El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano fue director de una ONG que publicó un libro contra el Nunca Más. Fue director académico del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), además de realizar estudios y ofrecer varios seminarios y charlas en dicha agrupación, junto al diario La Nación, la asociación Conciencia, el Grupo Sophia (una de las semillas del PRO) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de los discursos de oportunidad, tras el estallido de la bronca popular, Macri y su gobierno y la Iglesia Católica, sin que el Papa aun se haya pronunciado, lo que demuestra que está en la misma línea, llevan en su ADN y en sus programas políticos la reconstrucción del aparato represivo y la reivindicación de los genocidas del Terrorismo de Estado. No pueden ocultarlo, los pliegues semántico del fascismo líquido o de nuevo tipo no alcanza. Si el Congreso no quiere ser cómplice debe ir muchos más allá de una ley que viene ser tan obvia – y probablemente inocua – como la eventual decisión parlamentar de reconocer “la ley de la gravedad” o que llueve de arriba para abajo. Juicio político o algún otro instituto legal que saque de la Corte a los jueces PROgenocidas y que destierre toda posibilidad de perdón directo o solapado a los criminales de lesa humanidad.
El 13 de mayo de 2016, Indie Politik recordaba que Fores fue fundada en 1976 por el funcionario de la dictadura Jaime Smart (que luego, en democracia, se convertiría en el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad) para «colaborar» con la «justicia» de la dictadura cívico-militar y defendió a sus jueces cuando, ya en democracia, la Conadep (Comisión nacional sobre la Desaparición de Personas) señaló la complicidad judicial con las prácticas del Terrorismo de Estado, según Víctor Abramovich, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En marzo de 1985, Fores publicó el libro «Definitivamente… Nunca Más (La otra cara del informe de la Conadep)», en el que se cuestiona el trabajo de la comisión creada por el ex presidente Raúl Alfonsín y se relativiza la responsabilidad militar en los crímenes de la dictadura.
«Cuando un muchacho presuntamente complicado con la subversión es arrancado de su casa por un grupo armado y luego acribillado a balazos en un zanjón, la conclusión es simple y sencilla para quienes piensan como la Conadep: el asesino material ha sido uniformado y los autores ideológicos han sido quienes organizaron ese método para combatir a la subversión. Si esta es la conclusión que se pretende imponer a los argentinos pensamos que se nos considera muy ingenuos. Hoy vemos muchachos que dan sus primeros pasos en la guerrilla, comenzando a escribir en las paredes consignas terroristas. El día de mañana morirán abatidos por las fuerzas de seguridad. ¿Estos solos serán los asesinos? ¿Los maestros que envenenan sus cerebros, ninguna responsabilidad comparten?», se puede leer en el libro.
Y aquel artículo que tiene un año continuaba: Mientras, en el sitio web de Fores, siguen las críticas hacia la Conadep: «La Comisión se ocupa muy vagamente de las causas de lo ocurrido y de los cursos de acción a seguir. Sólo al final del Prólogo se dice que «… únicamente la democracia es capaz de preservar un pueblo de semejante horror…». Si por democracia se entiende un sistema de gobierno que, además del respeto por la voluntad popular, se asiente sobre el Estado de Derecho, con instituciones eficientes en lo que hace a la aplicación de la ley y el reconocimiento de los derechos individuales, coincidimos con la apreciación. Pero, justamente por eso consideramos que las verdaderas razones de lo ocurrido han quedado tan oscuras como lo estaban antes del informe, pues la represión ilegal se inició antes que comenzaran a actuar organizaciones parapoliciales alentadas por sectores del Estado y con total impunidad, y aún antes nuestro país vivió momentos de violencia de uno u otro signo en donde los argentinos contemplamos con impotencia las deficiencias de los sistemas de represión legal. Por esto, y por otras razones, el Informe es incompleto y no es conducente al objetivo que pregona: ¿cómo evitar que vuelva a repetirse? En este sentido, consideramos que el Informe es deficitario, y el análisis del Definitivamente Nunca Más pretende complementarlo».
El 24 de marzo de pasado, Indie Politik decía: el diario La Nación le dio difusión a un proyecto de Fores supuestamente para «hacer más eficiente la Justicia». En la nota, se afirma que «el programa es dirigido por Germán Garavano, ex fiscal general de la ciudad, que también fue coordinador del Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia hasta 2004 y ex director de Fores, y por Héctor Mario Chayer, especialista en gestión judicial».
No es la primera vez que Fores intenta influir sobre el desempeño del Poder Judicial. En 1977, organizó en Mar del Plata una conferencia sobre la reforma judicial que contó con el auspicio del gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabezaba el general Ibérico Saint Jean. Al año siguiente fue apoyada por el «gobierno nacional».
Como el dictador Jorge Rafael Videla no pudo asistir, fue en su representación el ministro de Interior, Albano Harguindeguy. «Allí quedó sellado el compromiso de las Fuerzas Armadas de respetar la independencia del Poder Judicial», aseguraba Fores en 1978.
“Fue una extensa jornada de debate profundo, serio pero también contenido ante la gravedad de lo que se busca detener: un proceso novedoso de impunidad. El repudio generalizado al fallo de la Corte Suprema, avalado originalmente por el Gobierno y la Iglesia Católica, obligó a Cambiemos a intentar despegarse con fruición del beneficio otorgado a los genocidas. El oficialismo absorbió los golpes y así, tras algo más de seis horas de debate, los diputados le dieron media sanción con 211 votos a favor y uno solo en contra, del salteño Alfredo Olmedo. Elisa Carrió se ausentó a la hora de votar”, informa en tanto este martes el diario Página 12 sobre la iniciativa aprobada por cuasi unanimidad en Diputados, con la intención de impedir la aplicación del descarado fallo PROgenocida de la Corte y que seguramente de la misma forma se expedirá el Senado en la próximas horas.
“Aunque el oficialismo acompañó el proyecto que excluye del beneficio del 2×1 a los criminales de lesa humanidad, lo cierto es que vivieron una terrible derrota política. No importaron los discursos, algunos claramente forzados por las circunstancias, para despegar al Poder Ejecutivo del fallo de los supremos. Lo concreto es que terminaron acompañando un texto que se consensuó durante el transcurso de la sesión. El texto acordado consta de tres artículos y modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -derogada en 2001- para especificar que “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según derechos interno o internacional”. También prevé que el cómputo de las penas establecidas en su oportunidad por el derogado artículo 7 de la ley del 2×1 “será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad” durante el período que existió la norma, entre 1994 y 2001. Por último dispone que “los artículos anteriores son la interpretación auténtica del artículo 7 de la Ley 24.390”. El texto será tratado y aprobado durante la mañana de hoy por el Senado. Así continúa el texto de Página 12.
La marcha atrás forzada por el repudio nacional e internacional, llevó a los diputados de Cambiemos a tener que aceptar los pedidos de los bloques de la oposición para incorporar el tratamiento del tema en una sesión que, a primera vista, era una más con la que el macrismo quería mostrar que el Congreso funcionaba.
Ante ese escenario, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, organizó una reunión con los presidentes de bloque y, sin poder de maniobra, aceptó que el tema se incorpore. Remo Carlotto, del Peronismo para la Victoria, tomó la palabra y con calma pero con firmeza dijo que se vive “un momento político de preocupación” porque entiende que el fallo de la Corte va “en contra de los pronunciamientos que tuvo la Corte en materia de violaciones a los derechos humanos”. Advirtió que ese cambio se inició a partir “del contexto político que vive el país desde la asunción del actual Poder Ejecutivo”. Al contrario de lo suele ocurrir, el oficialismo absorbió el golpe sin chistar. Pero no fue la única estocada. Carlotto aseguró que los que defienden la democracia y los derechos humanos “están ofendidos” porque en estos 40 años de lucha por la verdad han llegado a aceptar que en los juicios haya habido absoluciones y “hemos esperado con paciencia que los tribunales condenaran estos crímenes pero hoy de una manera amañada, tres miembros de la nueva conformación de la Corte emitieron un fallo que posibilita la liberación de los responsables de crímenes de lesa humanidad”.
Cuando le llegó el turno, Donda pidió un minuto de aplauso para las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que estaban presentes y para Estela de Carlotto que ingresaba. La oposición se puso de pié y aplaudió. El oficialismo también pero algunos como el lilito Fernando Sánchez y el macrista Nicolás Massot continuaron sentados conversando como si nada ocurriese.
La diputada aclaró que hablaba en su calidad de hija de desaparecidos que compartió “el lugar y la mesa donde nacimos con Juan Cabandié”, en referencia al centro clandestino que funcionó en la Esma. Con la voz entrecortada pero segura de sí misma, indicó que era imperioso “impedir que se levante un nuevo muro de impunidad”. Un silencio total se impuso en un recinto que acostumbra a tener el rumor permanente de las conversaciones mientras un legislador hace uso de la palabra. Donda les exigió a los diputados un esfuerzo para votar por unanimidad el proyecto para que “mañana (por hoy) vayamos a la marcha y podamos decir que se le dijo no a los genocidas”. Entre aplausos y ya gritando para que la escuchen, Donda les envió un mensajes a los tres jueces de la Corte: “Desde la Cámara de Diputados les decimos: señores jueces, nunca más”.
Elisa Carrió, ariete de la Embajada de Estados Unidos en éste y otros temas estratégicos de la derecha en el poder “le otorgó a su análisis una condición brutal y binaria adornada en exceso con conceptos de corrientes del pensamiento legal. Primero señalo al kirchnerismo como el responsable de haber promovido esta utilización del 2×1 a partir de un fallo del entonces supremo Raúl Zaffaroni. Incluso les endilgó la falencia de no haber tomado recaudos para este tipo de situación durante los doce años de gobierno. Luego, como si no faltara algo, aggiornó el refrán de no comerse al caníbal al sostener: “no nos podemos comportarnos como los genocidas al mostrarle a la sociedad que hay hombres de 90 años hundidos en una cárcel porque eso no responde al humanismo”. El abucheo no se hizo esperar pero ella continuó como si nada y cerró su discurso avalando la teoría de los dos demonios al sostener primero que “la justicia no es venganza” pero indicó que así como “apareció el nieto de la mayor luchadora de los derechos a la verdad, que es la señora Carlotto, les digo que también hay una parte de la sociedad que también quiere verdad como los soldados de Formosa”, destacó el mismo diario.
El abogado defensor de los Derechos Humanos y ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Parrilli, dijo el lunes por la noche en un canal de TV que darle jerarquía de jurista a Carrió es algo asi como considerar que Martín Karadajian fue campeón de lucha grecorromana, y consideró que el proyecto de ley que aprobó Diputados y se aprestaba a sancionar el Senado carece de sentido porque es más o menos como indicarle a los jueves la obviedad de que deben cumplir con la leyes.
“Luego de respaldar el 2×1 a los represores, el secretario de Derechos Humanos salió a rechazarlo. Lo mismo hizo la gobernadora María Eugenia Vidal. Se desligan de los cortesanos de Mauricio Macri en medio de un fuerte repudio social a la impunidad. Para Parrilli, ‘los llamó Durán Barba y les dijo muchachos, viren el discurso’”. Así escribió el editor de AgePeBA, Fernando López, en el diario Contexto.
Con nueve de cada diez argentinos en contra de reducir las penas a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, el repudio de todos los organismos de derechos humanos y las reacciones que comienzan a surgir desde la comunidad internacional, el Gobierno de Cambiemos intenta morigerar el impacto del fallo del 2×1 dictado por los jueces que eligió el propio presidente Mauricio Macri para cubrir las vacantes que tenía la Corte Suprema.
No es que a la alianza gobernante le interese la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ya ha dado sobradas pruebas de lo contrario con el vaciamiento de áreas del Estado que se encargaban de investigar los delitos de lesa humanidad, con el negacionismo de Macri y con varios de sus funcionarios al poner en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, los intentos de reflotar la teoría de los dos demonios y el apoyo al beneficio de prisión domiciliaria para más de medio centenar de represores.
Lo único que le preocupa a Cambiemos es no perder votos de cara a las próximas elecciones legislativas.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, dijo este fin de semana que “era un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno”, porque “unánimemente cuestiona la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad”. Se trata del mismo funcionario que días antes afirmaba estar de acuerdo con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco al habilitar la conmutación de penas a los genocidas a través de la Ley 24.390, derogada hace dieciséis años.
También el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a hablar ahora del 2×1 como “un mecanismo que consagra la impunidad”, cuando meses atrás invocaba convenciones internacionales para justificar que “una persona mayor” –así se refería al represor Miguel Etchecolatz– pueda irse a su casa con arresto domiciliario.
Desde Vicente López, luego de cinco días de absoluto silencio, la gobernadora María Eugenia Vidal aprovechó la inauguración de una muestra de Ana Frank para señalar que “los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes”.
Todo esto amplificado por los medios del Grupo Clarín, que repiten sin cansancio que el 2×1 de la Corte Suprema genera “rechazo por todos lados, especialmente desde el Gobierno”.
“Los llamó Durán Barba y les dijo ‘muchachos, viren el discurso’. No tengo ninguna duda de que el fallo del máximo tribunal va en la misma dirección que la política del Gobierno en materia de derechos humanos, es decir, camino a una amnistía y a la impunidad”, aseguró a Contexto el abogado de derechos humanos Marcelo Parrilli, quien acaba de presentar una denuncia contra Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco por el delito de prevaricato.
Parrilli cuestionó, además, un proyecto del diputado macrista Federico Pinedo para establecer que el cómputo de las penas establecido en el artículo 7 de la Ley 24.390 sea aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva entre los años 1994 y 2001, cuando estaba vigente la norma.
“Es algo insólito. Pretenden seguir legislando sobre una ley que ya fue derogada y que no se puede aplicar a casos de delitos de lesa humanidad. Con esto, más allá del discurso, demuestran que están a favor del 2×1 a los genocidas”, remarcó el letrado.
La denuncia penal de Parrilli contra Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco por prevaricato, delito que se les adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho, recayó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas.
En su presentación, el abogado sostiene que los tres cortesanos “tienen fuertes vinculaciones con el actual Gobierno nacional”, sobre todo Rosatti y Rosenkrantz, a quienes Macri “pretendió nombrar obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.
Si se logra probar que incurrieron en prevaricato con el fallo del 2×1 a los genocidas, Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco serían “inhabilitados para ejercer cargos públicos y, obviamente, para ejercer como jueces”.
“Esta denuncia y los pedidos de jury que se están impulsando son dos caminos que van en la misma dirección, ya que los jueces pueden ser removidos de sus cargos por la comisión de delitos o por mal desempeño”, manifestó Parrilli, y explicó que la decisión de los cortesanos “no sólo lesiona, sino que pone en peligro el Estado de Derecho al permitir la liberación de cientos de condenados por los más terribles crímenes de que tenga memoria nuestra historia”.
El fiscal federal Guillermo Marijuan dio curso a la denuncia presentada por el abogado Marcelo Parrilli contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. A cargo de la causa está el juez Daniel Rafecas.
Los tres jueces de la Corte Suprema que habilitaron el 2×1 a los criminales de lesa humanidad, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, quedaron hoy imputados por el presunto delito de prevaricato.
La decisión la tomó el fiscal federal Guillermo Marijuan, al considerar que “la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura”.
El dictamen fue elevado al juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal tras la denuncia radicada ayer por el abogado de derechos humanos y ex legislador porteño, Marcelo Parrilli.
En su presentación, el letrado sostiene que los tres cortesanos “tienen fuertes vinculaciones con el actual Gobierno nacional”, sobre todo Rosatti y Rosenkrantz, a quienes Macri “pretendió nombrar obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.
Mientras tanto, en el caso de Highton de Nolasco recordó que obtuvo un fallo favorable para permanecer en su cargo pese a superar la edad de 75 años que se fija como límite del mismo.
Marijuan requirió copia del fallo de la Corte con los votos de los cortesanos que redujeron la pena al represor Luis Muiña, así como de los pronunciamientos previos del caso por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y del Tribunal Oral que lo condenó a trece años de prisión por delitos de lesa humanidad en el Hospital Posadas. Además, solicitó que el juez Rafecas adopte “toda otra medida que considere de utilidad para el avance de la pesquisa”.
Si se comprueba que Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco incurrieron en prevaricato, es decir, una sentencia contraria a la ley, podrían ser inhabilitados para ejercer como jueces y cualquier otro cargo público.
Las acciones contra el fallo del máximo tribunal no se limitan al ámbito nacional. Gladys Cuervo, una de las víctimas del represor beneficiado con el 2×1, Luis Muiña, presentó ayer una demanda contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó que se dicte una medida cautelar para que no se aplique la Ley 24.390 en juicios de lesa humanidad mientras el organismo dirime la cuestión de fondo.
Ante la CIDH también recurrió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, al considerar que la Corte viola las convenciones sobre Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Personas. Lo mismo hizo el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y se esperan otras presentaciones similares del Frente para la Victoria (FpV), el Frente Renovador y hasta de la diputada de Cambiemos Anabella Hers.
En este marco, hay que destacar además el pronunciamiento de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ayer exhortó al Estado argentino y a la Corte Suprema a “cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos”.
“Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, enfatizó el representante de ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.
El repudio de la ciudadanía al fallo de la Corte fue creciendo a medida que se conocían quiénes eran los genocidas en condiciones de solicitar el 2×1 para salir en libertad, entre ellos, Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda.
Una encuesta realizada por la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) reveló que el 88% de los argentinos “está en desacuerdo” con ese beneficio y que el 64% cree que el máximo tribunal no resolvió de manera independiente.
Este lunes trascendió que el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, condenado a perpetua por diversos crímenes de lesa humanidad y principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López en 2006, también pretende acogerse al 2×1; al igual que el cura Christian Von Wernich, ex capellán de la misma fuerza que cumple prisión perpetua por 7 homicidios calificados, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegítimas de la libertad en centros clandestinos de detención del “Circuito Camps”.
Otro peligroso represor que podría quedar suelto es Arnaldo José “Chubi” López, condenado en el jucio “La Perla” de Córdoba por 383 secuestros, 369 casos de tormento y 281 homicidios calificados. Su abogada, Mariela Pérez Cesaratto, indicó que “López estaba sometido a proceso durante la vigencia del 2×1 y con el nuevo fallo de la Corte es posible hacer ese pedido”.
“Si Vidal realmente considera que el fallo de la Corte está mal, tendría que haber salido muchísimo antes, en cuanto se conoció, porque es la responsable del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora se tomó mucho tiempo para dar una opinión”, afirmó a la prensa la senadora Mónica Macha poco antes de presentar un debate en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional.
La decisión de la Corte Suprema, máxima instancia judicial de la nación, “genera una situación de mucho temor, de resquebrajamiento de quienes han dado su testimonio, pues los deja en una situación de muchísima vulnerabilidad”, sostuvo la legisladora de Nuevo Encuentro, como parte del Frente para la Victoria (FpV), y enfatizó que “el 2×1 es una aberración a la democracia”. Así también informó este marte el diario Contexto.
