En la Rosada, los ministerios, y las bancas parlamentarias de Cambiemos, como así también entre sus amigos en la Justicia suelen aparecer no sólo estrechas ligazones – hasta románticas – con las políticas que se esbozaron con el golpe de “la Fusiladora” de junio –septiembre del ‘55 y perfeccionaron durante la última dictadura de 1976, sino más bien que muchos de los personajes que hoy conforman esa alianza de la derecha nacional fueron parte de aquellas intervenciones fascistas y genocidas, los de la macabra parábola entre los bombardeos sobre la Plaza y los fusilamientos, y el terrorismo de Estado desplegado por la Junta de Videla y su secuaces. “La oligarquía con olor a bosta de vaca”, para definirla con palabras de Evita, aquí están. Son la sombras de la muerte.
Por Carlos López / Con la llegada de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Macri, la Argentina retornó a las bases del Plan Cóndor que comandó Estados Unidos y que hoy vuelve a promulgar con la articulación de la DEA y el Comando Sur del país del Norte. Todo esto se enmarca además en una supuesta reinserción en el mercado mundial (aún se espera la lluvia de inversiones) a la que Macri apela bajo los ideales de “la familia unida” y la apertura completa del país a costa de dependencia y más pobreza, con “achicando del gasto público” y reducción de la actividad económica, con pérdidas para el salario real y del trabajo. Durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica el discurso fue muy similar, en un contexto de órdenes por parte de una Junta Militar que invitaba a defenderse del comunismo mediante el apoyo de la Iglesia para aniquilar a militantes y luchadores sociales.
Así como la historia y los archivos denotan la vinculación de los funcionarios de Cambiemos con la dictadura, muchos de ellos igualmente no pueden ocultar el gorilismo que contienen y se sacan la careta electoral que la pandilla de Macri gestó con la ayuda de Durán Barba para llegar a la Casa Rosada. Este es el caso del ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, uno de los primeros macristas en poner en duda la cantidad de desaparecidos durante la dictadura, época a la que denominó como una “guerra sucia”, de la misma manera que lo llamaban los hombres de Videla para inventar un conflicto social de los opositores a la Junta Militar.
Elisa Carrió, uno de los más activos contactos de Washington en la Argentina fue nombrada como asesora de la Fiscalía de Estado del Chaco el 7 de febrero de 1979, por intermedio del decreto provincial 72 y bajo las órdenes del interventor General de Brigada Antonio Serrano. La propia Carrió no pudo escapar del pasado y tuvo que confesar en mayo de 2004 su cargo político durante la dictadura, cuando en una entrevista con la radio LT8 de Rosario justificó su puesto laboral en aquel momento por necesidad de contar con una obra social para atender su salud luego de un accidente en el que supuestamente murieron varios amigos suyos.
«Si no hubiera aceptado esa tarea en la Justicia chaqueña hoy no estaría viva», fue la explicación en aquél momento de la actual diputada nacional para justificar su alianza con los militares. Lo llamativo de esto es que Carrió lejos de intentar alejarse luego continuó vinculada a los genocidas, ya que además fue Secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, con nivel y jerarquía de Juez de Cámara, cargo al que accedió el 21 de agosto de 1980 por resolución 522 del Superior Tribunal de Justicia.
No es casualidad que estos personajes del pasado ahora disfruten de la postura del gobierno que decidió pasar la semana de la Memoria en marzo pasado sin actos oficiales y con el presidente de visita en Holanda, además de las fascistas hipótesis sobre la cantidad de desaparecidos en la última dictadura que varios funcionarios del PRO se encargaron de reproducir por distintos medios.
Esa fue la postura remarcada por la funcionaria radical de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, María Julia Marcó. La directora de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad provincial el pasado 27 de marzo escribió en su Facebook personal que el Día de la Memoria es “una fecha en la que deberíamos recordar el horror sufrido por los argentinos de la mano de la violencia de ciertos grupos políticos, y del terrorismo perverso de Estado, un grupo de extremistas reivindicaron a las agrupaciones políticas armadas y llamaron a ‘dejar de ser democráticos y buenitos’”. Este discurso no sólo atenta contra la memoria de los desaparecidos y sus familiares, y no sólo minimiza el rol del Estado opresor durante la dictadura, sino que además busca generar una corriente de pensamiento en la que el Estado argentino cada vez se desligue más de la responsabilidad de acompañar los juicios contra represores y actos de lesa humanidad que aún continúan en curso, en pos de recrear la expresión de la Teoría de los dos demonios que niega el cruel plan sistemático del Estado y ataca fuertemente a las bases militares populares que lucharon –y luchan hoy- contra una derecha sin límites.
Esta idea es mantenida por otros funcionarios como el titular del Banco Nación Javier González Fraga, quien acusó a los asistentes a la marcha del pasado 24 de marzo de haber ido “por 500 pesos, vino, Coca Cola y choripán”. Pero a lo que González Fraga no pone cuestionamientos es a su principal responsabilidad de la segunda hiperinflación de fines de 1989 y principios de 1990, cuando fue presidente del Banco Central y además principal asesor del ministro de Economía, Antonio Erman González, situaciones que ineludiblemente derivaron del desastre económico que dejó el propio terrorismo de Estado una década antes.
En Cambiemos nadie se salva. En marzo pasado el presidente de la Juventud PRO de San Isidro, Segundo Carafí, fue repudiado por participar de una movilización convocada por la ultra derechista y fascista Cecilia Pando al Ministerio de Justicia en favor de los genocidas. El joven funcionario vinculado a Horacio Rodríguez Larreta fue reconocido por asambleístas de ATE que se encontraban en el lugar para definir acciones contra la pauta salarial establecida por el gobierno.
Continuando con la apertura de los secretos más oscuros que esconde Cambiemos, esta semana también esta agencia dio a conocer detalles sobre el rol de Félix Peña durante la dictadura. Por más que Cambiemos trató de ocultarlos durante los últimos años, se conoció que el padre del jefe de Gabinete, Marcos Peña, ejerció como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina entre 1982 y 1983, convocado por Nicanor Costa Méndez, canciller de la Junta Militar entre 1981 y 1982, a quien conocía por pertenecer ambos al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), un grupo conservador creado en 1978 para respaldar a los militares en ámbitos diplomáticos. Como si esto fuera poco, su principal función fue ser el enlace con la CIA cuando el dictador Galtieri definió las acciones bélicas para la Guerra de Malvinas, un plan militar acordado entre la Junta Militar y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
Otro funcionario PRO con pasado cercano a la dictadura para darle fuerza militar al gobierno de los nietos de “la Fusiladora” es el diputado macrista por la provincia de Córdoba, Nicolás Massot, quien luego de la salida del kirchnerismo del gobierno reivindicó las pancartas con que posaron los legisladores nacionales de su bloque: “Nunca Más el negocio con los derechos humanos”.
Nicolás Massot es nada menos que sobrino de Vicente, director en Bahía Blanca del diario procesista La Nueva Provincia y acusado de entregar a los obreros gráficos obreros Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola en 1976, luego asesinados. De ser acusado como coautor de los asesinatos a escribir una columna en el diario Clarín. Ese es el presente de Vicente hoy, quien el pasado 4 de mayo publicó en el diario macrista por excelencia una nota titulada “Francia y Europa: visiones antagónicas sobre el futuro”, en la que analiza el futuro de la Unión Europea luego del referéndum del Reino Unido para continuar siendo parte de la Unión o no.
Eso sí, para Clarín Massot no es un hombre con malas intenciones -como tampoco lo fue el recientemente beneficiado con prisión domiciliaria Miguel Etchecolatz-, tan sólo es un hombre de bien con su doctorado en Historia y profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA). Atrás quedó con el gobierno de Macri la orden emitida en octubre del año pasado por la Cámara Federal de Bahía Blanca que confirmó la resolución del Juzgado Federal Nº1 de esa sede para prohibirle al empresario mediático salir del país, por estar imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas.
El rejunte de PROgenocidas que hoy tiene el gobierno no es meramente una postura política. Más allá de esto, el presidente de la Nación porta un apellido que controla en el país cerca de 50 empresas creadas durante la última dictadura militar. Por más que se trate de ocultar, las empresas ligadas a la Sociedad Macri (SOCMA) fueron expuestas por crecer exponencialmente entre 1976 y 1983, con Franco Macri, alias “el Papi del presidente” al frente de los negocios. La firma Macri contaba al comienzo de la dictadura con tan sólo siete empresas, pero al finalizar el Proceso ya eran dueños de 47, entre las que se encontraba el Correo Argentino con el que Mauricio Macri se llenó los bolsillos durante los ’90. El crecimiento fue posible gracias a los beneficios y los pagos millonarios que la Junta Militar pagó por los servicios de las empresas macristas, las mismas que hoy buscan controlar el mercado argentino bajo la excusa del libre comercio y la libertad total de las empresas para operar dentro del país. Pero no sólo el crecimiento empresarial del Grupo Macri fue un beneficio para ellos durante el Proceso, sino que además fue gravemente perjudicial para la mayoría de los argentinos. En enero de 1976, unos meses antes del inicio de la dictadura, Franco Macri presentó oficialmente SOCMA, principal sociedad con la cual se beneficiaron de las más importantes licitaciones durante la presencia de los militares al poder, y que les permitió dirigir construcciones como la represa Yaciretá, del puente Misiones-Encarnación, la central termoeléctrica de Río Tercero y de Luján de Cuyo, la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la creación de Manliba, y otros megaemprendimientos. Poco después, con las recaudaciones millonarias el “Papi” de Mauricio compró Fiat en Argentina, acuerdo que luego terminó con el cierre de plantas y despidos en la marca de automóviles.
Pero el robo mayor de los Macri llegaría en 1982 cuando el Banco Central de la Nación encabezado por Domingo Felipe Cavallo decidió estatizar la deuda privada de empresas que participaron activamente de las relaciones comerciales con la Junta Militar. De esta manera empresas como SOCMA, Bridas, Gregorio Pérez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina, Grupo Clarín, Diario La Nación y Papel Prensa hicieron crecer la fraudulenta estatización a unos 40 mil millones de dólares pagados por el Estado en nombre y obra de todos los argentinos (170 millones fueron estatizados en nombre del Grupo Macri). Claro que todas las ganancias que esto generó para la familia Macri y sus amigos involucrados hoy están bien cuidadas en paraísos fiscales como se denunció en los Panamá Papers, o en cuentas de dinero oscuro que se completa con otros depósitos millonarios en Estados Unidos y Suiza.
La premisa de empresarios de la talla de Franco Macri, y otros disfrazados de presidentes como Mauricio Macri, consiste meramente en hacerse ricos a costas de la gente. No importa el momento histórico ni las condiciones que impone el capitalismo mundial, porque a fin de cuentas lo que realmente importará es cuánta ganancia quedará al mismo tiempos que destruyen los sueños de los argentinos. Así como hoy muchas empresas del Grupo Macri aprovechan al gobierno de Cambiemos para afianzar el control de los servicios, generar contratos ilegales con constructoras y empresas de servicios de transporte, hace 40 años se comenzaba a gestar el control del mercado y la riqueza en pocas manos, apoyando al Proceso de genocidas que secuestró y desapareció a miles de argentinos, como así también permitió el mayor saqueo económico y social con el traspaso de fondos nacionales a empresas privadas. Saqueo que hasta hoy se puede enmarcar como el más profundo y perjudicial para el conjunto de las clases populares y trabajadoras, pero que Cambiemos ya empieza a alcanzar en unos cuántos meses de gestión a base de políticas neoliberales y direccionadas a beneficiar a los mismos de siempre. Para dejar contento a «Papi», al menos Macri ya logró que los pibes y pibas pobres se sigan muriendo de hambre, que esos pobres aumenten al 32,9% de la sociedad y que la represión y la violencia institucional contra trabajadores, docentes y militantes aumente cada año más. No sea cosa que la clase media despierte y un día descubra los millones de dólares que se están fugando del país.