Tras una semana de allanamientos en Casa Rosada e imputaciones contra el presidente y otros funcionarios de Cambiemos, al presidente Mauricio Macri se le terminan los 120 días que pidió en marzo para frenar la audiencia por la causa del tratado de la deuda del Correo Argentino. Es por ello que los funcionarios PRO buscan esconder toda evidencia de los grandes negociados estatales-privados que hoy vuelven a replicarse dictatorialmente y que sólo generan que los únicos que se beneficien sean los mismos que en el pasado se hicieron ricos a costas del pueblo argentino.
Por Carlos López / A su vez, el fantasma de Avianca asoma para desenmascarar que el objetivo del macrismo siempre fue, desde un principio, prometer un país para muchos y hacer una repúbliqueta para pocos, utilizando al Estado como trampolín para el crecimiento de las firmas empresariales amigas al mundo Macri.
Los funcionarios de Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza no quieren dejar ningún récord sin romper. A los aumentos de los servicios, de la pobreza, de los desempleados y de las grandes fugas de dólares con deuda estatal, también se le suman las causas que el propio presidente y otros macristas tienen en la justicia en su contra por los grandes negociados en beneficio de los directivos de varias empresas, entre ellas las ligadas al Grupo Macri.
Este viernes el fiscal federal que ejerce como titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal 8, Juan Pedro Zoni, amplió la imputación contra el propio Macri por la causa en la que se investiga la salvación estatal de una millonaria deuda al Correo Argentino SA. La decisión del fiscal es un significativo paso luego de los dictámenes de la fiscal Gabriela Boquín, ya que Zoni además de imputar a los directivos de Socma SA -propiedad del Grupo Macri- y Simeco SA, elevó 12 medidas de prueba ante el juez Ariel Lijo para investigar las responsabilidades del presidente de la Nación, del ministro de Comunicación, Oscar Aguad, del representante legal del ministerio en el concurso del Correo, Juan Manuel Mocoroa, y por último de la jueza Marta Cirulli por demorar el tratamiento de la causa durante los últimos siete años.
Las pruebas del fiscal son contundentes, debido a que tal como afirmó en la extensión de la imputación a Macri, el «Correo Argentino S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana SA en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas». Es por ello que esto «obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada poseía sobre sus bienes, lo que habría permitido el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana SA».
De alguna manera, la posición política de Macri durante sus gobiernos en la Ciudad de Buenos Aires no hicieron más que esconder los pasados y potenciar los nuevos negociados, en lugar de que se conociera realmente cómo fue que la familia del presidente se llenó los bolsillos con la creación de empresas desde el comienzo e incluso antes de la última dictadura cívico-militar hasta la fecha, siendo los años del Proceso claves para que junto a su padre Franco Macri, expandieran considerablemente el crecimiento de las empresas con la concesión monopólica de obras estatales, algo similar a lo que ocurre hoy con la adjudicación de obras públicas (con grandes beneficios para empresas privadas ligadas a funcionarios macristas) y la cesión del control del transporte y otros servicios a reducidos grupos económicos concentrados.
Más allá del silencio y el intento de desconocer todo esto por parte del gobierno, esta semana la Policía Federal realizó varios operativos en organismos públicos para avanzar en la investigación por el caso Avian Líneas Aéreas (Avianca), en la cual se encuentran vinculados Macri, su padre Franco y otros funcionarios como el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Los principales lugares registrados fueron la Secretaría General de Presidencia y Aerolíneas Argentinas. Es decir que mientras los medios amigos de Cambiemos se siguen ocupando el tiempo mediático en confrontar con el kirchnerismo, la Justicia allanó habitaciones en las mismísima Casa Rosada, de donde se extrajeron seis cajas de expedientes para avanzar en las investigaciones. De igual manera, la búsqueda llegó también a las oficinas de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), como así también a la sede central de Socma, lugar donde estuvo en funcionamiento MacAir Jet, empresa vendida por la familia Macri a Avianca, firma que mágicamente en mayo pasado accedió por intermedio del Ministerio de Transporte de la Nación al control de nuevos vuelos de cabotaje e internacionales, como así también a utilizar las distintas instalaciones aeroportuarias del Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, más allá de existir un proceso judicial en trámite que la involucra.
Avianca obtuvo rápidamente 16 rutas aéreas para operar desde Buenos Aires y llegar a ciudades como Santa Fe, Rosario, Comodoro Rivadavia, Concordia y Sunchales, entre otras. Esto fue posible por intermedio de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y con el permiso de la Junta Asesora de Transporte Aéreo. Poco importó el conflicto de intereses que comenzó meses antes a la adjudicación de las rutas y que investiga la Justicia, ya que la aerolínea había solicitado sumar nuevos espacios aéreos durante una audiencia pública en diciembre pasado, en un acto de apertura de las rutas promulgado por el gobierno. En ese momento Avianca consiguió la aprobación de las rutas solicitadas pero la adjudicación fue postergada por las denuncias en el traspaso de MacAir Jet, firmado en marzo del año pasado. Lo sospechoso de la aprobación de estas rutas es que la aerolínea colombiana presentó un certificado de la empresa panameña Sinergy Aerospace como garantía de capital para la filial argentina, cuya elaboración, legalización y sellados fueron posteriores a los dictámenes de la ANAC, según la información publicada por el diario Página/12.
Tras los allanamientos, el juez que lleva la causa, Sergio Torres, pretende que la Secretaría General de Presidencia informe el detalle de los viajes realizados por el presidente Mauricio Macri y demás funcionarios desde el 10 de diciembre de 2015 a la actualidad, ya sea por medio de la flota presidencial o en aviones de empresas privadas. A su vez, el principal foco de la causa está puesto en la investigación que apunta a determinar si se habría beneficiado a Avianca. A su vez, en este sentido el diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tailhade, esta semana hizo público en su cuenta de Twitter un documento que confirma que Aerolíneas Argentinas determinó incobrable un pasivo de casi medio millón de pesos que tenía Macair Jet SA, a través de una declaración de deudores en gestión comercial. Es decir que la deuda fue perdonada cuando Isela Costantini era directora de la aerolínea estatal. Décadas más tarde a la última dictadura y otros casos ocurridos durante los ’90, el actual presidente argentino vuelve a repetir la metodología que utilizó su familia para vaciar el Correo Argentino, ahora con Aerolíneas Argentinas como intermediario para lograr un beneficio de un negocio privado, con el agregado de que el organismo encargado de no permitir que estos negociados oscuros de traspaso de deuda y adjudicaciones fraudulentas ocurran es nada menos que la Oficina Anticorrupción (OA) dirigida por la ultra macrista Laura Alonso.
Por su parte, Quintana en marzo pasado fue imputado por la misma causa por el fiscal federal Jorge Di Lello. Es por ello que el juez Torres ahora debe investigar si el Gobierno benefició a dos aerolíneas durante el proceso de licitación de rutas aéreas. Las sospechas contra el funcionario PRO llegaron a la justicia luego de que la firma Fly Bondi, que llegó al país para operar con un servicio low cost (bajo costo), recibiera más del 70% de las rutas que solicitó. De aquí surge el interés del gobierno desde un principio de colocar en cargos destacados a ex empresarios de empresas de transporte. Quintana fue titular de Pegasus Argentina, una empresa cuya vicepresidencia fue ocupada en ese mismo momento por Richard Gluzman, paradójicamente el actual dueño de Fly Bondi. Además, ambos empresarios compartieron puestos de directorio en las empresas Enflex SA y Entertainment SA.
Los beneficios que en el pasado la familia de Macri obtuvo con la estatización de la deuda privada de varias empresas del Grupo Socma, propiedad de la familia presidencial, hoy son obtenidos directamente desde Casa Rosada, y con la utilización de muchos de los empresarios que fueron designados por el gobierno al mando de las principales carteras nacionales. ¿Será acaso a estas relaciones carnales de grandes negociados a las que se refiere Macri cuando invita en sus discursos marketineros a hacer una Argentina de la felicidad juntos? Lo cierto es que la pobreza en el país ya pasó los 33 puntos porcentuales, las oportunidades de trabajo y los derechos laborales cada día se reducen más, pero los beneficios para los sectores más acomodados de la sociedad siguen aumentando en silencio, con la vista de los organismos que deberían obrar por el bien de las mayorías y bajo la conducción negacionista de Macri, siempre atento a estrechar su mano hacia las mafias del empresariado que atentan contra los trabajadores.
