A pesar del rechazo popular a otorgar cualquier tipo de beneficio a los criminales de lesa humanidad, la legisladora y candidata de Cambemos por la ciudad de Buenos Aires quiere que los represores se vayan a sus casas. También volvió a reivindicar la teoría de los dos demonios.
La legisladora de Cambiemos, Elisa Carrió, se quedó con la sangre en el ojo por el contundente rechazo popular a la impunidad de los genocidas y volvió a la carga con el mismo discurso fascista que escupió el martes en la Cámara de Diputados, antes de irse del recinto para eludir su voto sobre la ley que prohíbe la aplicación del 2×1 a los criminales de lesa humanidad.
“Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna”, dijo al defender a los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, que decidieron reducirle la pena al represor Luis Muiña.
Al igual que el presidente Mauricio Macri y su gabinete PROdictadura, la diputada reivindicó la teoría de los dos demonios, tal como lo hizo en la Cámara Baja, y pidió “resolver el derecho a la verdad” de las “víctimas civiles de la guerrilla”.
La líder de la Coalición Cívica y principal candidata de Cambiemos para las próximas elecciones porteñas también reiteró, bajo un falso “humanitarismo”, que los asesinos más sangrientos de la historia argentina se vayan a sus casas con prisión domiciliaria: “No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.
“Cómo el Gobierno no pudo avanzar con el 2×1, ahora envía a Carrió a preparar el terreno para justificar la prisión domiciliaria a los genocidas que torturaron, mataron y desaparecieron”, advirtió el parlamentario del Mercosur, Daniel Filmus.
Desde que asumió el Gobierno de Cambiemos, decenas de represores recibieron ese beneficio y se acumulan los pedidos de otros criminales de lesa humanidad en los juzgados de todo el país, entre ellos Miguel Etchecolatz, condenado a varias perpetuas y principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López en 2006. En abril, incluso, la Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria al represor Felipe Jorge Alespeiti, condenado a 22 años de prisión.
“El pueblo argentino ya definió en la histórica jornada del 10 de mayo que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad no puedan acogerse a ningún tipo de beneficio”, señaló Fimuls y aseguró que Carrió “deberá rendir cuentas ante la sociedad” por no haber acompañado con su voto la ley sancionada en el Congreso contra el 2×1 de la Corte Suprema.
