Está en boca de todo el espectro político y mediático que al interior del Poder Judicial se vive un movimiento telúrico inédito – como inédito fue que más de medio millón de personas en la Plaza de Mayo y miles y miles en todo el país se hayan movilizado contra un fallo de la Corte Suprema – ya expresado en fallos e primera instancia contrarios al criterio de la Corte fascista – la ley no obliga a los jueves a resolver de acuerdo con las decisiones del máximo tribunal -, como el caso de un juez federal de San Juan que declaró inconstitucional el 2×1 para genocidas. Entre este jueves y mañana viernes se decidirá en tribunales de La Plata acerca del cura criminal de lesa humanidad Christian Federico Von Wernich, protegido por la Iglesia Católica e incluso por el propio Papa Francisco, porque ahí está siendo parte de la misma pese a las atrocidades que cometió, y del chacal de la Bonaerense, el cuerpo policial que insiste en ser asesino y corrupto, Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Que sea delito cualquier acto negacionista, que se expulse a los PROgenocidas y que el Poder Judicial se revele. Claro que todo dependerá de que la gigantesca movilización a la Plaza se mantenga, se profundice y encuentre más y nuevas modalidades. Para desterrar al infame fallo del 2×1 y para que las política sobre Memoria, Verdad y Justicia queden definitivamente estampadas como contrato social entre todo los argentinos, el Congreso debe arbitrar los mecanismos de juicio político a los jueces PROgenocidas y sancionar una ley que convierta en delito cualquier acto por acción u omisión, abierto o encubierto, que niegue o justifique el Terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad; y, mientras el conflicto leguleyo continúe, el Poder Judicial debe rebelarse y no permitir que un solo genocida quede en libertad o sea beneficiado de forma alguna. Y si no son capaces de cumplir con sus mandatos y con la leyes y de aportar a un fuerte consenso social democrático en profundidad, pues entonces que se vayan todos y el poder vuelva a quien le pertenece, es decir al pueblo convertido en constituyente original.
La contundente movilización y el masivo rechazo al 2×1 a los genocidas, como el expresado por el pueblo el miércoles en la Plaza de Mayo, explican la rebelión de varios jueces al negarse a soltar a represores y también la reacción unánime del Congreso, que aprobó una ley para que los criminales de lesa humanidad sigan tras las rejas. Medio millón de personas desbordaron la Plaza de Mayo y muchas más se manifestaron en otros puntos del país con los pañuelos blancos de las Madres y Abuelas para pararle la mano al Gobierno de Mauricio Macri y sus supremos de la impunidad. “Reunidos en esta histórica Plaza, decimos bien fuerte: Nunca más impunidad, nunca más torturadores, violadores y apropiadores de niños, nuca más privilegios para los criminales de lesa humanidad, nunca más terrorismo de Estado, nunca más genocidas sueltos, nunca más el silencio”, dijo Taty Almeida, de Madres-Línea Fundadora, al iniciar la lectura del documento que habían consensuado los organismos de derechos humanos. “No hay que olvidar a los responsables de tamaña decisión, hay que recordarlos, son los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco”, enumeró Almeida, y en ese mismo momento se sintió un fuerte abucheo al grito de “hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta…”. Luego tomó la palabra Nora Cortiñas, también de Madres-Línea Fundadora y expresó junto a la multitud “30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre”, pidiendo “justicia” por cada uno de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. “Que quede claro, los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, no prescriben, no son amnistiables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega la posibilidad de aplcar beneficios como el 2×1 a estos crímenes atroces, tal como señalaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que votaron en disidencia. Los genocidas, a 41 años del gole, siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas, y todavía hay más de 300 hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa. Todos nosotros continuamos buscándolos”. Cuando Cortiñas nombró a los asesinos que podrían quedar en libertad con el 2×1, como Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Miguel Etchecolatz y el cura Christian Von Wernich, la multitud volvió a silbar con fuerza y señaló a la cúpula de la Iglesia Católica como “cómplice”, ya que aún no expulsó al ex capellán de la Policía Bonaerense. Así consignaba anoche mismo esta agencia.
Por su parte, el diario Página 12 así analiza el tema este jueves: “El impacto del fallo a favor de los represores provocó revuelo en el máximo tribunal. En el último plenario a Highton se la vio desconcertada. Rosatti y Rosenkrantz amagaron con reafirmar su posición en un escrito. El poder de Lorenzetti está en jaque. En la Corte Suprema hubo gran revuelo en el plenario de los jueces de esta semana. Empleados y funcionarios estaban pendientes de las caras que tuvieran al entrar a la sala acuerdos. El impacto del fallo del “2×1” fue inesperado para todo el mundo, dentro y fuera del Palacio de Justicia. Elena Highton de Nolasco era, quizá, la más desconcertada. Se la veía amargada, relataron testigos cortesanos. Pero sus colegas, los que firmaron el voto de mayoría con ella, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, estaban envalentonados. Plantearon firmar algo más, bajo la modalidad de “aclaratoria” o similar. ¿Para dar marcha atrás o retractarse? No. Para reafirmar su posición barajaron firmar un texto que reiterara el criterio de aplicar la ley penal más benigna (sin importar su sanción posterior a los hechos y derogación anterior al proceso judicial), la 24.390 en el caso resuelto, y señalar que cualquier otra respuesta o disconformidad con la norma debería darla el Congreso, no la Corte. Sucede que mientras discutían esta opción, Diputados avanzaba a alta velocidad hacia la aprobación de la ley que el Senado sancionó ayer horas antes de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, lo que dejaba la iniciativa sin sentido. No quita que más adelante haya otras. Quien advirtió la existencia del caso fue Rosenkrantz, el supremo más afín al gobierno de Cambiemos, ex rector de la Universidad de San Andrés, abogado de grandes empresas, entre las que su estudio representó al Grupo Clarín. Es el nombre que aparece en todas las sentencias de los últimos meses que trajeron retrocesos en las causas de lesa humanidad (como la que declaró que no son de acatamiento obligatorio para la Corte las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), la que negó la sindicalización policial, las que retroceden en derechos laborales, la que mandó la causa sobre la muerte de Alberto Nisman al fuero federal como propició el ex jefe de Operaciones de la vieja Side, Antonio Jaime Stiuso. Rosenkrantz les dijo hace alrededor de dos meses a sus compañeros, que quería hacer una sentencia fundada sobre la aplicación del beneficio del “2×1” en un caso de lesa humanidad, el de Muiña. Lentamente Rosenkrantz logró convencer a dos colegas. La más difícil era Highton, en el plano argumental, porque desde 2005 en adelante había acompañado con sus votos la política de Memoria, Verdad y Justicia, que ahora esta mayoría temeraria decide dejar atrás”.
“Pero los supremos se equivocaron. Una multiplicidad de actores sociales impensada puso el límite que la Corte Suprema nunca tiene. Aunque el martes no llegaron a nada, porque la realidad legislativa se les vino encima, siguen analizando opciones”, continúa Página 12, y cita entonces al blog “saberderecho.com”, del constitucionalista Gustavo Arballo, donde se sostiene que “la Corte tendría, si quiere, por lo menos un abanico de siete escenarios que ve como opciones “del sistema”: una salida “por arriba” sería esperar a que se pronuncie un tribunal internacional (aunque por ahora el tribunal está autoblindado); que en algún otro planteo los supremos cambien de posición o criterios (los fallos pueden cambiar ante nuevos argumentos o si el tribunal advierte algún error); ir construyendo lentamente una jurisprudencia alternativa donde Muiña quede como caso aislado; admitir y consentir las opiniones contrarias de los tribunales inferiores; “cronoterapia”, como llamaba el fallecido Carlos Fayt al paso del tiempo hasta que los casos quedan abstractos; mantener el criterio de “Muiña”, aunque es difícil por la división de votos y el rechazo recibido; buscar alguna excusa -cual “puente de plata”– otro planteo referente por ejemplo a una ley, para decir “que a la luz de eso deben reconsiderar su decisión”.
Está en boca de todo el espectro político y mediático que al interior del Poder Judicial se vive un movimiento telúrico inédito – como inédito fue que más de medio millón de personas en la Plaza de Mayo y miles y miles en todo el país se hayan movilizado contra un fallo de la Corte Suprema – ya expresado en fallos e primera instancia contrarios al criterio de la Corte fascista – la ley no obliga a los jueves a resolver de acuerdo con las decisiones del máximo tribunal -, como el caso de un juez federal de San Juan que declaró inconstitucional el 2×1 para genocidas. Entre este jueves y mañana viernes se decidirá en tribunales de La Plata acerca del cura criminal de lesa humanidad Christian Federico Von Wernich, protegido por la Iglesia Católica e incluso por el propio Papa Francisco, porque ahí está siendo parte de la misma pese a las atrocidades que cometió, y del chacal de la Bonaerense, el cuerpo policial que insiste en ser asesino y corrupto, Miguel Osvaldo Etchecolatz.
No pueden quedar libres. Y si ello acontece, más temprano que tarde, las llamas de escarmiento deberían arder.
