La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (FPyCS – UNLP) repudia enfáticamente y manifiesta su profunda preocupación por el beneficio otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al genocida Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad. Los votos a favor, pronunciados por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco; tuvieron como argumento principal la aplicación del principio de ley penal más benigna.
En este sentido, consideran correcto aplicar el beneficio de la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que rigió desde 1994 hasta su derogación en 2001. En ella se establece que por cada año en el que un imputado estuvo detenido sin condena firme, le corresponde el cómputo de dos años de condena. Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti votaron en disidencia y declararon en su voto que la normativa no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
La comunidad académica de la FPyCS se suma al repudio de los organismos de Derechos Humanos y manifiesta su preocupación por el peligroso precedente que sienta la Corte con esta interpretación de la ley vigente.
Resulta necesario enmarcar este fallo en un momento histórico donde se otorga cada vez con más recurrencia el beneficio de la prisión domiciliaria a los genocidas que encabezaron el plan sistemático de desaparición, tortura, exterminio y apropiación durante la última dictadura. Además, debe tenerse en cuenta el posicionamiento de la Conferencia Episcopal Argentina, que plantea la reconciliación como instancia superadora de los crímenes de lesa humanidad.
Desde la asunción del gobierno, la Alianza Cambiemos ha avanzado en el desmantelamiento de las políticas y programas de derechos humanos. Este tipo de decisiones asumidas por el gobierno de Mauricio Macri son acompañadas por nefastas declaraciones de altos funcionarios, (incluido el presidente), que ponen en duda la cantidad de desaparecidos y la existencia de un plan criminal, al mismo tiempo que atacan la lucha y a los referentes de organismos de Derechos Humanos con una dureza sin precedentes en la democracia.
Nos preocupa que la postura de quienes deben abogar por justicia termine avalando la impunidad de los represores que tanto daño han causado al pueblo argentino. Desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social rechazamos este fallo y exigimos la profundización de los juicios por crímenes de lesa humanidad, así como también cárcel común y efectiva a todos los genocidas.
