Una cooperativista del programa Ellas Hacen, madre de siete hijos, fue asesinada de un disparo por la espalda en Glew. “El sábado fue a la marcha de ‘Ni Una Menos’ y hoy ella es una víctima porque un policía le arrebató la vida”, dijo una de sus compañeras frente a la comisaría local. Con la gestión de Cambiemos, una persona muere cada 25 horas en manos de las fuerzas represivas.
Por Fernando M. López (*) / Lorena Albarracín tenía 36 años, siete hijos y toda una vida por delante hasta que un vecino policía, Edgar Alberto Brian Yedro Ocampo, sacó su arma reglamentaria y le disparó a sangre fría. Este asesino, que prestaba servicio en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD) de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ahora se encuentra detenido, intentó encubrir el crimen con una versión falsa de los hechos, pero pronto se supo que se trataba de un caso de gatillo fácil.
Según testigos, Lorena discutió con Yedro Ocampo porque éste había agredido a uno de sus hijos al verlo romper una luminaria junto a otros chicos en el barrio Kanmar, de Glew, partido de Almirante Brown. Cuando el cruce subió de tono, la mujer, que tenía a su hija más pequeña en brazos, decidió retirarse y el policía la baleó por la espalda. Murió en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué.
Familiares, amigos y cooperativistas del programa Ellas Hacen, junto a organizaciones sociales, se movilizaron ayer desde la estación de trenes de Glew hasta la comisaría local para reclamar justicia.
“Basta de esta policía corrupta y asesina que tiene más derechos que nosotros. Hoy somos la voz de Lorena. Nuestra compañera fue el sábado a la marcha de ‘Ni Una Menos’ y hoy ella es una víctima porque un policía le arrebató la vida. Le disparó por la espalda como un cobarde. No vamos a permitir que este asesino quede libre”, dijo durante la marcha una de las cooperativistas.
Sus compañeras del programa Ellas Hacen la describieron como “una mujer trabajadora y luchadora”, y se comprometieron a colaborar con la familia para sostener a los siete chicos que quedaron desamparados tras la muerte de su madre.
Los crímenes en manos de fuerzas represivas aumentaron de manera considerable con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, pasando de una muerte cada 28 horas a una cada 25. De los 259 casos registrados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016, la mitad fue por gatillo fácil. Es más, la gestión de Cambiemos ya tiene el 5% de los 4960 contabilizados desde 1983.
El Colectivo Contra el Gatillo Fácil (CCGF) se movilizará el próximo miércoles 15 de junio, a partir de las 10hs, hasta la Fiscalía de La Plata para acompañar en su reclamo de justicia a las familias de seis jóvenes asesinados por las fuerzas represivas del Estado provincial.
Dos de las víctimas son Mauricio Andrada (17) e Ismael Perusatto (20), fusilados en 71 y 23 en febrero de 2014 por Cristian Daniel Duarte, efectivo del Grupo Halcón que alegó “legítima defensa” y fue absuelto en primera instancia. Sin embargo, el fallo fue apelado y ahora el policía irá a juicio en febrero de 2018 por doble homicidio.
Diferente es el caso de Víctor Gonzáles (17), quien apareció asesinado de un tiro por la espalda en 60 y 115 el 24 de agosto de 2016. La Policía bonaerense retuvo el expediente durante las primeras semanas de la investigación para encubrir a los efectivos de la Comisaría 9na que están sospechados de haber cometido el crimen. Actualmente, la causa no tiene ningún imputado y hasta ahora el fiscal a cargo, Leila Aguilar, se negó a recibir a la familia de la víctima.
En tanto, Damián Corvalán (25) murió el 4 de marzo de este año en la costa de Punta Lara. Por el crimen está acusado el policía Marco Antonio Gaitán, quien le disparó en el pecho desde un auto ante un supuesto intento de robo. La fiscal Betina Lacki aún no avanzó con el pedido de varios elementos de prueba aportados por la familia, como la declaración de testigos y las cámaras de seguridad del camping de la UOCRA.
Otro caso es el de Nicolás Vargas (19), asesinado el pasado 2 de abril por el policía Rodrigo Laurent. El joven iba en moto con un amigo cuando empezaron a ser perseguidos por un patrullero de la Subcomisaria La Unión, en la zona Oeste de La Plata. El amigo se dejó caer de la moto y a Nicolás le dispararon en la cabeza en la intersección de las calles 38 y 155. La policía justificó que los chicos habían cometido un robo a mano armada, pero esa versión no fue comprobada.
“Sabemos que el robo es el principal argumento de las fuerzas represivas para hostigar, torturar y asesinar a los pibes de los barrios”, señalaron desde el CCGF y agregaron que “el encubrimiento policial de las muertes violentas de jóvenes sigue a la orden del día, como en el caso de Sebastián Nicora, joven de 16 años asesinado en las playas de Punta Indio en febrero de 2013 y donde la fiscal Ana Medina y la Policía bonaerense entorpecieron la investigación haciendo pasar un balazo en la cabeza como un golpe para que hasta hoy quede impune”.
“Los hechos represivos como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en comisarías no han cesado en este tiempo, sino que se han incrementado producto de la desigualdad social que se vive, de la creación de una cultura violenta y una marginalidad planificada desde el Estado y por la saturación de los barrios con más policía que todos los gobiernos vienen practicando”, enfatizó el Colectivo.
(*) Publicada en Contexto Diario. El autor es editor de la agencia AgePeBA.
