El fiscal federal Guillermo Marijuan dio curso a la denuncia presentada por el abogado Marcelo Parrilli contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. A cargo de la causa está el juez Daniel Rafecas.
Los tres jueces de la Corte Suprema que habilitaron el 2×1 a los criminales de lesa humanidad, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, quedaron hoy imputados por el presunto delito de prevaricato.
La decisión la tomó el fiscal federal Guillermo Marijuan, al considerar que “la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura”.
El dictamen fue elevado al juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal tras la denuncia radicada ayer por el abogado de derechos humanos y ex legislador porteño, Marcelo Parrilli.
En su presentación, el letrado sostiene que los tres cortesanos “tienen fuertes vinculaciones con el actual Gobierno nacional”, sobre todo Rosatti y Rosenkrantz, a quienes Macri “pretendió nombrar obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.
Mientras tanto, en el caso de Highton de Nolasco recordó que obtuvo un fallo favorable para permanecer en su cargo pese a superar la edad de 75 años que se fija como límite del mismo.
Marijuan requirió copia del fallo de la Corte con los votos de los cortesanos que redujeron la pena al represor Luis Muiña, así como de los pronunciamientos previos del caso por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y del Tribunal Oral que lo condenó a trece años de prisión por delitos de lesa humanidad en el Hospital Posadas. Además, solicitó que el juez Rafecas adopte “toda otra medida que considere de utilidad para el avance de la pesquisa”.
Si se comprueba que Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco incurrieron en prevaricato, es decir, una sentencia contraria a la ley, podrían ser inhabilitados para ejercer como jueces y cualquier otro cargo público.
