Efectivos de la Policía Bonaerense fueron expuestos durante los últimos meses en las redes sociales por ataques ilegales contra jóvenes y estudiantes en distritos como Berisso, Banfield y San Martín. Bajo las órdenes de la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, los policías de la Provincia copian la lógica macrista que brinda autonomía a las fuerzas de seguridad en todo el país para realizar prácticas de hostigamiento sin identificación contra los sectores más vulnerables: una vez más jóvenes en general y pobres. Estas situaciones de violencia estatal e institucional reinstituyen el paradigma represivo perfeccionado por la dictadura cívica, militar y eclesial del ’76: «delito de ser joven».
Por Carlos López / La brutalidad de la violencia policial con el gobierno de Cambiemos no tiene límites. Cada vez con mayor vehemencia, las distintas fuerzas de seguridad golpean, maltratan y detienen a ciudadanos en las calles, especialmente a jóvenes y adolescentes, mujeres y pobres. ¿La razón? Reprimir todo intento de protesta, toda irrupción de subjetividad pensado en términos colectivos, la preocupación constante de los dispositivos de políticos, culturales y mediáticos de control social: manifestarse contra las políticas que generan miserias y al mismo tiempo ser joven, es una combinación que el gobierno quiere callar a cualquier precio, como cuando la vigencia de las prácticas terroristas de Estado.
Durante la dictadura iniciada en 1976 se estableció algo así con un sistemas de “odio de Estados” contra los más jóvenes; fue entonces cuando surgió casi como categoría de análisis y confrontación para los actores resistentes, el concepto del “delito de ser joven” a tal punto que llegó a instalarse la idea del “delito de ser joven”. Esa misma lógica, aunque en una dimensión por ahora que podríamos definir como “en bajas calorías” respecto de lo acometido por la dictadura, es la que, sin nombrarla, toman hoy los gobiernos nacionales, provinciales y municipales para lanzarse contra los actores más vulnerables de la sociedad argentina, y en un escenario aun más complejo porque las redes represivas –físicas y comunicacionales – , como de alguna manera abirda un artículo del diario La Nación del 7 de mayo último, “El femicidio, la reacción contra el fin de una era”, en el que Emmanuel Taub, doctor en Ciencias Sociales (UBA), magister en Diversidad Cultural (UNTREF) e investigador del CONICET plantea que “en el siglo XX, el genocidio se impuso contra las identidades nacionales; en el XXI, la reacción es contra las identidades individuales (…).Debemos pensar el siglo XX como el siglo del estallido de las identidades nacionales con la respuesta genocida de los Estados. Hoy vemos el estallido de las identidades individuales (…). Como bien explica Michel Foucault en su curso del Collège de France de 1975-1976, el Estado nazi hizo que coincidieran el campo de la vida disciplinaria y reguladora característico de todo Estado nación con el derecho soberano de matar a cualquiera por sobre el contrato social que inauguró el tiempo moderno (…). El siglo XXI se enfrenta a una nueva realidad: mientras el problema de las identidades nacionales fue girando hacia el problema del “otro diferente y terrorista”, hacia el interior de los Estados nuevos discursos sociales implosionan las viejas identidades. Las categorías no son suficientes para ir a la par de las configuraciones humanas: ni hombre/masculino ni mujer/femenino, agénero, intergénero, demigénero, género fluido, pángenero, queer, trans, cisgénero, pluriamor, nuevas familias (…). Ese plexo de conductas represivas incluye la de la violencia sistémica contra la juventud, con el agravante de que el aparato mediático – cultural del sistema de poder trabaja sin descanso para que la trama de violencia descripta se convierta en “hecho natural”.
Como vemos, el argumento de violencia institucional que fuera en su momento denominado como el “delito de ser joven” crece como un hongo atómico. Y quizá sea útil recordar aquí cómo y cuando surgió aquello de la juventud como hecho delictual. Recuerda en las redes sociales un sitio de Facebook denominado Pensamiento Discepoleano: “Pocas semanas después de concretado el golpe genocida del ’76, dirigentes de las agrupaciones juveniles de algunos partidos políticos comenzaron reuniones clandestinas o semipúblicas en embajadas, clubes y hasta locales partidarios; participaron sectores de la diezmada Juventud Peronista (JP, Nilda Garré y Juan Pablo Unamuno), la Juventud Radical (JR, Federico Storani, Marcelo Stubrin), la Federación Juvenil Comunista (FJC, Patricio Echegaray, Enrique Dratman y Alberto Nadra), socialistas («unificados», Eduardo Lázara) y («auténticos», Mario Mazzitelli, Adrián Camps), democristianos de izquierda (Carlos Bermúdez) y de la Juventud Intransigente (JI, Martín Andicoechea, Roberto Garín). Era el inmediato renacer de lo que fueron las Juventudes Políticas Argentinas (JPA) hasta el 24 de marzo de 1976, y lo que luego de la Guerra de Malvinas reaparecería públicamente como Movimiento de Juventudes Políticas (MOJUPO). Pese al clima represivo plasmaron pronunciamientos conjuntos: el repudio al plan económico de Martínez de Hoz; la adhesión a la Central Única de Trabajadores Argentinos (CUTA), por la libertad de los presos y el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos Esa coordinación de juventudes impulsó al renacer de los reclamos de los jóvenes productores (como se evidenció el I, II y III Encuentro de la Juventud de la Federación Agraria con centenares de delegados), de los obreros, protagonistas de los trabajos «a tristeza» en las automotrices o en el ferrocarril, de las revistas estudiantiles de los colegios secundarios –de las que llegaron a distribuirse 4.000 sólo en la Capital Federal, y de la que fue una de las más destacadas –y golpeadas— «Aristócratas del Saber», del Nacional Buenos Aires, de la reorganización de los centros estudiantiles, enfrentando a Moyano Llerena, de la resistencia al cierre de la Universidad de Luján y de las actividades en los clubes de barrio En 1977 hubo un pronunciamiento conjunto contra la política económica que personificaba José Alfredo Martínez de Hoz, y en 1978 por la Paz con Chile. En 1979, se constituyó la Confluencia Multisectorial Juvenil por la Paz en el Beagle –con León Gieco cantando “Solo le pido a Dios” en Vélez, en el acto de cierre– cuando las dictaduras pusieron al borde de la guerra. Las juventudes también organizaron marchas conjuntas a la Iglesia de San Cayetano, con el movimiento obrero (sucesivamente la CUTA, los 25, la CGT-Ubaldini) por «Pan, Paz y Trabajo», enfrentando la represión militar con enfrentamientos en todo el barrio de Liniers. También co-impulsaron la movilización ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con miles de personas desafiando los Falcon, las fotos y las amenazas, en Avenida de Mayo al 760, donde funcionó la OEA. Familiares y amigos, formularon denuncias, con el apoyo de centenares de comités partidarios y juveniles de «recepción de denuncias y apoyo a los familiares». Las juventudes políticas tuvieron su propio encuentro, y entregaran una declaración conjunta y documentación de casos concretos. Ya antes, en 1978, se había constituido el Seminario Juvenil de la ADPH, que acuño la consigna-denuncia acerca de «el delito de ser joven», pues los estudios realizados en plena dictadura demostraron que más del 80% de los desaparecidos eran jóvenes; la mayoría trabajadores, seguidos por los estudiantes. Una delegación de dirigentes juveniles acompañaron, asimismo, a las Madres de Plaza de Mayo en sus primeras movilizaciones, recibiendo los gases con los que pretendieron intimidar a las mujeres del pañuelo blanco. Sobre el fin del régimen, las juventudes políticas participaron organizadamente en la movilización convocada por la CGT a la Plaza el 30 de marzo de 1982. El 2 de abril de 1982, marcharon a la Plaza de Mayo junto con los que concurrieron espontáneamente, pero levantando consignas, escritas en panfletos y carteles de la época, como «Malvinas sí, dictadura no» o “Malvinas sí, democracia también”. Estos hechos no fueron “espontáneos”, sino organizados, producto de la marcha acordada en decenas de comités conformados con reclamos y banderas propias en colegios, universidades, barrios, que fueron los mismos que concurrieron a repudiar a la cúpula militar cuando su derrota y rendición”. No nos olvidemos que alrededor del 80 por ciento de las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país fueron jóvenes y trabajadores.
Pese a los esfuerzos inéditos hasta ese momento hechos por el Estado en materia de Derechos Humanos, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el “malestar” del poder con la juventud siguió siendo una constante, que sea agrava en términos dramáticos con el advenimiento de Mauricio Macri al gobierno: “El 12 de agosto de 2009, la Red Voltaire publicaba en su sitio digital: Una iniciativa parlamentaria, donde confluyeron los proyectos del Frente para la Victoria, el Partido Justicialista y la UCR, este encabezado por el actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales, recibió la aprobación en general de los 43 senadores y senadoras presente, con el argumento de proteger a los jóvenes para que no se los siga privando de la libertad sin garantías. Aunque en realidad, el verdadero trasfondo de la legislación es el puro castigo que implica la baja de la edad para la responsabilidad penal, respondiendo al reclamo de los sectores más reaccionarios de la sociedad. ‘Bajar la edad de imputabilidad es una medida demagógica”, afirmó el director regional para América Latina y el Caribe de Unicef, el sueco Nils Kastberg. El funcionario no dejó de mostrar su preocupación por el tenor que estaba tomando el debate en torno de una nueva ley penal juvenil, al reunirse en abril último con Aníbal Fernández, por entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Kastberg advirtió que ‘no es cierto lo que algunos sectores dicen, que al aplicar más penas la situación va a mejorar’ y dejó en claro la posición del organismo que representa al proponer un ‘sistema de políticas integrales’, dado que si un chico de 14 años comete un delito, tuvo que haber ‘un sistema de adultos que no funcionó y otro sistema de adultos que se aprovechó de él’. El funcionario de Unicef también recordó que “en la Argentina se cometen alrededor de 2.000 homicidios dolosos al año. De ese total, en unos doscientos han participado menores de 18 años. De los doscientos, 150 corresponden a jóvenes de 16 a 18 años. Quedan 50, de los cuales en 35 los responsables tenían 15 años. Y quedan 15. Me parece totalmente demagógico, por no usar una palabra indecente, pensar que se va a resolver el tema de la violencia en la Argentina enfocándose en esos 15 casos’”. El recuerdo de aquellos hecho ilustran dos elementos: la persistencia en el tiempo y las dos caras del “delito de ser joven”, pues también el Estado tiende aumentar la represión de los menores sobre argumentos falsos.
Esta semana un grupo de jóvenes que protestaba frente a la Municipalidad de Berisso fue duramente golpeados por personal de la policía local y la Bonaerense vestidos de civil, que intentaron desalojarlos sin ningún tipo de identificación.
Las escenas de violencia contra los alumnos de la Escuela Media Nº 1 de la ciudad que tiene una fuerte impronta peronista en sus calles, fueron capturadas por otros estudiantes con celulares. En los videos se puede observar a policías vestidos de civil que toman por la espalda a un joven y lo arrojan contra el capot de un auto, mientras que otro efectivo estrangula a otro menor contra el pavimento de la calle. Así actúa la violencia impune de los efectivos policiales que ahora con el gobierno macrista tienen vía libre para volver a aplicar la receta de la violencia contra los que deberían proteger.
En comunicación con el canal Berisso Noticias, el presidente del centro de estudiante que fue agredido en la ciudad del Gran La Plata, Tomás Etchazarreta, relató que “fuimos a la parte del garaje del municipio y nos quedamos ahí esperando que alguien nos atienda. Hicimos una especie de cordón en la vereda y ahí los policías se nos tiraron encima. Salió un auto, frenó y empezaron a agarrar a los compañeros”. Nada más parecido a la metodología de ataques sorpresa para generar miedo, de la misma manera que se hacía en la época más oscura de la historia argentina. Los agresores tienen nombre: Alberto Amiel, Pablo Swar y Carlos Carrizo. Ellos fueron los encargados de interceptar a los jóvenes por la espalda para golpearlos. En diálogo con esta agencia, el joven agregó que “la Policía empezó a agarrarnos de los brazos, nos tiraron al piso y nos golpearon. A dos de los chicos los agarraron violentamente del cuello, todo sumado a las amenazas”.
Los estudiantes agredidos pedían que se mejore la infraestructura de la escuela frente a las puertas de la Municipalidad. Es decir que fueron golpeados brutalmente por reclamar que el Estado municipal de Jorge Nedela cumpla con sus funciones. Pero para que esta respuesta estatal sea posible tiene que existir una aprobación aún mayor de la violencia como punto de partida para silenciar a quienes protesten contra un gobierno que sigue castigando a los más vulnerables, y que vuelve a batir récords de nuevos pobres en el país. El Cippec difundió un informe en base a datos del Indec, en el que se confirma que en la Argentina seis millones de niños y adolescentes menores de 18 años viven en hogares con situación de pobreza. Esto se desprende de los 13,5 millones de personas pobres que existen en el país, de los cuales el 44 por ciento de ellos son menores de edad.
La metodología macrista fue denunciada por varios puntos de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal se desliga de cada caso de violencia policial que surgió durante los últimos meses, y de los cuales poca difusión se logra por los medios de comunicación que intentan salvar la imagen del gobierno. Días antes del episodio en Berisso, seis agentes de la Policía Bonaerense entraron armados y sin identificación a la Escuela secundaria Nacional Antonio Mentruyt de Banfield, partido de Lomas de Zamora, para apresar a dos alumnos que supuestamente habían cometido un delito. Además, en San Martín policías no identificados detuvieron y encarcelaron a un profesor que impidió que los efectivos requisaran a un grupo de estudiantes que estaban en la puerta de los secundarios Wilde y Estados Unidos de América.
Lejos de esta realidad fue la que intento imponer el gobierno de Mauricio Macri cuando apuntó en 2015 a llamar al voto a Cambiemos a dos grandes grupos etarios sociales: jubilados y jóvenes. Estos últimos fueron reclutados en las universidades privadas para llevar adelante la campaña electoral por las calles porteñas durante todo ese año, de la misma manera que se invitaba al resto de los jóvenes discursivamente al cambio de gobierno. Misma Juventud que hoy no sólo queda excluida de las posibilidades de crecimiento y desarrollo, sino que además es atacada con la violencia policial con la que operan los jefes comunales, provinciales y nacionales, a través de sus fuerzas de seguridad. Las promesas para los jubilados se volvieron burlas del presidente a la tercera edad, y el engaño del progreso hacia los jóvenes hoy se convirtió en un castigo bajo una concepción del delito de ser joven.
Estas acciones y el enardecimiento de la discriminación del propio sistema de justicia penal, sumado a las autoritarias policías que requisan y detienen a menores y mayores sin razón alguna fueron el desencadenante para un llamado de atención del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas (ONU). Desde el organismo internacional volvieron a repudiar y denunciar las libertades opresoras que el gobierno de Mauricio Macri aplica sobre la sociedad con la salida a la calle de nuevos grupos de policías que sólo se encargan de reproducir una persecución y violencia sólo comparable con los años de crisis post década del ’90, o peor aún, con la última dictadura. Los expertos de la ONU aseguraron que “aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”. Esto no es desconocido por Macri, sino que esos grupos sociales son precisamente los más atacados desde diciembre de 2015 por orden de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.
La cada vez más autónoma Policía Bonaerense, la Federal e incluso las nuevas policías locales, que durante las últimas décadas viene estableciendo prácticas de violencia institucional y torturas en las comisarías, ahora profundizan las metodologías de hostigamiento en las calles con una descontrolada persecución a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Bajo la consigna del orden y el control, los gobiernos nacionales y provinciales del macrismo dan rienda suelta a los ataques contra los más desprotegidos. Pero en las pantallas de los canales amigos, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal invitan en sus post propagandísticos a «hacer un país juntos». Juntos engloba acaso a los pocos beneficiados de que aumente la pobreza, el ajuste, la violencia estatal-policial en las calles y, antes que nada, la entrega del país a los grandes grupos económicos que dominan el mercado mundial.
