Tras la promulgación de la ley sobre el 2×1 recientemente sancionada por el Congreso son muchas las voces que alertan sobre una posible nueva resolución de la Corte, tratando de adecuar el infame fallo a la nueva norma. Entre el cúmulo de versiones que circula esta mañana se especula con renuncias de los cortesanos Progenocidas pero también con la caída de Ricardo Lorenzetti en manos de alguno de ellos o de un quinto en discordia. Suceda lo que suceda en los próximos días, las “reservas democráticas” del país, expresión caída en desuso pero que resulta oportuna, demostraron estar en tensión, y lo que es más importante, haber tejido ya una trama sólida de sentido y consenso o contrato social en torno a Memoria, Verdad y Justicia, porque todas las reacciones en contra del fallo, hasta las más hipócritas y mentirosas, como las de Mauricio Macri y las de Cambiemos, son consecuencia de los 40 años de militancia ininterrumpida de Madres, Abuela y el conjunto de los organismos de Derechos Humanos, los grandes hacedores de esa red cultural virtuosa. Las marchas multitudinarias del miércoles fueron fundamentales, pero ellas mismas fueron posibles debido a la trama preexistente que acabamos de designar.
En tiempo récord el Congreso sancionó una norma para excluir del beneficio del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El Gobierno la promulgó esta mañana. Tras el contundente rechazó que cosechó el fallo de la Corte Suprema que avaló la aplicación del 2×1 a genocidas, el Gobierno promulgó hoy la ley que excluye del beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios. El freno legislativo fue aprobado en tiempo record, entre el martes y el miércoles, y con apoyo de todos los bloques políticos. Así informo este viernes por la mañana el diario Página 12.
Mediante el decreto 329/2017, el Gobierno oficializó la ley 27.362 que aclara que la ya derogada norma del 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”. El nuevo marco normativo también establece que el 2×1 sólo podrá ser aplicado en los casos donde el condenado haya estado en prisión preventiva en el periodo en que dicha norma estuvo en vigencia, entre los años 1994 y 2001.
El escandaloso fallo de la Corte firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que autoriza a conmutar la pena del represor civil Luis Muiña se conoció el miércoles 3. Los días que siguieron, los pedidos de los genocidas condenados para acceder a ese requisito se multiplicaron en los tribunales de todo el país. Desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevaron que había más de 300 represores en condiciones de acceder al beneficio tras el cambio de criterio aplicado por la Corte.
El rechazo fue generalizado e inmediato. Para los organismos de derechos humanos, la decisión de la Corte representó un indulto encubierto para los genocidas, y convocaron a una movilización de repudio que se convirtió en la masiva marcha del miércoles pasado repleta de pañuelos blancos. Los jueces que avalaron la sentencia fueron denunciados por prevaricato y el fallo fue recusado ante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta mañana, por un canal de TV, el certero y notablemente bien informado colega Raúl Kollmann alerto sobre los posibles próximos hechos, entre los cuales figura una posible nueva resolución de la Corte, tratando de adecuar el infame fallo a la nueva norma.
Entre el cúmulo de versiones que circula esta mañana se especula con renuncias de los cortesanos Progenocidas pero también con la caída de Ricardo Lorenzetti en manos de alguno de ellos o de un quinto en discordia.
