A partir de un documento público del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, el Estado argentino tiene un año de plazo para informar sobre la implementación de políticas contra las violencias hacia mujeres, trans y travestis, enmarcadas por primera vez como hechos de tortura y malos tratos inhumanos y degradantes. Los reclamos surgen de las presentaciones que hicieron ante el Comité organismos políticos, sociales y de derechos humanos en Ginebra.
El Estado argentino deberá enviar a Naciones Unidas antes del 12 de mayo de 2018 un informe de seguimiento de las recomendaciones y observaciones que realizó el Comité Contra la Tortura (CCT) de ese organismo y donde manifestó su preocupación por el aumento exponencial de los femicidios y hechos de violencia contra las mujeres, el impacto de la aplicación de la legislación en materia de estupefacientes en el aumento de la población femenina encarcelada, las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública, y las condiciones de detención humillantes en dependencias policiales. Es la primera vez que el CCT enmarca las violencias contra mujeres, trans y travestis como torturas y malos tratos inhumanos y degradantes. Así consigna la colega Roxana Sandá en el artículo “La deuda interna”, publicado este viernes por el suplemento Las 12 del diario Página 12, que pasamos a reproducir.
En un documento público con recomendaciones al Estado a partir de las exposiciones que hicieron a fines de abril en Ginebra funcionarios de gobierno, organismos de control y organizaciones sociales y de derechos humanos, el Comité calificó como “alarmante” el incremento “de los casos de violencia física sobre las mujeres detenidas bajo jurisdicción federal” y si bien “aprecia la información proporcionada” por el Estado argentino “con respecto al seguimiento que se ha dado a los casos de femicidio durante 2015”, advirtió que “lamenta que esta información no se haya extendido al período sujeto al examen”, desde inicios de 2016 hasta abril de 2017.
El órgano de supervisión de Naciones Unidas hizo foco sobre el crecimiento preocupante de femicidios y violencias contra las mujeres y personas trans y travestis a partir del informe del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentado en la sesión de Ginebra, y que señala como torturas y malos tratos inhumanos y degradantes las diferentes violencias contra las mujeres, las condiciones de detención de mujeres y personas trans y travestis encarceladas y la violencia policial hacia este colectivo en territorio bonaerense. “En los últimos años el número de denuncias, de causas judiciales por violencia contra las mujeres y de casos de femicidios crecieron exponencialmente, lo que ha provocado masivas movilizaciones sociales y protestas que se congregan bajo la consiga NiUnaMenos”, dice uno de los párrafos del trabajo. “A partir del Informe elaborado por el Relator especial contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, entendemos que la violencia contra las mujeres puede configurarse como malos tratos y tortura porque es tolerada por el Estado, ya sea por omisión o por un conjunto de prácticas que consagran su impunidad y propician el aumento de situaciones de riesgo, exponiendo a las mujeres a violencias extremas perpetradas por autores particulares.”
En la Argentina, una mujer es asesinada cada 18 horas, sin embargo no existen registros oficiales sobre femicidios y hechos de violencia pese a las últimas recomendaciones del Comité de la Cedaw. Las denuncias y causas judiciales sobre violencia contra las mujeres se han triplicado desde 2010: en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires se reciben más de 600 denuncias por día solo en dependencias policiales y lo mismo ocurre con las causas penales por delitos relacionados con violencias que afectan a las mujeres. Pese a esto, el 75 por ciento de las causas que se inician por violencia de género son archivadas por la Justicia y la mayoría de los asesinatos de mujeres no son investigados ni juzgados como femicidios. El acceso a la Justicia presenta serios obstáculos por la falta de implementación de la ley de Patrocinio Jurídico Gratuito en todo el territorio nacional y la ausencia de perspectiva de género en la investigación y sanción de los casos, que genera un clima de impunidad frente al número creciente de denuncias.
El CCT hizo un llamado puntual frente “al alarmante número de casos de femicidios y violencia de género registrados, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas”, y recomendó al Estado intensificar sus esfuerzos para combatir todas las formas de violencia de género, incluidas dentro de los centros de privación de libertad, investigar en profundidad todas las denuncias, enjuiciar a los autores con penas apropiadas y garantizar a las víctimas políticas reparatorias integrales.
También expresó su preocupación frente al proyecto legislativo de reforma de la Ley 24.660 de Ejecución Penal, que limita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenadxs, y remarcó el número elevado de personas encarceladas bajo un régimen de prisión preventiva, que en el caso de las mujeres en la provincia de Buenos Aires supera el 64 por ciento y de las mujeres trans, el 80 por ciento.
La coordinadora del OVG, Laurana Malacalza, manifestó que el reconocimiento del Comité a la violencia contra las mujeres y contra personas trans y travestis, y a los obstáculos para acceder a abortos seguros y gratuitos como casos de torturas y malos tratos inhumanos y degradantes, “amplía el standard internacional que se entiende por violencia de género y en el marco de las relaciones interpersonales, y sobre las responsabilidades internacionales del Estado, al que le compete impedir que esos hechos se reiteren por la inexistencia de políticas públicas de prevención o por la inacción judicial frente a esos casos”.
De Ginebra en más, los organismos de control constitucional y de derechos humanos que participaron de la sesión podrán exigirle al Gobierno que cumpla con las recomendaciones del CCT, una herramienta válida para incidir en las definiciones de políticas públicas y de reparación de daños en todo el territorio nacional. “Es fundamental lo que se señala en el informe ONU sobre políticas de reparación a víctimas -destacó Malacalza-. Significa que el Estado no sólo es responsable de las políticas de asistencia y/o prevención, sino que tiene la obligación de reparar a las víctimas de violencias contra las mujeres y a lxs familiares de víctimas de femicidios, por los daños ocasionados por su inacción.”
El Estado argentino sigue manteniendo una deuda gravosa mientras no ponga en marcha políticas integrales que promuevan el fortalecimiento económico de las mujeres, el acceso a tierra, vivienda y a empleo formal para garantizar una vida libre de violencias, la creación de programas efectivos de asistencia a víctimas, sus hijxs y sus familias, la capacitación judicial con perspectiva de género, el cumplimiento de leyes y protocolos de salud sexual y reproductiva, programas de protección de testigxs y la implementación de políticas reparatorias de daños en los casos de violencia contra lesbianas, mujeres, trans y travestis. A semanas de la tercera movilización nacional de Ni Una Menos, este 3 de junio, no es temerario afirmar que son las deudas pendientes las que están matando a las mujeres.
