la Provincia, ya que la gobernadora no sólo frena las paritarias sino que además buscó perjudicar permanentemente a los maestros con las propuestas de reunir voluntarios para dar clases o descontar ilegalmente de los sueldos los días de paro de los docentes que luchan desde hace meses por una recuperación del salario real.
En la misma línea se pronunció la dirigente sindical de Suteba, María Laura Torre, quien analizó que actualmente «estamos mucho peor que antes porque lo que no para es el aumento de las tarifas, de la canasta alimentaria, cuando vamos al supermercado, pagamos alquiler, colectivos, compramos libros. En ningún momento paró la inflación. Lo que tienen parado es el salario nuestro», denunció.
El recorte en educación, ciencia y tecnología afecta tanto a escuelas primarias y secundarias, comedores infantiles y también a las Universidades públicas que hasta el 2015 se habían expandido por diferentes municipios, principalmente de la provincia de Buenos Aires, y que hoy se ven obligadas a reducir sus gastos, afectando a la comunidad educativa en su conjunto de igual manera que alejando a los jóvenes y adolescentes de las aulas. Es por ello que el pasado 14 de junio los docentes y estudiantes que se niegan al vaciamiento público de la Educación marcharon por la mañana desde el Congreso de la Nación hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires junto a los médicos (CICOP) y los judiciales (AJB).
Además, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por una decisión autoritaria de facto avanzó contra los estudiantes privados de su libertad que cursan en las Facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), como parte de la estrategia que Vidal y su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, encaran para relegar aún más a quienes buscan profesionalizarse para rehacer sus vidas. Lo impactante de esta decisión unilateral es que los y las privadas de libertad que se encuentran en condiciones de participar de distintas cursadas son tan sólo 22 personas de las 37 mil que se encuentran detenidas en la Provincia.
La Justicia es la que precisamente tampoco se quedó atrás esta semana para autorizar en el territorio de Vidal la aplicación de hasta un 58% en promedio los aumentos de las tarifas de luz, los cuales serán aplicados por las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, y alrededor de 200 cooperativas eléctricas del interior de la provincia. Los aumentos ya tenían el visto bueno del gobierno, pero restaba la respuesta de la Justicia, ya que en la provincia habían sido suspendidos por el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, por intermedio de una medida precautelar de la Defensoría del Pueblo en torno a la nulidad de la resolución 149 del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, autorizante de los aumentos.
El ajuste que lleva adelante el macrismo con María Eugenia Vidal en la Provincia no es sólo social y económico, sino que también –y fundamentalmente– es ideológico. Porque hablar de peronismo o de los genocidios de la última dictadura cívico-militar ahora es cosa del pasado, un pasado que muchos funcionarios PRO prefieren enterrar para que sus nombres no salgan a la luz en vinculación con prácticas y metodologías oscuras. Es por ello que Vidal no podía ser menos en la Provincia y se encuentra profundamente preocupada por una norma aprobada recientemente en la Legislatura bonaerense que obliga a que en los actos oficiales de gobierno se debe recordar y rectificar a los 30 mil desaparecidos. Según publicó el portal Infobae, en línea con el macrismo, el pasado 24 de mayo, esta ley es una piedra en el zapato para el avance derechista de Vidal y “generó un creciente malestar en estos días en la plana mayor del gobierno bonaerense”.
Es por ello que desde el Ejecutivo provincial analizan la reglamentación de esta norma aprobada en el 23 de marzo pasado y que ya fue publicada en el Boletín Oficial. A todo esto poco importa la reglamentación de los feroces aumentos de servicios que sufren los bonaerenses, los cuales el desde principio de año llegaron al 133% según registros del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA), o los arbitrarios descuentos a los salarios de los docentes que realiza Vidal, pero sí es de mayor prioridad analizar técnicamente por qué se debe reconocer al mayor genocidio de la historia argentina. El país de la alegría por momentos se vuelve una cuna fascista desde los estratos de poder estatal.
A este cúmulo de cuestiones se refiere la frase “Vinieron por todo”. La derecha internacional que hoy utiliza a Macri como trampolín para volver a saquear al país no va a perdonar a nadie que no se le parezca, y esto significa que los únicos que se salvarán de estos años de ajuste y represión van a ser los mismos que callaron y multiplicaron sus ganancias en la última dictadura, los mismos que en los ’90 viajaban al exterior celebrando la deuda externa, los mismos que criticaron y buscaron desmontar las políticas de reconstrucción salarial, empleo y bienestar social para millones de argentinos luego de la crisis del 2001, crisis en la que por cierto los que perdieron fueron siempre los pobres y desocupados. Hoy el empleo tocó el pico más alto en los últimos diez años, alcanzando al 9,5% de la población (290 mil puestos se perdieron durante el primer trimestre de 2017), luego de los despidos masivos y el congelamiento del consumo que provocaron las políticas neoliberales de Macri, pero que principalmente afectó al Conurbano Bonaerense, donde ese valor asciende al 11,8%.
La realidad explota ante los ojos de un discurso macrista que cada día tiene menos tiempo para engañar, pero que mientras va destruyendo las esperanzas de millones de argentinos.
