Mientras el escandaloso fallo del 2×1 a los represores recorre el mundo y desde la propia ONU le recuerdan a nuestro país que debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, el descontento popular crece cada vez más. El 88% de los argentinos repudia la decisión de los cortesanos que responden a Macri.
“Furia en Argentina por sentencia que podría dejar a represores libres”. Así tituló el diario británico The Guardian tras conocerse la semana pasada el fallo de la Corte Suprema que beneficia a criminales de lesa humanidad con la derogada ley del 2×1 (24.390), permitiéndoles reducir sus penas.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó hoy al máximo tribunal y al Estado argentino a tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos.
Amerigo Incalcaterra, representante de ACNUDH para la región, recordó que “deben cumplir no solo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
“Los crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, insistió el funcionario de la ONU.
Este lunes, el reconocido abogado de derechos humanos, Marcelo Parrilli, presentó una denuncia contra los jueces que habilitaron el 2×1 a los genocidas, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, a quienes acusó del delito de prevaricato.
El letrado solicitó declaración indagatoria a los denunciados y que “oportunamente se aplique el máximo de las sanciones penales previstas” e “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”. La causa quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.
“Los tres ministros denunciados tienen fuertes vinculaciones con el actual Gobierno nacional”, remarcó Parrilli y apuntó especialmente contra Rosatti y Rosenkrantz, a quienes presidente Mauricio Macri “pretendió nombrarlos ministros de la Corte Suprema por decreto obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.
Mientras tanto, un centenar de abogados querellantes en causa por delitos de lesa humanidad analizan un pedido de juicio político contra los tres cortesanos PROgenocidas, fiscales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad ya solicitaron que se declare la “inconstitucionalidad” del fallo y se suman al menos tres acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una de ellas impulsada por una diputada de Cambiemos, Anabella Hers.
El rechazo de los argentinos es claro. Una reciente encuesta de la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) revela que el 88% está en desacuerdo con el fallo de la Corte que le otorgó el beneficio del 2×1 a los genocidas. El estudio agrega que, del total de los consultados, el 64% cree que el máximo tribunal no tomó la decisión de manera independiente y que “el Gobierno intentó desligarse” de la decisión.
Precisamente, el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien la semana pasada dijo acordar con el fallo, en las últimas horas sostuvo que “es un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno” porque “unánimemente cuestiona la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad”.
Este miércoles, a las 18, todos los organismos de derechos humanos, con el acompañamiento de partidos políticos, así como organizaciones gremiales y sociales, marcharán a la Plaza de Mayo para repudiar a los jueces que reducen penas a los represores y a Macri por sus políticas en contra de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Que la “furia” del pueblo salga a las calles para echar y juzgar a los PROgenocidas de la Corte.
