Todos los legisladores del Congreso Nacional – opositores y oficialistas- tienen en sus manos la posibilidad de demostrar que el Poder Legislativo pertenece a la democracia y no a los genocidas, a los criminales de lesa humanidad. Simplemente deben unificar un proyecto sólido y contundente que le corte el paso a los integrantes de la Corte PROgenocidas, que impida a presente y futuro todo tipo de intento de impunidad para los terroristas de Estado y enderezar los mecanismos necesarios para destituir a los jueces de la vergüenza nacional e internacional. El Poder Judicial debe hacer lo suyo; se necesita una rebelión masiva de jueces y fiscales contra el fallo infame del 2×1. Y Ejecutivo, si no es PROgenocida como hasta ahora todo indica que lo es, adopte decisiones que puedan hacerlo creíble. Si ello no sucede, el sistema político perderá lo que le queda de credibilidad, los mecanismos de representación volarán por el aire y el país quedará expuesto a esta suerte de fascismo “líquido” o de nuevo tipo, encubierto y escurridizo, un “semiofascismo”, enmascarado detrás de los pliegues de los signos y los discursos lábiles y mentirosos. Simplemente está en juego la sobrevivencia de nuestra democracia, ya de por sí débil y controlada por los poderes fácticos de la trama capitalista corporativa dependiente.
Por ahora solo hay movimientos de los ya conocidos, siempre afectados por la especulaciones de la coyuntura política, pero hay que confiar, aunque sea una vez más, en que cumplirán con sus obligaciones políticas y morales, Si no, estaremos en llamas. Aquí un resumen de lo que hasta la mañana de este martes constaban algunos medios de prensa.
“Legisladores del FpV, Progresistas, el FIT y el Frente Renovador presentarán hoy en Diputados distintas propuestas para repudiar la sentencia de la Corte y evitar que se reduzcan las penas a otros condenados por delitos de lesa humanidad. El fallo con que la Corte Suprema de Justicia redujo la condena al represor Luis Muiña sacudió la modorra que Cambiemos le impone al Congreso. Las principales bancadas opositoras llevarán hoy al recinto de la Cámara de Diputados distintos proyectos para repudiar el fallo de la Corte y cerrarle el camino al beneficio que abrieron los cortesanos a imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Los proyectos proponen desde excluir explícitamente a los delitos de lesa humanidad de este beneficio y “de los alcances de cualquier ley que determine una amnistía”, hasta el juicio político a los tres jueces que conformaron la mayoría en el fallo, pasando por la creación de una comisión de juristas para llevar el reclamo a los tribunales internacionales. Solo el macrismo promueve en el Senado establecer que la decisión de la Corte se “limite” a los represores que estuvieron detenidos durante la vigencia de la ley del 2×1, entre 1994 y 2001”, dice el diario Página 12.
Y sigue ese diario: La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda y diputada de Libres del Sur y nieta recuperada, presentó su propio proyecto “para excluir a imputados, procesados y/o condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad y/o genocidio de los alcances de cualquier ley que determine una amnistía”. Un proyecto similar presentó su socia en Progresistas, Alicia Ciciliani. “La violación de los derechos humanos es un delito imprescriptible, y no puede de ninguna manera estar sujeta a amnistía ni a indulto”, dijo la socialista santafesina y agregó que “si así se hiciera, se estarían violando los compromisos internacionales asumidos en la firma de los tratados internacionales” sobre la materia. Los diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) pulían ayer por la noche su propio proyecto. La iniciativa es una “ley aclaratoria” sobre la legislación vigente y “la imposibilidad de aplicar en delitos de lesa humanidad” la llamada ley del 2×1 para conmutar penas. En un extenso fundamento, el proyecto carga duro contra el fallo de la Corte, sostiene que han beneficiado a Muiña con una ley durante cuya vigencia el represor no estuvo detenido. Además, exige a los jueces de la Corte Suprema “no interferir en la voluntad del Parlamento” con forzadas interpretaciones de las leyes aprobadas en el Congreso. Aunque se terminará de definir hoy por la mañana en la reunión del bloque, en el FpV-PJ existe un consenso mayoritario –tras una ronda de consultas con organismos de derechos humanos– para pedir el juicio político a los cortesanos Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, que fueron quienes votaron a favor del fallo.
Esa postura ya había surgido desde el Frente de Izquierda (FIT). El diputado Néstor Pitrola presentó un proyecto de juicio político a los tres magistrados “por considerarlos responsables de un fallo antijurídico ante delitos de lesa humanidad de carácter permanente e imprescriptibles. Se trata de una amnistía a la dictadura, más amplia aún que el indulto de (Carlos) Menem a las Juntas. Hablamos de casi 300 condenados por delitos como secuestros, desaparición forzada, torturas y apropiación de bebés que plantea un nuevo punto final”, sostuvo Pitrola.
El Frente Renovador anunció que, con el patrocinio de un grupo de juristas, se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También analiza impulsar el juicio político a “todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2×1 sin respetar los fallos precedentes”. Pero el massismo exceptúa a los jueces de la Corte. Al mismo tiempo, el FR trabaja junto a su aliada Margarita Stolbizer (GEN) y Donda en una declaración de repudio al fallo por considerarlo “un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor Justicia”.
“Aislado por la reacción opositora, el macrismo también busca despegarse del fallo. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo presentó –con el aporte del diputado Pablo Tonelli– un proyecto para proponer que el cómputo de las penas sea aplicable “solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva” durante la vigencia de la Ley 24.390, entre 1994-2001. En los fundamentos, Pinedo sostiene que la aplicación de la ley del 2×1 “se agrava en los casos de delitos contra la humanidad, que por normas de rango constitucional deben ser penados, sin poder evitarse el cumplimiento de esas penas por institutos como los de la prescripción, la amnistía o el indulto, según lo tienen dicho fallos de la Corte Suprema”. Con esa propuesta, el macrismo podría arrastrar a sus socios de la UCR, donde apenas un puñado de legisladores manifestó su “insatisfacción” con el fallo de los supremos pero acatando la decisión de la Corte”, cierra su nota Página 12.
Por su parte, el diario Ambito Financiero habla de “denuncia penal contra la mayoría (de la Corte), reclamos ante la CIDH e insinuación de juicio político fueron las primeras reacciones. Gobierno auspicia ley ‘antídoto’. Tribunales orales y Casación resisten aplicación (…). Luego de vislumbrar algunas consecuencias que implicaría la nueva doctrina, integrantes de los Tribunales Orales Federales -quienes reciban los pedidos de las defensas para beneficiarlos con el precedente sobre el que se expidió el máximo tribunal- están coordinando una estrategia para denegar las solicitudes. En paralelo, varios de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal analizan oponerse a las presentaciones y continuar votando según el criterio previo. En sigilo, reniegan de tener que pagar el costo político de una eventual soltura que favorezca a un nombre ‘pesado’ de la dictadura y apelarán a la ‘casuística’ (…). Un abogado particular primereó ayer con el más naif de los caminos: un recurso de reposición para que la Corte analice si se equivocó y vuelva a evaluar el caso. Una formalidad que no logrará conmover a la mayoría formada por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En la vocalía de la primera, se esmeraban ayer en difundir que la jueza no modificó su posición con respecto a la aplicación del 2×1 en delitos de lesahumanidad , y que ya existía un antecedente de 2013, donde por un planteo (a la inversa) había rechazado que el represor Antonio Herminio Simón no fuera beneficiario de ese cómputo abreviado. Ese argumento pretende atajar otro de los frentes que se desencadenó ayer: el abogado y exlegislador porteño Marcelo Parrilli presentó una denuncia por prevaricato contra el trío que conformó la ajustada mayoría. Recayó en el juez Daniel Rafecas, un histórico promotor del juzgamiento de delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura que tendrá en sus manos el dilema de definir si los magistrados supremos cometieron algún delito”.
Y sigue ese diario: “En el plano internacional también hubo réplicas. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez formalizó la primera demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por «violación del derecho de las víctimas» del Terrorismo de Estado. Sorpresivamente lo siguió una diputada del interbloque Cambiemos, Anabella Hers, que responde a la agrupación de Gente de Derecho, controlante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Su presidente, Jorge Rizzo, también accionó. Intentarán que por acumulación de demandas, el caso llame la atención de la CIDH, que se alista a sesionar en el país entre el 22 y el 26 mayo. «La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad», señaló en tono de reproche un comunicado firmado por el representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra.
Un centenar de abogados querellantes en casos de lesa aspiran a avanzar en bloque en un pedido de juicio político a los tres supremos. Más simbólico que efectivo, cuando se plasme, será motivo de festejo para Ricardo Lorenzetti cuyo pedido de enjuiciamiento por motivos totalmente distintos fue motorizado por Elisa Carrió. En la Corte, ya estaba preparado un plan de contingencia en caso de que hubiera movimientos en la Comisión de Juicio Político en torno a las acusaciones que Carrió derramó sobre Lorenzetti. En los papeles, salvo Juan Carlos Maqueda, el resto de los jueces tendrán su propio expediente. La punta de lanza de la rebelión judicial la encabezó desde Comodoro Py el TOF 5 que luego del fallo supremo denegó dos pedidos de aplicación del 2 x 1. Cruzaron mensajes entre los jueces de otros tribunales orales federales apelando a la táctica del análisis «caso por caso» para seguir la nueva doctrina. Cualquiera que tenga al menos una diferencia con «Muiña» les permitirá eludir el fallo de la Corte. De esta forma aspiran a no tener que pagar el costo político que entienden les trasladó el incómodo fallo conocido el miércoles pasado. Casación hará algo similar: estiman que los únicos que podrían adaptarse al nuevo criterio podrían ser Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que se sumarían a Ángela Ledesma, quien -en minoría- venía aplicando la validez del cómputo reducido. Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Mariano Borinsky, y Gustavo Hornos anticiparon que continuarán con el anterior criterio al que podría sumárseles Juan Carlos Gemignani. El interrogante es qué harán los fiscales de esa instancia Ricardo Weschler y Raúl Plée. Javier De Luca que controla el 50% de los dictámenes irá por la inaplicabilidad”.
La Casa Rosada (…) prepara su propia ley «antídoto» en manos del senador Federico Pinedo para restringir el margen de aplicación de la sentencia a otros casos. Su idea es que hoy mismo ingrese al trámite parlamentario antes de la marcha prevista para mañana a tribunales. El objetivo será que la Corte se lleve la marca por el conflicto que desató su fallo. Desde el cuarto piso del Palacio se muestran inconmovibles ante las reacciones que despertó la sentencia. Aguardarán que el chubasco pase a fuerza de sacar expedientes. Aplican el dicho campero «salga pato o gallareta». Traducido, significa que salga bien o salga mal había que hacer algo. La expresión pretende traslucir que sin importar los resultados era necesario arriesgarse a una resolver una situación límite”, cierra Ambito Financiero.
