Lo hicieron al entregar la distinción póstuma al ex fiscal federal de Bahía Blanca. El acto se realizó en el Rectorado de la UNLP con la presencia del ex juez español Baltasar Garzón, quien recibió el diploma en nombre de Cañón.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) reconoció hoy con el título Doctor Honoris Causa post mortem a Hugo Cañón, un activo defensor de los derechos humanos que inició las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Bahía Blanca durante la última dictadura cívico-militar.
La ceremonia, realizada en el patio del Rectorado, estuvo encabezada por la vicepresidenta académica de la UNLP, Ana Barletta, la decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintout, el ex juez español Baltasar Garzón y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.
Saintout resaltó “el coraje del fiscal” en la defensa de los derechos humanos: “En épocas de incertidumbre, en una ciudad con fuerte presencia militar como era Bahía Blanca, él salía a buscar testigos para que declararan en Juicios por la Verdad”.
“Hugo Cañón fue el único fiscal general que desde Bahía Blanca se enfrentó a los represores” y “a La Nueva Provincia, un diario cómplice de la dictadura”, dijo Barletta y recordó que “Cañón fue muy importante como testigo en el juicio que se realizó en España contra Adolfo Scilingo, condenado como autor de delitos de lesa humanidad”.
Garzón, quien recibió el Honoris Causa en nombre de Cañón, lo destacó como “un ejemplo de entrega al servicio público”
“Sabía que los desaparecidos y las familias merecían de su máximo esfuerzo para que se supiera qué había pasado, para buscar la Verdad y la Justicia”, subrayó el ex juez español.
El Consejo Superior de la Universidad aprobó la distinción a partir de una propuesta elevada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, remarcándolo como “baluarte de los derechos humanos, maestro y compañero de generaciones de abogados, juristas, intelectuales y militantes”.
Formado en las aulas de la UNLP, Cañón fue designado como fiscal federal de su natal Bahía Blanca con el retorno de la democracia. Se encargó de iniciar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo y de la Armada Argentina, y en 1987 cuestionó e impugnó la Ley de Obediencia Debida por inconstitucional. En aquel momento, fue el único fiscal que decidió ir en contra de esa ley nefasta. Entre 2009 y 2014 presidió la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
