Jorge Videla fue recibido por James Carter en la Casa Blanca en septiembre de 1977. En la agenda: la no proliferación nuclear y los derechos humanos. Los últimos documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos reflejan cómo la administración demócrata encabezada por James Carter criticaba pero negociaba. De la lectura de estos papers surge “una constante búsqueda de equilibrio entre la presión y la negociación”. Estados Unidos desclasificó documentos sobre la dictadura. Donald Trump le entregó a Mauricio Macri documentos referidos a las violaciones de los derechos humanos en Argentina.
La mayoría de los documentos desclasificados son memos de reuniones al más alto nivel -incluyendo la bilateral entre Jorge Rafael Videla y James Carter en la Casa Blanca en 1977– que permiten seguir la difícil evolución de las relaciones diplomáticas entre una administración demócrata que había hecho de la defensa de los derechos humanos uno de sus principales estandartes y una Junta Militar empeñada en una guerra contra la «subversión», una categoría difusa que iba mucho más allá de los integrantes de las organizaciones armadas, como lo demostraban algunos casos mencionados en casi todos estos informes: Timerman, Alfredo Bravo y, muy especialmente, las dos religiosas francesas y el grupo de madres secuestradas junto con ellas a fines de 1977; caso este último que marca un verdadero punto de inflexión en la relación.
Permanentemente se nota el deseo -por momentos el voluntarismo- de la administración Carter de ver una mejora en la situación de los derechos humanos, y permanentemente también esa expectativa se ve frustrada por nuevos y más brutales crímenes perpetrados por los militares, que fuerzan a un nuevo retroceso en la relación.
Otra constante es la dificultad para obtener del gobierno argentino precisiones sobre la cantidad de desaparecidos y presos.
Del mismo modo, aparece una y otra vez el interrogante sobre cuál es la mejor estrategia frente a la dictadura por la preocupación de que un endurecimiento de las sanciones llevase a un aislamiento de la Argentina o, peor aún, un mayor acercamiento al bloque soviético (lo que se verificó especialmente a partir de 1980).
En esos años, el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos mantenían un embargo sobre la venta de armas, habían suspendido el entrenamiento y operaciones militares conjuntas y vetaban el otorgamiento de préstamos a la Argentina en las instituciones financieras internacionales.
En algunos de estos documentos, Argentina es definida como el país que tiene el récord mundial en materia de violación a los derechos humanos.
En este artículo se analizan sólo una parte de los archivos desclasificados que, por su volumen, abarcan varios años y diferentes aspectos de los vínculos diplomáticos, y serán material de futuras notas.
La reunión cumbre entre Videla y Carter tuvo lugar el 9 de septiembre de 1977, en la Casa Blanca, y estuvieron presentes, por el lado argentino, el canciller Oscar Montes y el embajador Jorge Aja Espil, entre otros, mientras que al mandatario estadounidense lo acompañaron el vicepresidente Walter Mondale, el secretario de Estado Cyrus Vance y el consejero de Seguridad Zbigniew Brzezinski. Videla había viajado a Estados Unidos para asistir a la firma del Tratado de Panamá.
Carter, dijo, esperaba que, así como Argentina era líder en tecnología nuclear, lo fuese también en la creación de una zona de paz en la región. Recordó que en ese momento sólo Cuba y Argentina no habían firmado el Tratado de Tlatelolco (1967) mientras que Brasil y Chile condicionaban la ratificación a la firma de nuestro país.
Videla dijo que era sólo cuestión de encontrar el momento oportuno, alegando que hacía poco que el país había entrado en un proceso de «normalización».
Tras asegurar que reconocía los logros de la Junta en la lucha contra el terrorismo y el saneamiento de la economía, James Carter dijo que esperaba que el alivio que eso le traía al gobierno en materia de seguridad le diera margen para aliviar a su vez las preocupaciones que despertaba la situación de los derechos humanos.
Evocó con nombre y apellido los casos de Jacobo Timerman (Videla respondió que estaba sometido a «debido proceso» y que su arresto se debía a sus vínculos con «elementos subversivos» y no al antisemitismo)- y de los Deutsch (una familia entera detenida en Córdoba y que posteriormente sería liberada).
Carter también le dijo que le iba a hacer llegar una lista -elaborada por un organismo de derechos humanos cuyo nombre no aparece en el briefing- de 3000 personas arrestadas cuyo paradero era desconocido (no usó la palabra desaparecidos, que luego se generalizaría tanto). Hasta concedió que «estas denuncias podían ser falsas o exageradas» pero dijo sentir que «en la privacidad de esa reunión podía expresar (sus) preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina».
«En suma -se lee en el memo-, dijo que personalmente admiraba y aprobaba lo que el presidente Videla había logrado hacer por su país y (le) preguntó qué podía hacer para aliviar las preocupaciones en Estados Unidos que, realmente, podían haber sido exageradas», por los derechos humanos.
El general Videla se explayó sobre la lucha antiterrorista. Dijo que todas las guerras tenían «consecuencias indeseables y que el presidente Carter, como militar debía saberlo».
La guerra dijo Videla, ganada en el plano militar, seguía en el plano político, tanto dentro como fuera de Argentina. El terrorismo quería aislar al país con denuncias falsas, dijo. Reconoció «incidentes», pero agregó que no podía aceptar la imagen de «una Argentina brutal e incivilizada» ni «los intentos de aislar a su país».
Carter le preguntó por qué las detenciones y sus motivos no eran publicitados. Videla alegó que por razones de seguridad no se daba información al inicio del arresto de un «subversivo» pero mintió abiertamente al asegurar que luego los detenidos eran derivados a la justicia militar, a la civil o bien liberados.
Carter le dijo entonces que quería ayudar a restaurar la imagen argentina en el exterior y le preguntó si la OEA o la ONU podrían visitar Argentina -no para investigar, aclaró diplomáticamente- sino para confirmar los avances.
La infamia de Videla cuando admitió que había desapariciones en Argentina por cuatro razones: primero, cuando una persona se unía a la «clandestinidad subversiva»; segundo, cuando un terrorista era «muerto por sus asociados por sospecha de traición; tercero, terroristas caídos en combate; y cuarto, gente que era muerta por excesos cometidos por las fuerzas de represión. Admitió que el cuarto caso estaba bajo su control y era su responsabilidad eliminarlo. Dijo que no le preocupaba que hubiera visitas o listas o cualquier otra visita futura de buena voluntad que pudiera testimoniar sobre los hechos en Argentina..
El presidente Videla lamentó -y esto suena a sarcasmo– que hubiera sido necesario dedicar el corto tiempo disponible a la discusión de los dos temas evocados. Entonces, considerando que había una cantidad de importantes asuntos bilaterales pendientes que debían ser cubiertos, deseaba invitar al Secretario (Cyrus) Vance, a visitar Argentina luego de su viaje a Brasil para completar las consultas».
Carter se disculpó por tener que cortar la reunión pero «el presidente de Uruguay estaba a punto de llegar». Despidió entonces a Videla no sin antes regalarle un libro y fotos satelitales del mundo.
Días después, James Carter le envía una carta en la cual repasa los temas abordados, se dice feliz por la promesa argentina de firmar Tlatelolco y revela otro tema abordado en la reunión, al agradecer -y declinar- una invitación: «Quiero agradecer a usted y a la señora Videla por la muy amable invitación a asistir a la boda de su hijo y lamento no poder asistir… «.
Poco después, este acercamiento y las congratulaciones del equipo de Carter por una supuesta mejora en la situación en materia de derechos humanos fueron cruelmente burladas por el golpe que la dictadura le asestó al incipiente grupo de madres de Plaza de Mayo al secuestrar -y luego asesinar- a una decena de familiares junto a dos religiosas francesas.
En un memo del Departamento de Estado que da cuenta de una reunión en la que participan Terence Todman, John Bushnell y miembros de la CIA, concluye que no hay moderados en materia de derechos humanos en el régimen argentino. «Todos los líderes militares están de acuerdo en que deben usar métodos duros para controlar a los subversivos».
Cuando a comienzos de 1978, Estados Unidos toma la decisión de flexibilizar las sanciones, cambiando el veto a los préstamos por la abstención, irrumpe la noticia de la muerte de las religiosas francesas secuestradas en diciembre del año anterior. Es un verdadero shock.
«El Departamento (de Estado) -dice el telegrama enviado a la embajada con la firma del mismísimo Cyrus Vance- ha recibido con profunda preocupación los informes sobre el asesinato de las dos monjas y cinco otras mujeres secuestradas en diciembre. El Departamento cree que debemos actuar firmemente para que el gobierno argentino tome conciencia de nuestro repudio a tales actos. Argentina debe entender que mientras tengan lugar semejantes desapariciones nuestras relaciones estarían bajo gran tensión».
El cable ordena al embajador pedir una audiencia con Videla para expresarle «el shock de Estados Unidos por la muerte de estas siete mujeres». El embajador debe transmitir el deseo de su gobierno de que se juzgue a los responsables de este crimen.
En el cable recuerdan que habían flexibilizado su postura en los organismos internacionales de crédito, pero que no hubo contrapartida de Argentina. Para colmo, la Junta demora la ratificación de Tlatelolco y la liberación de Timerman.
El caso de las monjas puso en suspenso las intenciones de la administración Carter de levantar el embargo de venta de armas a la Argentina por el cual una serie de compras estaban frenadas.
En un memo interno del 12 de abril del 78 (de Stephen Oxman a su superior, el subsecretario de Estado Warren Christopher) se lee: «La respuesta de Videla, aunque empática, es como las respuestas que siempre da, y nada va a cambiar realmente. El tema central en nuestras relaciones con Argentina es si vamos a ver genuinas mejoras en derechos humanos y en esto creo que estamos en una encrucijada. La tendencia durante los últimos seis meses ha sido de modestas mejoras puntuada por grandes retrocesos como el asesinato de las monjas».
Los siguientes memos reflejan una dura negociación para obtener del gobierno de facto alguna mejora efectiva en materia de derechos humanos: el fin de los arrestos arbitrarios y las desapariciones, la liberación de presos o la opción de dejar el país y la aceptación de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (lo que recién se concretará a fines de 1979).
Si bien en muchas oportunidades algunos asesores y funcionarios sugieren flexibilizar la política de derechos humanos o al menos considerarlo -y hasta se nota la diferencia de matiz entre el Departamento de Estado, más inflexible, y el Consejo Nacional de Seguridad, más negociador– en todas las reuniones y a todo nivel estuvo presente el reclamo por las víctimas de la represión.
En agosto del ‘78, un memo del secretario de Defensa al secretario de Estado señala: «Si bien nuestra política de derechos humanos es muy importante, debemos también tener en cuenta que Argentina es una Nación clave para nuestra política de no proliferación» y que dejarla aislada podría llevarla a una política de mayor provocación en el tema del canal de Beagle o a «mejorar sus relaciones con el bloque soviético».
El mismo documento menciona el atentado contra el vicealmirante Armando Lambruschini en el que muere su hija Paula de 15 años. Este hecho es mencionado como un elemento que llevó a los militares a posponer todo plan de apertura. «Sirve para fortalecer los argumentos de los elementos de la minoritaria línea dura que considera que las reformas son prematuras».
Este último memo pone así el foco en dos aspectos dejados de lado con frecuencia en el análisis de aquella etapa. Por un lado, como lo demuestra el atentado contra Lambruschini, el modo en el que la estrategia de la cúpula guerrillera fue funcional a la represión y al exterminio.
Y, en segundo lugar, el curioso alineamiento geopolítico de la dictadura, que decía que su misión era mantener a la Argentina en el campo occidental, pero tuvo por aliados en esos años a todos los países de la órbita soviética, con Cuba como uno de sus más activos apoyos, lo que evitó o como mínimo alivió el aislamiento internacional de la Junta Militar, en especial en esos primeros años cuando el gobierno de James Carter la presionó muy fuertemente.
