Son los tres protagonistas centrales de la tragedia que tiene como figura estelar a Mauricio Maci y su política económica al servicio de poderosos intereses foráneos a los que poco les preocupa el futuro de la Argentina. En tanto, el Comité por la Abolición de las deudas Ilegítimas (CADTM) – centro especializado con sede en Bélgica – alertó que Macri hipoteca los recursos naturales como garantía del pago de la deuda externa.
Por Fernando M. López (*) / El presidente Mauricio Macri insiste en que su Gobierno va por “el camino correcto”, mientras distintos funcionarios de primera línea continúan el mismo discurso falaz del año pasado para tratar de engatusar a una población cada vez más desencantada con las políticas de Cambiemos.
En un nuevo intento de patear la pelota hacia adelante todo lo que se pueda, prometen que en diciembre la inflación estará en niveles cercanos al 1% mensual o que la economía crecerá por encima del 3% anual, y hasta sacan explicaciones perversas de la galera para negar el deterioro de la calidad de vida, como lo hizo la vicepresidenta de “la luz al final del túnel”, Gabriela Michetti, cuando afirmó que los argentinos prefieren consumir menos leche para ahorrar más.
Pero lo cierto es que no hay ninguna luz al final del túnel macrista para las grandes mayorías. No la puede haber con una política económica basada en el endeudamiento extremo, que ronda los 100 mil millones de dólares en apenas diecisiete meses de gestión, la especulación financiera sin control y una fuga de capitales que bate todos los récords.
“Argentina lidera el ranking regional de endeudamiento en este primer cuatrimestre de 2017”, dijo a Contexto el economista Ernesto Mattos, y agregó que es en condiciones sumamente desventajosas, ya que se están pagando “las tasas más altas” en comparación con las que obtienen otros países de América Latina.
Para colmo, el grueso de esa deuda no va a parar ni al desarrollo productivo ni a la obra pública, sino “a gastos corrientes” o “a la bicicleta financiera”, que “más que una bicicleta es un cuatriciclo financiero”, subrayó el economista de la UBA e investigador del Centro Cultural de la Cooperación (CCC).
En este punto, Mattos ejemplificó con tres casos concretos: “Tarjeta Naranja emitió deuda corporativa a una tasa del 15%, McDonald’s al 8% y Pampa Energía al 7,6%. ¿Y por qué se endeudarían a tasas tan altas? Porque tienen margen para ponerla en Lebacs (Letras del Banco Central), aunque el tipo de cambio pueda variar”.
De esta forma, las empresas toman deuda en dólares, compran pesos y con las Lebacs obtienen una rentabilidad superior al 25% anual. Esos pesos serán reconvertidos en dólares y fugados al exterior sin ningún tipo de restricción.
Amílcar Collante, economista de la UNLP y miembro del Centro de Estudios Económicos del Sur (CESUR), que sigue de cerca esa deuda que se acumula en el Banco Central, indicó a Contexto que la situación es “preocupante”.
“El titular del BCRA, Federico Sturzenegger, la multiplicó por tres. Arrancó con 330.000 millones de pesos y hoy supera el billón, es decir, un millón de millones de pesos de deuda por Lebacs, que son unos 63.000 millones de dólares y representan casi 10 puntos del PBI, mientras que las reservas están cerca de los 45.000 millones de dólares”, explicó.
Para el experto, mantener ese stock es “muy peligroso”, porque “está colocado con intereses muy altos a corto plazo” y “no termina de pagarse nunca”.
“A mediados de junio vence más o menos la mitad de esa deuda, 500.000 millones de pesos, y el Central puede renovar, pero siempre incrementando la deuda. Y si una licitación queda sin colocar, todo eso que vence quedaría en el mercado y podría presionar el tipo de cambio o dar un fogonazo a la inflación. Es una verdadera bola de nieve”, completó Collante.
Según el último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET), casi el 40% de la deuda tomada por el Gobierno durante el primer trimestre del año fue para financiar la fuga de capitales.
Desde enero de 2017 hasta mediados de abril se emitieron bonos en dólares por 9.167 millones de dólares y Letes (Letras del Tesoro) por 10.837 millones, más 55.325 millones de pesos, mientras que la fuga en ese mismo período alcanzó los 7.820 millones de dólares. Y si se contempla toda la gestión de Cambiemos, asciende a 30.274 millones de dólares.
“La fuga de capitales alcanza una cifra récord en un ciclo de fuerte expansión de la deuda externa. El modelo iniciado en diciembre de 2015 exhibe inconsistencias macroeconómicas e institucionales. El Gobierno se muestra incapaz de resolver muchos de los problemas que él mismo ha creado, y lo único que mantiene al modelo sin resquebrajarse aún es el acceso a una fuente (por ahora) ilimitada de endeudamiento externo e interno que parece superar cualquier barrera imaginable”, expresó el rector de la UMET, Nicolás Trotta, al presentar el informe.
Tanto Mattos como Collante consideraron que “esta política no podrá sostenerse en el tiempo” sin esperar más que “efectos adversos en la economía” y consecuencias devastadoras para el conjunto de los argentinos.
El de Macri no es el “camino correcto” para bajar la inflación, reducir el déficit fiscal, salir de la recesión, crear empleo o terminar con la pobreza; es el camino de ajuste neoliberal que le trazaron los oligopolios transnacionales que detentan el poder y el saqueo globalizado. A ellos responde y sólo a ellos beneficia.
El 2 de mayo pasado, Comité por la Abolición de la deudas Ilegítimas (CADTM) publicó la nota Demandan a Macri por hipotecar los recursos naturales como garantía del pago de la deuda externa, firmada por Mariano Beristain: “Los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, en nombre del Instituto Arturo E. Sampay, presentaron una demanda judicial contra el presidente Mauricio Macri y los funcionarios de Cambiemos que intervinieron este año en las operaciones de deuda acusándolos de hipotecar los recursos naturales de la República como garantía de pago. La presentación advierte que si la Argentina, por alguna razón, ingresa en default deberá someterse a los tribunales arbitrales de Nueva York (Estados Unidos), Londrés (Reino Unido) y Suiza y, de ser necesario, tendrá que rematar los recursos naturales para cumplir con sus compromisos financieros con los acreedores”.
Y añaden: “La operatoria gubernamental que denuncian los jurisconsultos es sencilla. El 11 de enero de 2017, a través del decreto 29/2017, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por hasta U$S 20.000 millones o su equivalente en otra moneda y definió la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales sitos en Nueva York y/o Londres. Acto seguido, dejó constancia de la renuncia de la Argentina a la defensa de la inmunidad soberana y excluyó de este desistimiento a las reservas del Banco Central, los bienes diplomáticos, la herencia cultural, los depósitos bancarios, valores y otros medios de pago. Sin embargo, el decreto nada dice en su cuerpo central de los bienes comprendidos en el artículo 236 del código civil. Incluso en el anexo, de más de 400 páginas, termina incluyendo expresamente los recursos naturales, como prenda, en el caso de que la Argentina no pueda afrontar el pago de los intereses o del capital de la deuda. El 6 de abril Macri informó, a través del Boletín Oficial, que el Gobierno tomará deuda por 3.000 millones de francos suizos bajo similares condiciones a las de la operatoria del 11 de enero, decreto que también lleva las firmas del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Finanzas, Luis Caputo”.
El artículo 236 del Código Civil y Comercial refiere a los bienes del dominio privado que pertenecen al Estado Nacional, Provincial o municipal entre los que se encuentran los inmuebles que carecen de dueño, las minas de oro, plata, piedras preciosas, sustancias fósiles (petróleo, carbón y gas), según lo normado por el Código de Minería. Pero también incluye a los lagos no navegables y todos los bienes adquiridos por el Estado Nacional.
“Es decir que quedan fuera de la protección de inmunidad de ejecución, por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos. También las empresas del Estado”, puntualiza, en uno de los párrafos, la demanda que presentaron Cholvis, Cortis y Barcesat contra el presidente Macri (…). La denuncia, que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, supone los delitos de “traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
La deuda externa argentina aumentó durante 2016 12,9% -en dólares 22.048 millones-, con lo cual la misma había quedado en 192.462 millones a fines de diciembre pasado, en este caso cifras oficiales del INDEC. Esta ampliación queda explicada en gran parte por el acuerdo con los «fondos buitre» a principios del año anterior, cuando se debieron derivar 16.500 millones para el pago de los mismos y poder salir de tal manera del default. Pero además, se deben también contabilizar las situaciones provinciales, que luego de la normalización interna salieron a financiarse en los mercados internacionales. Como así también a las colocaciones del sector público, ya que el privado canceló la mayor parte de sus compromisos acumulados hasta el mes de diciembre de 2015. De esa masa total el 66% correspondió al sector público no financiero y al Banco Central, un 32% al sector privado no financiero, y completándose con el 2% restante al sector financiero.
En tanto, 25 de enero de 2017, el propio Infobae –nunca comprometido con posiciones progresistas – publicaba que la deuda externa bruta “ya supera los 210.000 millones de dólares”. Y señalaba: “El aumento de la deuda pública del Estado nacional, es decir el total de pasivos en pesos y dólares, siempre es motivo de preocupación, pero también es relevante el nivel de deuda externa bruta, que contabiliza las obligaciones en moneda extranjera contraídas por el Estado nacional, provincias y empresas. Desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri y la casi inmediata liberación de los controles de capitales ésta exhibió un crecimiento pronunciado hasta alcanzar un monto récord. A diferencia de la gestión de Cristina Kirchner, que apeló a la financiación del déficit fiscal con dólares y pesos del Banco Central, con efectos inflacionarios y caída de reservas, la administración de Cambiemos optó por la colocación de deuda en el exterior como principal instrumento de financiamiento del sector público, con la intención de suavizar el ajuste fiscal y el avance inflacionario en un contexto recesivo”. Por eso, queda abierta una nueva trágica función de los hermanos Macri & Lebacs.
(*) Fernando M. López es editor de AgePeBA. Este texto fue publicado por el diario Contexto.
