La Sala I de la Cámara de Casación Penal decidió otorgarle la prisión domiciliaria. Si bien el fallo no se hará efectivo porque el genocida tiene otras causas por delitos de lesa humanidad que lo obligan a estar tras las rejas, desde los organismos de derechos humanos advirtieron que, con una justicia tan “permeable” al macrismo, “sólo es cuestión de tiempo”.
En un fallo dividido, la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Liliana Elena Catucci y Eduardo Riggi, resolvió que el represor Miguel Etchecolatz se vaya a su casa.
Sin embargo, la decisión no podrá hacerse efectiva ya que el ex director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, condenado en varias oportunidades por delitos de lesa humanidad, tiene otras causas pendientes en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, quien le había negado el beneficio.
Si bien Etchecolatz deberá continuara en la cárcel de Ezeiza, los organismos de derechos humanos volvieron a expresar hoy su preocupación al considerar que “el Poder Judicial es muy permeable al cambio político” y, tarde o temprano, el genocida podría lograr la prisión domiciliaria.
“Vamos en camino a la domiciliaria de todos los represores después del fallo de la Corte Suprema de hace dos semanas, con el aval que le dieron a las Cámaras de Casación. Sólo es cuestión de tiempo. No va a ser masiva de una sola vez, sino que va a ser por goteo”, advirtió la abogada Guadalupe Godoy, querellante en causas de derechos humanos.
Godoy se refirió así al fallo del máximo tribunal que benefició al represor Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, peligroso precedente calificado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, como “una buena señal de madurez cívica”.
Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, también consideró que la resolución de la Sala I de Casación es “un reflejo evidente” de la decisión de la Corte, que coincide con la prisión domiciliaria otorgada también al represor Jaime Smart.
“Ya hay una flexibilización absoluta de la prisión domiciliaria, aun siendo casos emblemáticos como el de Etchecolatz”, agregó Lovelli.
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, más de cincuenta represores de la última dictadura cívico-militar obtuvieron este beneficio con aval del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.
Incluso, cuando el año pasado surgió la posibilidad de que Etchecolatz se fuera a su casa, el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió en defensa del genocida: “entendemos que tiene criterio que una persona mayor esté detenida en su casa, son convenciones internacionales”, dijo muy suelto de cuerpo.
