La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el 2×1 de la Corte, al considerarlo “contrario a los estándares interamericanos de DD.HH”, y saludó la “importante labor” de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación” de los crímenes de lesa humanidad.
Tras recibir varias presentaciones en contra del fallo de la Corte Suprema argentina, que favoreció con el 2×1 al represor Luis Muiña y abrió la puerta a la impunidad de cientos de genocidas de la última dictadura cívico militar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “consternación por la interpretación y aplicación” de ese beneficio.
De esta forma, apuntó contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco al aplicar, con sus votos, el artículo 7 de la Ley 24.390 a delitos de lesa humanidad y “fuera del marco de su vigencia (1994-2001), ya que la persona favorecida por esta decisión estuvo detenida preventivamente a partir del 1 de octubre de 2007”.
“La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y castigar a los perpetradores de cometer graves violaciones a los derechos humanos se desprende de la obligación de garantía prevista en la Convención Americana. Los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima”, señaló el órgano autónomo de la OEA.
Luego de recordar que la Argentina tiene “la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”, la CIDH explicó que “la aplicación del 2×1 u otros beneficios no deberían servir para desvirtuar la proporcionalidad de la pena para las personas responsables de crímenes de lesa humanidad”, algo que “es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos”.
No es el primer organismo internacional en pronunciarse en contra del fallo de la Corte. La semana pasada, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que al aplicar la llamada “ley penal más benigna” los jueces no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”.
Su titular, Amerigo Incalcaterra, subrayó entonces que “el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
En el comunicado que emitió la CIDH este lunes también celebró que “la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de los importantes avances que se han hecho en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura”.
Además, saludó “a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y defensores y defensoras de derechos humanos por su importante labor para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de estos graves crímenes del pasado, en el marco del estado de derecho y de una sociedad democrática vibrante”.
El miércoles pasado, más de 500 mil personas desbordaron la Plaza de Mayo y otras tantas salieron a las calles de todo el país para expresar el rechazo popular al fallo de la Corte y decirle “nunca más a la impunidad”. Ese mismo día, el Congreso sancionó una ley que excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad del beneficio del 2×1.
Al mismo tiempo, Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco fueron imputados por prevaricato y varios bloques parlamentarios impulsan un pedido de juicio político en su contra por mal desempeño.
Highton de Nolasco solicitó licencia, Ricardo Lorenzetti está de viaje y se postergó la reunión de acuerdos de mañana, que iba a ser la primera luego de la masiva convocatoria de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en repudio al fallo PROgenocida. Según fuentes judiciales, “en principio” la licencia será “por una semana”, pero no indicaron los motivos.
La Corte Suprema emitió un comunicado el viernes pasado en el que informó que unificará todos los pedidos pendientes de las defensas de los represores, bajo el mismo argumento que utilizó Muiña y los analizará dentro de diez días, cuando las partes se hayan expedido, a la luz de la norma sancionada por el Congreso.
