En un acto de grave ofensa personal e institucional el presidente Mauricio Macri acusó hace días de pertenecer a una mafia al titular del bloque del FpV en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde – eminente abogado laboralista – y a la Justicia de ese fuero. No fue un exabrupto: expresa en forma rabiosa la unidad de criterios y acción que existe entre su gobierno y la gran patronal, contra los trabajadores y sus conquistas sociales históricas.
Hasta que punto esa ofensiva va a fondo que el Ministerio de Educación distribuye manuales escolares que “educan” contra el derecho de huelga. Los textos fueron enviados a las escuelas porteñas. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación advirtieron que muestran la visión de un gobierno que reprimió a los docentes frente al Congreso.
En medio de los paros que se replican en el país para pedir un salario digno y repudiar las políticas de ajuste, el Ministerio de Educación de la Nación envió a las escuelas porteñas manuales de texto para chicos de sexto grado que “educan” en contra del derecho a huelga de los trabajadores. Los docentes repudiaron la situación, que enmarcaron dentro de un contexto de “mercantilización” de la enseñanza, y ratificaron que refuerza el punto de vista “sesgado” que tiene Mauricio Macri contra los trabajadores y la educación. Así informa el diario Página 12.
El manual es editado por la empresa AZ y distribuido para que los maestros trabajen los contenidos que los alumnos tendrán que rendir para una próxima prueba de nivelación. El ministerio de Esteban Bullrich consideró que la mejor forma de abordar las formas lingüísticas de una nota editorial era una publicada por Clarín, “adaptada”, que se titula “Una protesta que daña al Congreso” y habla sobre una huelga de trabajadores que paralizó por unos días la actividad en el Congreso, para explicar que las protestas gremiales son “inadmisibles”. El artículo señala que la manifestación es una forma de “entorpecer a la democracia” y considera fuera de la ley a los trabajadores que estaban haciendo sus reclamos.
“Los representantes de los trabajadores tienen el derecho de reclamar, protestar y manifestar por las reivindicaciones que consideren pertinentes. Pero el ejercicio de esos derechos deben realizarlo respetando la legalidad y los derechos de los demás ciudadanos”, reza el editorial, que según Eduardo López, titular de UTE, muestra la visión de un gobierno que reprimió la instalación de la escuela itinerante en el Congreso.
“De sus discursos sobre la campaña del desierto a que se forme a los chicos para priorizar la represión al reclamo hay un solo paso”, repudió López, en referencia a la comparación de Bullrich del genocidio aborigen con los planes educativos que desde el Gobierno tenían pensado implementar.
Para complementar la elección de la noticia, el manual publica una particular historieta, donde un hombre de saco increpa a un obrero que está realizando una manifestación y le explica que su protesta es “inadmisible”. Ante la respuesta del trabajador, que enfatiza su derecho, en el recuadro siguiente sólo habla el hombre de saco, quien agrega: “El ejercicio de esos derechos debe realizarse respetando la legalidad y los derechos de los demás ciudadanos”.
López enmarcó la publicación dentro de una tendencia en la que “hay un desembarco de las empresas en la educación” y remarcó que “el joven es un sujeto de derecho y no objeto de consumo ni de bajada de línea como para el Gobierno”.
Ese mismo diario, este viernes consigna “Macri recibió a la cúpula de la Unión Industrial Argentina. Coincidencias en el diagnóstico. A la gran industria le molestan los juicios. El Presidente recibió a la nueva conducción de la UIA, que centró sus reclamos en terminar con “la industria de los juicios laborales”, como había planteado Macri, y en rebajas de impuestos. Sobre la crisis fabril no hubo quejas”.
El colega Javier Lewkowicz sostiene al respecto: “El presidente Mauricio Macri, junto a la plana mayor del gabinete económico, recibió ayer a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su nuevo presidente, Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza (AGD). En el encuentro, los empresarios de la UIA y sus pares en funciones de gobierno se detuvieron en dos temas: la “industria del juicio”, como mencionó Macri días atrás, y la baja de impuestos para mejorar la competitividad. Según los últimos números oficiales, la manufactura se retrajo en abril un 2,3 por ciento con respecto a los ya deteriorados valores del mismo mes de 2016 (había caído entonces 5,2 por ciento contra 2015). Van 15 meses consecutivos de caída industrial”.
Por el lado de la UIA asistieron Miguel Acevedo (AGD), Luis Betnaza (Techint), Adrián Kaufmann Brea (Arcor), Alberto Alvarez Saavedra (Laboratorios Gador), Eduardo Nougués (Ledesma) y Cristiano Rattazzi (Fiat), entre otros. Sus interlocutores tienen una carrera no menos prolífica en el sector empresarial. Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Tortugas Open Mall, entre otras firmas. En tanto, Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas, fue CEO de la aerolínea chilena Lan desde 2009 y fundador de la desaparecida cadena de supermercados Eki. También participó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego se incorporó al Deutsche Bank, donde estuvo hasta abril de 2008, llegando a ser presidente del banco en la Argentina. En los últimos años se venía desempeñando como presidente del fondo de inversión Axis. Asimismo, los industriales fueron escuchados por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien antes fue ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, aunque transitó la mayor parte de su vida profesional en el Grupo HSBC, en Hewlett-Packard, en Máxima AFJP y en el diario La Nación.
“Los popes de la UIA y los miembros del gabinete económico hablan el mismo idioma y su mirada sobre la economía coincide en un sentido amplio. En esta coyuntura, los dos principales temas de la agenda del gran empresariado son la ‘industria del juicio’ y la rebaja de impuestos para mejorar la rentabilidad evitando el cimbronazo de una nueva devaluación del peso”, subraya el colega.
“El otro gran tema en danza fue la rebaja de impuestos para las empresas. Los dirigentes de la UIA piden eliminar el impuesto al cheque, derogar el impuesto a la ganancia mínima presunta, reemplazar el impuesto sobre los ingresos brutos y reducir al 30 por ciento la alícuota del impuesto a las Ganancias. El Gobierno quiere avanzar en la línea de la rebaja tributaria, aunque la idea es hacerlo gradualmente para no ampliar la brecha fiscal. ‘El Gobierno tiene el objetivo de reducción de déficit también con uno adicional de reducción de la presión impositiva’, dijo Dujovne, según la nota de Página 12.
