El primero fue presentado ante la Justicia Federal de Río Negro. Se esperan acciones similares en Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Neuquén. El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, indicó que la decisión del Gobierno de Macri “no es legal”.
La jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, recibió esta mañana un amparo colectivo luego del recorte de 170 mil pensiones no contributivas. El gobierno de Mauricio Macri las eliminó de un plumazo en el último año, aplicando un decreto de Carlos Menem (432/97) que endurece los requisitos para acceder a ese derecho.
El recurso judicial presentado por varios legisladores provinciales y dos ONG, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, fue hecho sobre la base de cuatro casos particulares y plantea que la quita de las pensiones “lesiona y altera los derechos y garantías constitucionales y, por lo tanto, es arbitraria y autoritaria”
La Justicia Federal de General Roca había recibido la semana pasada una cautelar por el caso de Miguel Bravo, de 62 años, quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía una pensión desde 2010, hasta que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, decidió dejar de pagarle los 6 mil pesos mensuales que le correspondían.
Sólo en Río Negro hay aproximadamente 400 hombres y mujeres que dejaron de cobrar sin previo aviso las pensiones que percibían hasta ahora, y se suman miles de casos más en Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Neuquén, provincias en las que se harán demandas similares, de acuerdo a lo adelantado hoy por el diputado nacional Martín Doñate (FpV-PJ).
De las 170 mil pensiones que eliminó Stanley, 83 mil fueron dadas de baja este año, algo que “no es legal”, según el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia.
“Estamos hablando de personas que están en una condición de vulnerabilidad estructural. El término estructural es importante tenerlo en cuenta porque no es solamente vulnerabilidad, es muy difícil escapar de una situación de desprotección social, de un aislamiento que prácticamente los excluye del beneficio de bienes que gran parte de la población tiene”, explicó el fiscal.
Vedia agregó que la pensión no contributiva “no es ni un subsidio ni una dádiva ni una limosna ni una caridad, es un derecho”.
“Hay una ley que consagró ese derecho que establece tres requisitos. El decreto nunca puede ser más restrictivo que la ley, con lo cual el decreto que están aplicando ahora no puede prever regulaciones o limitaciones que la ley no imponía”, subrayó.
El Gobierno intentó justificar hoy su recorte criminal a través del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien sostuvo que lo que se hace es “administrar responsablemente y en forma transparente”.
“Este es un programa que requiere dos requisitos para su otorgamiento, que la persona tenga una invalidez total y permanente, además que tenga un grado de alta vulnerabilidad social”, dijo y ejemplificó: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”.
Mientras tanto, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el kirchnerista Alberto Ciampini, intentó tratar este martes la quita de pensiones no contributivas pero no pudo hacerlo por falta de quórum. Sólo concurrieron los legisladores del FpV y la socialista Graciela Troiano. Deliberadamente, brillaron por su ausencia todos los diputados de Cambiemos y sus aliados con representación en la comisión.
“El Gobierno nacional lanzó un plan de discapacidad y al poco tiempo les quitaron las pensiones”, recordó la diputada Lucila Masín y cuestionó a “las fuerzas políticas que con su ausencia muestran su falta de compromiso con las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad”.
