La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el fallo del juez Julián Ercolini, que había exculpado a los principales directivos de Clarín y La Nación al considerar que no existía “vinculación alguna” entre la transferencia de acciones de Papel Prensa y los delitos de lesa humanidad cometidos sobre la familia Graiver durante la última dictadura cívico-militar. Las querellas apelarán ante Casación.
A tono con el retroceso de Cambiemos en materia de Memoria, Verdad y Justicia, el 2×1 de la Corte Suprema al represor Luis Muiña y las domiciliarias otorgadas a decenas de genocidas, los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia decidieron confirmar el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa, símbolo de la complicidad civil con el terrorismo de Estado.
Además de los principales directivos del Grupo Clarín y del diario La Nación, también fueron beneficiados Raymundo Juan Pío Podestá, ex funcionario de la dictadura, y Guillermo Juan Gainza Paz, quien ofició como intermediario en la transferencia de las acciones que estaban en manos del Grupo Graiver a Fapel S.A., sociedad integrada por Clarín, La Nación y La Razón.
El fallo de la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, dictado este miércoles, coincide con el juez Julián Ercolini, quien en diciembre último, sin siquiera llamar a indagatoria a los imputados, sostuvo que “no existen en autos elementos” para considerar que “la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura”.
Ballestero y Leopoldo Bruglia fueron en la misma dirección, desestimando los testimonios de las víctimas, ente ellas Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, y Rafael Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa, así como la maniobra del traspaso de la empresa “a precio vil”.
Para los camaristas, Magnetto, Herrera de Noble, Mitre, Podestá y Gainza Paz no cometieron ningún delito, sino que “cumplieron un único rol, ceñido a un único instante: haber adquirido en noviembre de 1976 la empresa Papel Prensa en el marco de una operatoria concertada con un solo propósito comercial”.
“Como consecuencia de tal conclusión, que exhibe que la venta de la firma no estuvo motivada en una coacción dirigida a ese específico fin, y que ninguna implicancia tuvieron en ello los dueños y los representantes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, resulta fútil responder aquellos enigmas que se ciernen sobre el valor de la operación. Si, más allá de la particular situación financiera que da contexto a los hechos, la venta se concertó libremente y entre partes cuya capacidad no fue cuestionada, no hay cabida para impugnar por vil el precio así pactado”, agregan en el fallo.
A pesar de la resolución de la Cámara porteña, las querellas integradas por Papaleo y Ianover podrán continuar con la causa por vía de apelaciones ante Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.
Alejandro Rúa, abogado de Papaleo, confirmó que apelarán el fallo de la Cámara, al que calificó como “una marca de la impunidad que nos gobierna”.
“Es la negra noche de la impunidad en derechos humanos, ya lo vimos en el 2×1, pero vamos a superar esto”, completó el letrado.
David Graiver, fundador de Papel Prensa, murió en agosto de 1976 en un accidente aéreo ocurrido en México y las acciones de la empresa pasaron a sus familiares. Según la investigación del fiscal Leonardo Gómez Barbella, dos meses después la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, los padres y el hermano, y Rafael Ianover, fueron “intimidados” a transferir las acciones a Fapel S.A. Esto sucedió en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, donde estuvieron Magnetto, Mitre, Patricio Peralta Ramos (entonces director de La Razón) y el abogado fallecido Bernardo Sofovich, en representación de Herrera de Noble.
Más tarde, entre marzo y abril de 1977, todos los integrantes del grupo Graiver, incluidos Lidia y su hermano, Osvaldo Papaleo, serían secuestrados y trasladados a Puesto Vasco, uno de los centros clandestinos de detención a cargo de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
