Paradojas de la época macrista. La justicia argentina aplica la violencia jurídica para beneficiar a los seres más oscuros y violentos de la historia argentina. En nombre del “garantismo”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación trabaja para los genocidas y apropiadores de menores que torturaron y mataron durante la última dictadura. Los organismos de derechos humanos ya convocan a una marcha histórica para el próximo miércoles en Plaza de Mayo contra la impunidad judicial y política que protege a los represores. El Papa convalida “el diálogo” entre asesinos y víctimas, más alla del tradicional doble discurso de la Iglesia, y Macri le pide a su secretario de Derechos Humanos que no festeje tanto, no sea cosa que todos se den cuenta que empezó la PROimpunidad.
Por Carlos López / “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, 1000 años de prisión para los genocidas”, reza una bandera de la Asociación Madres de Plaza de Mayo contra el oscuro mensaje que la Iglesia Católica soltó esta semana para perdonar a los demonios del terrorismo de Estado en la Argentina. En el mismo camino, el fallo de la Corte Suprema que permite la ley 24.390 -la cual acepta el computo 2 por 1- para reducir las penas de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad genera vergüenza en primer año de la Facultad de Derecho. Aquellos militares y civiles que apropiaron menores, torturaron, asesinaron y desaparecieron personas, en poco tiempo podrán estar caminando por las calles.
La cúpula de la (In) justicia argentina, siempre a destiempo de las demandas sociales, aprovechó la avanzada de la derecha macrista para aplicar un beneficio que años atrás hubiera sido imposible de ejecutar. Los jueces del 2 por 1 se basaron en el argumento que pone énfasis en la ley penal más benigna, norma constitucional y del derecho internacional. Pero de lo que no se percataron es del costo social y político que esta decisión traerá para la Argentina, después de los significativos avances que se produjeron en los últimos 20 años con en el juzgamiento de genocidas y la apertura de nuevas causas de víctimas del terrorismo de Estado.
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dos de los tres jueces que firmaron positivamente la ley junto a Elena Highton de Nolasco, fueron ubicados en sus sillones judiciales nada menos que por Mauricio Macri. La votación la completaron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda con la disidencia con respecto a la reducción de penas, una ley que había sido sancionada en 1994 y derogada luego en 2001. La norma se centra en la ley penal más benigna, por lo cual determina que cada día de prisión preventiva de una persona que estuviera presa más de dos años sin condena, se computaría como doble, acortando considerablemente la sentencia final sobre el acusado.
Más allá del sentido común, conceptualmente el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, justificó su voto disidente debido a que una interpretación de la ley penal más benigna en el marco de una ley derogada «es insuficiente para dar una solución adecuada a un tema de indudable relevancia institucional». El jurista justificó que «el derecho a la aplicación retroactiva de una ley más benigna requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es una expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa”. Es decir que el caso Muiña, que dio origen a la decisión de la Corte, para Lorenzetti comprendió un delito de lesa humanidad, el cual no admite posibilidad alguna de amnistía e indulto, además de ser imprescriptible.
Desde la llegada de Cambiemos al gobierno no sólo se han retrasado los juicios de lesa humanidad -y tantos otros menores- como vienen denunciando las Abuelas de Plaza de Mayo ante el Consejo de la Magistratura, sino que además ahora se les otorga un beneficio a los genocidas para gozar de libertad antes de lo ordenado en la condena inicial, incluso antes que muchos otros presos comunes. Es por ello que organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares, Hijos y la APDH repudiaron el fallo como una apertura “a la impunidad de los genocidas”.
“La Corte confirma el cambio de paradigma que se dio en el país desde que asumió Mauricio Macri, posibilita que nos crucemos en la calle con los asesinos de nuestros padres y no lo vamos a permitir”, advirtió Carlos Pisoni, de Hijos, según publicó el viernes pasado Página/12. Es que la hipocresía que esconde el fallo de la Corte no es más que una confirmación institucional de volver a instalar la teoría de los dos demonios, el “algo habrán hecho”, el “no te metas” y tantos otros discursos de la derecha que busca aliados para proteger a represores. Los organismos de Derechos Humanos no piden más que Justicia. Piden que cada genocida, que cada actor de la desaparición de personas y la apropiación de niños cumpla condenas en una cárcel común. Piden que se respete y proteja al pueblo argentino.
La decisión que tuvo que definir la Corte partió de un pedido de Luis Muiña, un civil partícipe del “grupo Swat”, encargado de secuestrar a 22 personas -seis actualmente desaparecidas- en el operativo que dirigió Reynaldo Benito Bignone en el Hospital Posadas, el 28 de marzo de 1976. Los hombres de Macri disfrazados de jueces escucharon a los represores y le concedieron una caricia en la espalda. Exactamente los genocidas y apropiadores de niños durante la dictadura serán los únicos que podrán gozar del beneficio, a diferencia de los acusados por delitos comunes. El plan de Macri se sigue concretando no sólo con el abandono de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, sino también con borrar la historia.
Macri seguramente entregaría alguna que otra de sus cuentas offshore con tal de borrar una parte de la historia. Esa época en la que sus amigos contribuyeron a la mayor persecución, opresión y destrucción de vidas en la Argentina, en nombre del Estado. Como si no bastara el presidente también aplica ahora políticas económicas y sociales para castigar a los más vulnerables y enriquecer a los más pudientes. Por ello es que existe un hilo conductor en las acciones de Macri: el empresariado y los ricos del 2017 son ubicados por el gobierno como víctimas frente al desmoronamiento de una economía que sólo afecta a los que menos tienen; y de igual manera los genocidas y apropiadores de menores son protegidos como si fueran acaso las víctimas del terror que ellos mismos sembraron para violar, asesinar y desaparecer sin miramientos.
El gobierno de Macri ya abrió el paraguas, como si el fallo se tratara simplemente de una decisión que excede al propio Poder Ejecutivo, dado que proviene del Judicial. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto alertó que “el Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya”. Es que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, apuntado en varias oportunidades por sus dichos contra las víctimas de la dictadura no sólo acompañó el fallo, sino que además consideró que el gobierno no puede acompañar ningún tipo de petición ni denuncia internacional de los organismos de derechos humanos porque “no se trata de que el gobierno acompañe, no puede ir en contra del máximo tribunal”. En palabras de Avruj, pero con el aval de todo el gabinete de Casa Rosada, el gobierno jugó su mejor carta, algo así como el famoso y recordado “Te la debo, no estoy en tema”, de Macri, o el similar «No tengo el detalle, te lo debo» que Marcos Peña puso tanto en práctica.
Como una foto del ’76, hoy el gobierno se pone al servicio de la corporación judicial, de la misma manera que la Iglesia calla y otorga. La asamblea de la Conferencia Episcopal que se realizó esta semana pasada en Pilar bregó por un mensaje de reflexión y una invitación a la “cultura del encuentro”. Es decir, proponer algo así como una sala de café entre un asesino y su víctima, con la única diferencia que en este caso las víctimas no están, porque son desaparecidos. El Papa Francisco sigue oculto bajo la consigna de la reconciliación, desentendiéndose del justo reclamo de reparación de los familiares de las víctimas. Por eso, con el apoyo del Santo Pontífice la Iglesia hoy propone la “escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de un período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad” -léase esto último como una maldita dictadura del terror-.
¿Qué sentimiento puede correr por las venas de los familiares de las víctimas de las atroces torturas de los genocidas? Los que luchan contra los crímenes de lesa humanidad jamás perdonarán a la derecha que se lleva puesto a todo y a todos en la Argentina con el fin de que el pueblo se odie a sí mismo; que odie al oprimido y ame al opresor. La derecha argentina podrá intentar robarse el 24 de marzo, podrá otorgar una y otra prisión domiciliaria a los represores del pasado oscuro -como podría ocurrir próximamente con Miguel Etchecolatz-, y podrá reducir las condenas de los genocidas que saben dónde están los cuerpos y callan frente al banquillo. Pero nunca podrá obligar a olvidar y menos aún callar el grito por Verdad, Memoria y Justicia.
