Luego de las muertes de Angie Velásquez y Pamela Macedo Panduro, la organización OTRANS presentó un duro informe ante el comité contra la tortura con datos que dan cuenta de un perfilamiento transfóbico en la justicia provincial. La ONG OTRANS Argentina presentó la semana pasada un informe ante el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas, con datos duros sobre la situación crítica que viven las mujeres trans y travestis de Argentina, particularmente en la provincia de Buenos Aires. El informe fue leído y utilizado por el Comité y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue indagado también sobre esta denuncia en su exposición ante Naciones Unidas el 26 de abril pasado.
Según detallan en el documento, hay un perfilamiento indirecto que se evidencia comparativamente en las tasas de encarcelamiento que sufren las detenidas, según cifras del año 2016. Allí indican que, “mientras en la provincia de Buenos Aires 1 de cada 530 personas está presa, 1 de cada 73 mujeres trans y travestis está encarcelada”. Por lo tanto, es posible reflejar que una mujer trans o travesti tiene “entre 1,8 y 7,3 veces más probabilidad de ser encarcelada que una persona cisgénero” (es decir, ni trans ni travesti).
El informe se sustenta con dos muertes sucesivas sobre la población de 33 mujeres trans y travestis alojadas en la Unidad 32 de Florencio Varela. Pues en lo que va de 2017 se han producido las muertes de Angie Velásquez y Pamela Macedo Panduro. En aquel momento, la misma organización denunció los hechos como crímenes de odio/travesticidios. La denuncia fue realizada bajo los términos del Código Penal de la Nación referidos “al Homicidio por omisión agravado por odio a la identidad de género (art. 80 inc. 4 CPN), en concurso con asociación ilícita (art. 210 CPN) y apremios ilegales”.
Ambas jóvenes eran peruanas y fueron detenidas y sometidas a dicho encierro por las mismas autoridades fiscales y judiciales. Los denunciados en el documento, entregado a las autoridades de Naciones Unidas, son el fiscal Álvaro Garganta y el juez de garantías Juan Pablo Masi.
Considerando que tanto Angie Velásquez como Pamela Macedo Panduro eran de Perú, las denunciantes hacen especial hincapié en las desventajas que sufren las mujeres trans y travestis migrantes. En tal sentido, especifican que “de la totalidad de las mujeres travestis y trans detenidas en la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Bonaerense (…) el 85% son migrantes sudamericanas, 70% de nacionalidad peruana”. De esa totalidad, el 44% fue detenida en el departamento Judicial de la Plata y “el 97% de las detenidas travestis y trans migrantes no tiene condena”, es decir, “se encuentran privadas de su libertad en prisión preventiva”.
Para llevar adelante la denuncia, entre los meses de enero a julio de 2016 en La Plata, OTRANS Argentina realizó entrevistas en profundidad a treinta mujeres trans y travestis migrantes sudamericanas (de nacionalidad peruana y ecuatoriana) que, según explican en la denuncia realizada, “realizan actividades de subsistencia en la vía pública en las cercanías de plaza Matheu”. Los principales hallazgos de dicha investigación fueron:
La totalidad de las entrevistadas indicaron que habían sido demoradas o aprehendidas en la vía pública el último año, acusadas por la Policía de delitos relacionados con la Ley 23.737. Este hecho es indicador de un número desproporcionadamente alto de actuaciones contra la población de mujeres travestis y trans migrantes sudamericanas, sobre la base de la detención selectiva en base a la identidad de género y a partir de la utilización de perfiles raciales, vigilancia policial injustificada e interacciones negativas con la Policía. La totalidad de las entrevistadas indicaron que durante la demora habían sido tratadas por la Policía de forma grosera, con lenguaje transfóbico y con amenazas.
También detallan en el mismo apartado del documento que “de las 30 entrevistadas, 19 indicaron que habían sido revisadas en la vía pública por policías que habían referido estar buscando estupefacientes”. Y agregan: “Identificaron a estos policías como pertenecientes a la comisaría novena de La Plata y a la DDI de La Plata”. “Esto es indicativo de controles desproporcionados hacia las mujeres trans y travestis migrantes sudamericanas en la zona de plaza Matheu”, sentencian desde OTRANS.
En febrero de 2017, OTRANS Argentina, junto a mujeres trans y travestis peruanas detenidas en la Unidad 32 de Florencio Varela (Pabellones 2 y 11), presentaron un habeas corpus correctivo para denunciar las condiciones de detención de las mujeres. Este fue admitido favorablemente por la Justicia, ya que los hechos denunciados fueron constatados por las autoridades.
Sin embargo, si bien la sentencia fue un paso fundamental, aún no ha sido implementada. El Servicio Penitenciario Bonaerense apeló esta medida para no cumplimentar el fallo judicial. Tal decisión se contrapone a poder garantizar los derechos de las mujeres trans y travestis privadas de su libertad en esa Unidad Penitenciaria. A partir de la denuncia, la organización ha comprobado que “ha habido traslados arbitrarios y otras represalias contra las denunciantes”.
Sobre el final de la denuncia presentada, las denunciantes realizan una serie de recomendaciones para terminar con la situación persecutoria que sufren las jóvenes trans y travestis migrantes, especialmente en la ciudad de La Plata.
Algunas de las demandas requeridas son:
– La modificación de la Ley 23.737 para fijar límite al encarcelamiento de consumidores de estupefacientes y microtráfico.
– Que las procesadas travestis y trans por delitos menores, entre ellos los desfederalizados de la Ley 23.737, permanezcan en libertad durante el proceso, como establecen las leyes.
– Que se investigue el armado de causas y las detenciones arbitrarias contra mujeres travestis y trans, en particular la connivencia policial y judicial.
– Que se investiguen las responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo y Judicial en las muertes de Pamela Macedo Panduro y Angie Velásquez Ramírez.
– Que las autopsias se lleven a cabo bajo el protocolo para las detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales y el protocolo de femicidio de ACNUDH.
– Que se respeten los principios de Yogyakarta para las mujeres trans y travestis privadas de libertad.
