La ciudadanía ya expresa el miedo de cruzarse a los peores criminales, los que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a 30.000 personas durante la dictadura cívico-militar. Tras el perverso fallo de la Corte Suprema, varios represores solicitan el beneficio del 2×1.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, aplicó la derogada ley del 2×1 (24.390) para reducirle la pena a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad, inauguró una nueva modalidad de inseguridad bajo el gobierno de Mauricio Macri, la peor de todas.
El cartel que colocó un taxista de la ciudad de Buenos Aires en la luneta de su coche es claro en este sentido: “Tengo miedo. Astiz puede subir a mi taxi”.
Pero no sólo Alfredo Astiz quedó en condiciones de pedir su libertad a través del 2×1. Otros genocidas de la ESMA condenados a perpetua, como Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda, podrán acogerse al beneficio habilitado por los cortesanos, dos de los cuales (Rosatti y Rosenkrantz) fueron designados por el propio Macri.
Pocas horas después de conocerse el fallo, el ex capitán del Ejército, Víctor Gallo, se convirtió en el primer represor en solicitar la misma reducción que obtuvo Muiña. Gallo, apropiador de Francisco Madariaga, fue condenado por el plan sistemático de robo de bebes.
Y no tardaron en aparecer otras tres solicitudes similares. A dos días de la decisión de la Corte, se registran en Comodoro Py los pedidos del coronel retirado Héctor Salvador Giribone, con ocho años de prisión por el robo de bebés; el ex médico de la Armada, Jorge Luis Magnacco, conocido como el obstetra de la ESMA, que también cumple condena por la apropiación de los niños nacidos en cautiverio; y el ex militar Alejandro Lazo, condenado a diez años de cárcel por torturas y privación ilegítima de la libertad.
Según informó el diario Página/12, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad comenzó a hacer un análisis preliminar sobre el efecto del 2×1 a los genocidas. A última hora de ayer habían llegado a relevar 343 sentencias condenatorias y concluyeron que 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto.
