Tras concentrarse frente a la Municipalidad de La Plata, donde se encuentran los funcionarios del intendente Julio Garro involucrados en la muerte de la joven estudiante de periodismo, se movilizaron hasta la Fiscalía para exigir el avance de la causa. Juan Uscaymata dijo que “la balanza de la justicia es falsa” porque “siempre está del lado del Gobierno, nunca se inclina para nuestro lado”.
Familiares, amigos y compañeros de Emilia Uscamayta Curi redoblaron hoy el pedido de justicia al cumplirse 17 meses de su muerte, ocurrida durante una fiesta clandestina en la localidad de Melchor Romero.
La concentración tuvo lugar en Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de La Plata, donde los manifestantes protestaron contra el intendente Julio Garro y los funcionarios involucrados en el caso, entre ellos el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Martínez Garmendia, el titular de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass, el subsecretario de Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, y el ex director de Nocturnidad, Gerardo Gioglio.
Luego los familiares marcharon hasta la Fiscalía local junto a los integrantes de la Asamblea Justicia por Emilia, la decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, estudiantes de esa unidad académica y de la Federación Universitaria de La Plata (FULP).
El padre de la víctima, Juan Uscaymata, y su abogado, Adrián Rodríguez, reclamaron ser recibidos por la fiscal Ana Medina, quien se hizo cargo de la causa en reemplazo de Álvaro Garganta, recusado por la familia.
“La balanza de la justicia es falsa” porque “siempre está del lado del Gobierno, nunca se inclina para nuestro lado”, dijo Uscaymata y agregó: “capaz ellos creerán que nos vamos a olvidar, pero yo no me voy a olvidar hasta el día de mi muerte”.
“Sabemos que cada aniversario son momentos muy duros, estos 17 meses fueron muy difíciles, pero también sabemos de la firmeza y la dignidad de la familia y los compañeros que están acompañando esta lucha”, señaló Saintout al tomar la palabra frente a la Fiscalía.
La decana de Periodismo y concejala del FpV Nacional y Popular dijo estar indignada por “la ignominia de esta justicia que acá, en este edificio vallado y lleno de policías, no sale a recibir a la familia”.
“Por sectores de la justicia como estos, que en 17 meses no han hecho absolutamente nada, es que nosotros vamos a tener cada vez más fuerza y vamos a seguir peleando”, subrayó.
En este marco, Saintout también criticó al intendente: “No hizo ni siquiera un acto administrativo para investigar qué responsabilidad tuvieron los funcionarios de su gestión. Lo que demuestra no sólo ausencia del Estado sino, además, un desprecio enorme por parte de Julio Garro, que ni siquiera bajó a hacerse presente en este día”.
Los primeros imputados de la causa fueron los cuatro organizadores del evento, Carlos Bellone, Raúl “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, único detenido aunque por otro hecho.
Desde entonces, la familia reclamó con insistencia el cambio de carátula de “homicidio culposo” a “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una pena mayor, pero Garganta siempre hizo oídos sordos.
Tampoco accedió a investigar las relaciones de los imputados con la gestión Garro, ni el pago de un presunto soborno para llevar a cabo el evento ilegal en el que murió Emilia. García y Piedrabuena tenían fuertes vínculos con Martínez Garmendia, a quien el delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Zamudio, señaló como el funcionario que habría recibido una coima de “20.000 pesos”.
En septiembre del año pasado, sin poder desconocer las pruebas contundentes que surgieron en la causa, Garganta decidió imputar al entonces secretario de Seguridad de Garro, Martín Piqué, quien había ordenado retirar al personal de la Policía Local que debía impedir la realización del evento en la quinta de 520 y 160.
No obstante, descartó imputar o llamar a declarar al ex oficial Ariel Peña, señalado como quien efectivizó la orden para que los agentes locales se retiraran de las inmediaciones de fiesta. Garganta tuvo la misma inacción frente a los policías bonaerenses de la Comisaría de Melchor Romero, acusados por la familia de “liberar la zona” y dejar que se fueran todos los testigos, ya que tardaron más de dos horas en llegar al lugar tras la muerte de Emilia.
