Si no creen en la pertinencia del título inspirado, pues lean entonces lo que sigue, tomado de dos informaciones circulantes el pasado fin de semana. En primer lugar, según un informe realizado en conjunto por organismos y universidades nacionales, se ha incremento el hostigamiento policial a los jóvenes bonaerenses. En segundo lugar, también se han aumentado los femicidios y los hechos de violencia contra las mujeres, incluso en las cárceles. Por esta última razón la Organización de las Naciones Unidas lanzó una advertencia a los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
«Me matan si no trabajo / y si trabajo me matan / Siempre me matan, me matan, ay / siempre me matan / Ayer vi a un hombre mirando / mirando el sol que salía / El hombre estaba muy serio / porque el hombre no veía / Ay, los ciegos viven sin ver / cuando sale el sol / Ayer vi a un niño jugando / a que mataba a otro niño / Hay niños que se parecen / a los hombres trabajando / Ay, quién le dirá cuando crezcan / que los hombres no son niños / que no lo son», la canción de Nicolás Guillén y Daniel Viglietti permite ilustrar el escenario actual de una Argentina gobernada por la derechosa Cambiemos.
Es que desde la llegada de Mauricio Macri y su tropa al poder, los casos de violencia institucional y gatillo fácil fueron creciendo paralelamente al aumento de fuerzas de seguridad en las calles, en particular de la Policía bonaerense, como única respuesta del Estado como forma de control y disciplinamiento.
De hecho, un trabajo realizado por investigadores del CELS, CIAJ, APP y dos áreas de las Universidades nacionales de Mar del Plata y de La Plata -y replicado este domingo en Diario Contexto- advierte sobre un aumento del accionar violento de la Policía, un uso abusivo de armas, la ausencia de control por parte del Ejecutivo provincial y la inexistencia de un registro estadístico.
“La investigación mostró la persistencia e intensificación de esas prácticas de hostigamiento policial, de control poblacional y de la política de seguridad de los últimos años que la resuelven con más policías en la calle”, afirmó al respecto Manuel Tufró, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al presentar el informe titulado “Jóvenes y Policía. Violencia Institucional en la Provincia de Buenos Aires”.
El equipo de investigación también estuvo integrado por abogados y expertos del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), de la Asociación Pensamiento Penal (APP), de la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que para llevar adelante el trabajo de campo entre 2015 y 2016 contó con la financiación de la Unión Europea (UE).
El proyecto trabajó en dos grandes problemáticas: el hostigamiento policial a los jóvenes y el accionar policial violento hacia ellos, y el uso abusivo de armas de fuego. Los organismos llevaron adelante el trabajo de campo en tres áreas definidas: el Conurbano bonaerense -concretamente los distritos de Florencio Varela, Moreno, San Martín y Vicente López-, La Plata y la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.
“Hay dos grandes lógicas de hostigamiento policial que pudimos relevar: un primer accionar es el hostigamiento en la vía pública, en encuentros más o menos fortuitos en la calle que se derivan de la mayor presencia policial en los barrios donde no había Policía excepto para allanamientos masivos y violentos o para pasar y cobrar los dividendos de distintos negocios ilegales”, puntualizó Tufró.
“En estos barrios ahora hay mucha más Policía que antes”, sostuvo, antes de advertir que “la política de seguridad es la única política de Estado que existe en los últimos años”.
Todo comienza, por ejemplo, con interceptaciones en la vía pública para pedir identificación o demoras sin justificación. “El hostigamiento comienza con prácticas legitimadas, con prácticas reñidas con los derechos humanos pero que pide y avala el poder político”. “Muchas son prácticas que el poder policial tiene en sus facultades”, aclaró.
En su relato explicó cómo se acentúan esas prácticas hacia la ilegalidad si estos jóvenes reivindican su derecho constitucional a no tener que mostrar su identificación o le piden al policía que muestre su placa. Entonces, “los policías van hacia los golpes, el verdugueo, los insultos, la vejación verbal, acciones degradatorias y vejatorias y hasta paseos en móviles, y después los largan sin que haya ningún registro de esta práctica policial extendida” que termina encubierta por la propia Policía.
“Entre un tercio y la mitad de los jóvenes encuestados fueron detenidos y más de una vez en los últimos meses”, remarcó Tufró. “Las víctimas principales son jóvenes varones y mujeres también, y los victimarios son la Policía bonaerense, las Policías locales y también la Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal”.
Llamativamente, desde la llegada de María Eugenia Vidal al Ejecutivo bonaerense es muy común ver patrulleros y efectivos de la Policía Federal en los barrios y/o haciendo controles en áreas céntricas de la ciudad de La Plata. Obligarlos a comerse la droga que tienen, obligarlos a desnudarse o apagarles sus cigarrillos en alguna parte del cuerpo son algunas de las prácticas vejatorias que se dan en la calle misma, sostuvo el investigador.
“Este hostigamiento cumple con lo que le pide el poder político y con la afirmación de la autoridad de los efectivos en el barrio con esta forma de violencia hacia los jóvenes, lejos de cualquier lógica de profesionalidad de la Policía, que se presenta como una banda rival a las bandas de jóvenes”, sostuvo, antes de hacer hincapié en el “crecimiento exponencial de los efectivos policiales”.
“El 30% de la población juvenil fue alguna vez detenida y hay un sesgo sistemático de clase, es decir, son de sectores populares. Ahora bien, en estos sectores el porcentaje asciende al 70%”, agregó Angela Oyhandy, del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
El otro tipo de hostigamiento tiene que ver con “las relaciones de conocimiento mutuo entre algunos policías y algunos jóvenes”. “Es un hostigamiento focalizado que nos parece mucho más grave: incluye detenciones reiteradas o subidas más seguidas a comisaría, pero también otras prácticas como allanamientos reiterados en las mismas casas, fenómenos de extorsión sobre determinados jóvenes como una forma de reclutamiento, o plantarles droga o armas”, indicó el integrante del CELS.
Tufró subrayó una práctica “creciente y alarmante” de los últimos años como “el armado de causas para responder a una presión mediática, social y política para resolver casos resonantes. Muchas veces, para resolverlos, la Policía pone el foco en jóvenes que no precisamente tienen que ver con el caso, con pruebas débiles”.
También se refirió al “hostigamiento a familias enteras” en un barrio, en el caso de víctimas que tienen contacto con la Policía, y se trata de jóvenes que tienen antecedentes, pero que “están desacreditados en el barrio y no tienen ninguna red de contención”. “La Policía no interviene para resolver el problema, sino que alimenta ese circuito. Acá aparecen policías famosos con antecedentes de haber matado a pibes, pero siguen en actividad y a lo sumo fueron desplazados a otro destino”, explicó Tufró. En este caso, “la racionalidad del hostigamiento tiene que ver con el mantenimiento de mercados ilegales”, controlados por la Policía, aseguró.
Además de establecer un diagnóstico de la situación, la investigación determinó una “ausencia absoluta del Estado”. “El Poder Ejecutivo provincial, que tiene la responsabilidad primaria y principal sobre estas problemáticas, no tiene ninguna política específica. Nos encontramos en la intemperie absoluta”, sostuvo, antes de reclamar “un control territorial” desde “el Gobierno provincial y desde del Poder Judicial”.
Recomendaciones al poder político: control territorial y control de armas de la Policía y respaldo legal a las víctimas
Entre las recomendaciones, el informe considera que el Gobierno provincial debe elaborar un mecanismo de “control, sanción e investigación y desarrollar alguna forma de control territorial de las fuerzas de seguridad en esta situación de despliegue masivo”, precisó Tufró. “Para la autoridad política, la relación entre los jóvenes y la Policía no es un problema. Las únicas excepciones son algunas políticas municipales”, agregó.
Bombino apuntó directamente al “déficit de control desde el Poder Judicial”. “Hay una zona en la que el Poder Judicial podría ver pero no ve, y hay otra que no quiere ver”, sostuvo, y se refirió a la “ausencia de sistematización de datos para tener un control sobre el número de casos”.
Los participantes subrayaron justamente que la creación de las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional, en el marco de la Ley 14.687 que impulsó la senadora kirchnerista Mónica Macha, y que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial bonaerenses todavía no reglamentaron, “permitirían un mayor monitoreo para que el Poder Judicial VEA”.
“En la provincia hay serias falencias en el control de armas, en particular las que están bajo control estatal”, sostuvo. “Por eso pedimos una auditoría de armas, depósitos seguros y una revisión normativa de las armas en poder del Servicio Penitenciario Bonaerense” (SPB), enfatizó la abogada, que también apoyó la creación de las Fiscalías Especializadas
“La violencia policial no sólo es un asunto de la Policía y la Justicia, sino de todos los actores públicos que tienen que ver con la gestión de la violencia. En la provincia de Buenos Aires se hace bastante poco” al respecto, afirmó Oyhandy, que apeló a “pensar el abordaje de las violencias por fuera de aumentar cada vez más la cantidad de efectivos policiales”
En ese sentido planteó la necesidad de apuntar hacia una “especialización de la Policía, la profesionalización no en el sentido de tecnificación, sino de pensar claramente cuáles son las tareas que le corresponden y cuáles no, y cuáles son las instituciones que deben hacerse cargo de gestionar las violencias de género, hacia las juventudes y hacia las distintas minorías”, concluyó.
Advertencia de la ONU al Estado argentino por el aumento de femicidios y violencia contra privadas de libertad
Por otra parte, basándonse en un informe del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Comité contra la Tortura de la ONU le recomendó al Gobierno “intensificar sus esfuerzos” para luchar contra todas las formas de violencia de género, incluida la de dentro de los centros de privación de libertad.
“En sus recomendaciones al Estado argentino, que en la práctica deben propiciar Mauricio Macri y María Eugenia Vidal como responsables del Estado nacional y provincial, el mismo Comité pidió “investigar en profundidad todas las denuncias, enjuiciar a los autores con penas apropiadas y garantizar a las víctimas políticas reparatorias integrales”, indicó el OVG en un comunicado.
Esa instancia de la ONU, que a fines de abril evaluó por primera vez a la Argentina desde 2004, manifestó su “preocupación” frente al proyecto de reforma de la Ley 24.660 de Ejecución Penal que “limita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados y condenadas”. El mismo Comité también subrayó “el alto número de personas encarceladas bajo un régimen de prisión preventiva, que en el caso de las mujeres en la provincia de Buenos Aires supera el 64% y de las mujeres trans el 80%”, indicó el OVG en su comunicado.
“Estamos muy contentos porque centralmente lo que hace el Comité contra la Tortura es enmarcar la violencia contra las mujeres en la categoría de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, y “esto genera un impacto muy interesante en términos de exigencia de políticas públicas al Estado argentino y a los Estados provinciales”, afirmó Laurana Malacalza, responsable de OVG, a la periodista Gabriela Calloti para Diario Contexto.
El Comité contra la Tortura recomendó igualmente al Estado argentino que emita “instrucciones claras a las fuerzas de seguridad” y que adopte “políticas y programas específicos de integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, a nivel federal y provincial”. En ese sentido, le pidió al Gobierno el “pleno respeto de la Ley 26.743 de identidad de género”.
La responsable también destacó que “el Comité haya incorporado como categoría dentro de los grupos vulnerables al colectivo trans y travesti” y que haya considerado “toda la temática de violencia policial y de condiciones de detención inhumanas y degradantes” que sufre ese colectivo. En efecto, el Comité “puso especial énfasis en las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”.
Respecto de la salud de las mujeres encarceladas, el Comité señaló que “el Estado argentino debe garantizar que los servicios médicos penitenciarios estén vinculados al Ministerio de Salud a nivel nacional y provincial y no al Ministerio de Justicia, como sucede actualmente”. También se pronunció sobre el “impacto” que ha tenido en el “aumento de la población femenina encarcelada” la aplicación de la Ley de Estupefacientes, como le planteó y como ha denunciado en reiteradas ocasiones el OVG.
